El financiamiento equitativo de la educación, un tema pendiente

La urgencia por iniciar la reconstrucción producto de los daños que ocasionó el terremoto y tsunami, el pasado 27 de febrero, ha postergado la reflexión sobre las febles bases que tenían muchas de las estructuras que se derrumbaron ante la fuerza de la naturaleza. Esta aseveración también es válida para situaciones que no contemplan contenidos físicos, sino formas de relacionarse y hacer las cosas, como por ejemplo el financiamiento de la educación en Chile.

Los diagnósticos previos a la catástrofe indican que existe un  problema histórico que atenta contra la calidad de la educación de nuestro país. La enorme y creciente brecha  entre los establecimientos públicos  o municipales, los particular subvencionados y los colegios privados, no ha sido enfrentada oportunamente por los gobiernos recientes produciendo una sensación de statu quo respecto a los cambios que demanda el sistema educativo.

La reconstrucción debe ser entendida como el proceso oportuno para superar los actuales nudos críticos de la educación, considerando la multiplicidad de propuestas generadas por la sociedad civil como es el caso de la Semana de la Acción Mundial por la Educación organizada por las instituciones que componen el Foro Nacional de Educación de Calidad Para Todos.

En primer lugar debemos relevar la importancia de la educación pública gratuita y de calidad. Este objetivo no se basa exclusivamente en la concepción democrática que requiere, sino también en el convencimiento de que la mejor manera de obtener calidad es a través de la participación y el aporte de todos los integrantes del sistema educativo. En nuestro país, pese a que algunos expertos sostengan lo contrario, no existen segmentos estancos que puedan arrogarse una calidad que todos los indicadores internacionales muestran como inexistente.

En segundo lugar, es esencial la participación de todos los actores que directa e indirectamente se relacionan al sistema educativo (profesores, estudiantes, padres y apoderados, directivos, paradocentes o auxiliares de la educación, la comunidad organizada y las autoridades locales y del gobierno central). Esta participación es relevante al momento de generar las condiciones para que la valoración de los aportes de todos y todas se sumen sinérgicamente, aprovechando al máximo los recursos existentes. Este es el mejor camino para superar la segmentación socioeconómica de los alumnos que ingresan al sistema educativo.

En tercer lugar, el gobierno debe elevar la inversión pública en educación al 7% del PIB, destinando estos nuevos recursos a lograr la gratuidad efectiva para todos los estudiantes durante los 12 años de educación obligatoria. Esto posibilitaría erradicar el financiamiento compartido que se ha convertido, a través de los años, en un gran generador de inequidad. Elevar la inversión pública implica aumentar los recursos en aquellos sectores donde se educa en contextos más difíciles, además de potenciar el rol de los docentes, por medio de programas que aumenten el tiempo para preparar las clases, con menos estudiantes en el aula y con mejores condiciones de desarrollo profesional. De igual manera, permitiría financiar programas para prevenir el abandono escolar y la repitencia.

Ciertamente, este esfuerzo de reconstrucción es tarea de toda la sociedad pero es plausible demandar del Estado una opción preferencial por los establecimientos ubicados en sectores rurales y en las comunas más pobres, dando así una efectiva señal de cambio.

Por Francis Valverde Mosquera

Secretaria ejecutiva del Foro Nacional ECPT