En la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, estudiantes, organizaciones, líderes indígenas y campesinos debatieron sobre el rol de la Justicia en el marco de los conflictos por el territorio. Representantes de pueblos originarios denunciaron discriminación y pidieron más presencia en los ámbitos judiciales.
Durante dos días, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, estudiantes, organizaciones, líderes indígenas y campesinos debatieron sobre el rol de la Justicia en el marco de los conflictos por el territorio en nuestro país. Nociones como racismo, invisibilización, derecho a la consulta previa, preexistencia y usurpación resonaron en el seminario “Territorio y Derechos Humanos”.
La jornada estuvo organizada por la Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro de Derechos Humanos. Francisco Pérez es salteño y pertenece a la etnia wichí. Habla pausado y hasta hace chistes sobre cuánto tiempo durará su exposición. Espera paciente su turno en una mesa con siete compañeros dirigentes indígenas y representantes de organizaciones, donde disertará sobre un conflicto que lleva años y que llegó, incluso, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Esto no termina, estamos cerca de recuperar 400 mil hectáreas que van a ser de libre ganadería”, dice Francisco, coordinador de la asociación de comunidades indígenas Lhaka Honhat, que significa “nuestra tierra”.
Su caso representa los obstáculos que el poder judicial pone para los reclamos indígenas: la Corte Suprema de Justicia de la Nación ni siquiera trató el tema porque “no es competencia originaria”. Las jornadas tuvieron la adhesión, entre otras organizaciones, de la agrupación Justicia Legítima que expresó su solidaridad con los pueblos indígenas y campesinos denunciando “su discriminación en el ámbito Judicial”.
“¿Quiénes son los que tienen acceso a la justicia?, ¿qué es lo que tenemos que hacer para tener esa ansiada justicia?”, se preguntó Cipriana Palomo, de la Federación Pilagá, que reúne a unas 20 comunidades. “Tenemos que salir a la ruta”, se contestó la mujer que con una mirada dura. “Yo como mujer pilagá veo a la justicia como mérito propio”, dijo.
La lucha por la Naturaleza
Cristóbal Núñez llegó desde Pampa del Indio, Chaco. Después de recordar los derechos consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales levantó la mano y pidió el micrófono: “Queremos una mayor participación”. Estaba ubicado justo en el centro del auditorio. Se paró, y dijo que “como pueblo prexistente, tenemos que cuidar nuestra tierra”.
Miguel Brassiolo, de la Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF), detalló que se trata de “la lucha por la existencia y las múltiples formas de ser en y con la naturaleza” y dijo que sólo en la región chaqueña se detectaron unos 300 conflictos donde el rol del Poder Judicial es “ser uno de los principales obstáculos” para resolverlos. Robert Gross, de Miserior –una agencia internacional que financia unos 25 proyectos en el país- sostuvo que “a mí no me gusta estar aquí, no deberíamos estar hablando de falta de acceso a la justicia en Argentina” aunque recordó que en la región hay casos similares como el de la “masacre de Curugayty” en Paraguay donde hay “11 campesinos que no tienen garantías de un juicio justo” y hay “una plena ausencia de derechos”.
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