El avance de la pacificación, el peligro de caer en la impunidad, la responsabilidad del Ejército y del Estado y el desenvolvimiento político de los guerrilleros son solo algunos de los interrogantes que sobrevuelan la actualidad colombiana, por lo que el portal local El País intentó buscar algunas respuestas.
¿Quiénes serán los encargados de juzgar a los miembros de las FARC?
Según el convenio presentado por el presidente Juan Manuel Santos y el líder de las Fuerzas Revolucionarias, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timoleón Jiménez o ‘Timochenko’, los encargados de avanzar con los juicios serán «magistrados colombianos» y pocos «extranjeros que cumplan los más altos requisitos», quienes integrarán una jurisdicción especial compuesta por «salas de Justicia» y un «Tribunal por la Paz». Sin embargo, el convenio no detalla cuáles serán los mecanismos a través de los que se elegirá a sus miembros: ¿Lo hará el Gobierno o las propias FARC podrán elegir a quienes los juzgarán? Por ahora, es una incógnita.
¿El acuerdo puede generar impunidad?
En principio, no. Según señaló El País, solo habrá indulto por delitos políticos o conexos, mientras que quienes estén vinculados con crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, entre otros, encontrarán su destino en la cárcel.
En ese sentido, se establece que «quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de cinco años y un máximo de ocho de restricción efectiva de la libertad», por lo que establecer el tipo de delito cometido y su consiguiente castigo puede ser una decisión más que controvertida. «Alternatividad penal no significa cárcel, así que fácilmente se pueden inventar unas canchas vacacionales con toda clase de lujos (…) de manera que no será un castigo, sino un premio y, en realidad, una burla», advirtió el jurista, analista y docente de la Universidad del Rosario Vicente Torrijos.
¿Sirve la reconciliación?
Las experiencias recientes demuestran que los tiempos que siguen a los acuerdos de paz son complejos y pueden incluir «altas cargas de impunidad» y un «incremento de la criminalidad», declaró la experta en antropología Myriam Jimeno. «La sociedad tiene que trabajar en sentimientos colectivos de reconciliación. Los victimarios deben encarar a sus víctimas y estas, a su vez, deben estar dispuestas a perdonar, todo teniendo en cuenta que lo que se busca es una reconciliación social», concluyó.
¿Cómo serán juzgados los delitos cometidos por militares y por el Estado?
También serán sometidos a la justicia transicional. Este punto es, de acuerdo con El País, uno de los que más controversia genera tanto dentro del Estado, que deberá asumir la responsabilidad por los excesos, como de las Fuerzas Militares, que están polarizadas en torno al proceso de paz.
¿Las FARC realmente dejarán la acción armada y se convertirán en un movimiento político legal?
Entre los especialistas hay desacuerdo sobre la acción política que desarrollará el grupo revolucionario una vez que dejen las armas. Por un lado, el analista Ancísar Marroquín destacó que «los guerrilleros están dispuestos a dejar las balas por discursos en el Congreso»; en respuesta, el académico Vicente Torrijos advirtió que las FARC «no asumieron ningún compromiso en términos de renunciar a la violencia como método político», por lo que «el acuerdo quedó muy cerca de la impunidad y, así las cosas, la que pierde es la democracia».
Estas mismas dudas son las que tiene el pueblo colombiano, que será uno de los encargados de refrendar mediante su voto el acuerdo, que también deberá pasar el filtro del Congreso.