Responsabilizan a paramilitares por muerte de defensores de DDHH en México

Hace dos días, una emboscada y un ataque en la región de La Sabana, en México, sorprendió a una caravana humanitaria constituida por observadores de derechos humanos, líderes comunitarios y comunicadores que se dirigían al municipio autónomo de San Juan Copala, en Oaxaca, para llevar suministros.

El atentado costó la vida de Bety Cariño (en la foto), integrante del Equipo Nacional de Coordinación de la Red Mexicana de Damnificados por la Minería (Rema) y directora del Colectivo (Cactus), y del observador finlandés, Tyri Antero Jaakola.

Organizaciones sociales de dentro y fuera de México están repudiando la acción, que tiene como probables autores a los miembro de la organización paramilitar denominada Unión de Bienestar Social de la Región de Triqui (Ubisort) y del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (Mult) encubiertos y favorecidos por grandes propietarios de tierras.

Por la connivencia y falta de acción para resolver los problemas y las dificultades enfrentadas por las comunidades indígenas de la región, también están siendo responsabilizados por los actos criminales Evencio Nicolás Martínez, Procurador General de Justicia, Jorge Franco Vargas, Secretario de Gobierno del Estado, Carlos Martínez, candidato a diputado local por el PRI y el Gobernador del Estado, Ulises Ruiz.

Felipe Calderón, Presidente de México, tampoco es olvidado en la lista de los culpables por las muertes y criminalización de los movimientos sociales del país. Es lo que prueba el comunicado del Grito de los Excluidos/as Continental. «Y a este último gobierno espurio no podemos hacer otra cosa que recordarle lo obvio: su naturaleza delictiva y fascista, que no será nunca olvidada y que se despide con cada uno de los actos que ensangrientan más el camino de las luchas populares, haciendo que crezca la rebeldía por todos lados».

Desde Honduras, organizaciones sociales del país repudian el ataque contra la misión humanitaria y los observadores de derechos humanos. Incluso estando todavía en lucha en su país, fortalecen la lucha de las entidades mexicanas y piden que el gobierno y las organizaciones paramilitares sean responsabilizados por el acto. «Exigimos el castigo de los responsables de este abominable crimen y acusamos directamente al gobierno represivo de Ulises Ruiz por ser responsable directo por estos actos de lesa humanidad», exigen y denuncian en un pronunciamiento las organizaciones.

En un comunicado público, el Grito de los Excluidos/as Continental denuncia además el retorno de las torturas, asesinatos, amenazas, desapariciones y persecuciones, hechos constantes en México contra la población que persiste en movilizarse contra las fuerzas represivas que parten del gobierno mexicano.

«México está en guerra, no contra el narcotráfico ni contra la corrupción de los políticos ni el saqueo orgiástico de las transnacionales y de los grupos de poder: está en guerra contra el pueblo pobre, contra el pueblo organizado que lucha desde todos los lugares de esta tierra que fue cuna de la primera gran revolución campesina del mundo hace exactamente un siglo y que, desde entonces, no paró de luchar por su emancipación».

Para responsabilizar al gobierno por el ataque en la región de La Sabana, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos inició una campaña internacional de envío de una petición. En la página virtual de la red es posible llenar el documento con nombre y e-mail y enviarlo a todos los que están siendo señalados como actores conniventes y encubridores del atentado.

Por Natasha Pitts

Traducción: Daniel Barrantes

Fuente: Adital