Derechos sexuales y reproductivos: Un derecho humano de las mujeres

Distintas organizaciones de mujeres, feministas y de derechos humanos enviaron una declaración pública para llamar a reconocer los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en el documento expresaron que: En 1990 se decidió declarar el 28 de septiembre como el Día por la Despenalización del Aborto, a fin de mitigar el impacto que tiene […]

Ciudadano

28/09/2015 3:34pm

En 1990 se decidió declarar el 28 de septiembre como el Día por la Despenalización del Aborto, a fin de mitigar el impacto que tiene su práctica insegura y clandestina en la vida de las mujeres. Desde entonces, diversas organizaciones de mujeres, feministas y de derechos humanos se han sumado a la campaña de presión para demandar la despenalización del aborto en América Latina y El Caribe.

En esta fecha, las mujeres se movilizan en defensa de su derecho a decidir, su ciudadanía plena y su dignidad inherente de sujetas morales capaces de autodeterminar su propio plan de vida, libres de coerción estatal y de la amenaza de persecución criminal. Asimismo se interpela a los gobiernos latinoamericanos por las más de seis mil mujeres que cada año mueren por complicaciones de aborto y por los 55 mil abortos inseguros que se realizan diariamente en países que penalizan su realización. Se trata de muertes evitables si se cuenta con leyes que protejan los derechos de las mujeres.

Las organizaciones de derechos humanos, de mujeres y feministas hacen presente que los países que reconocen a las mujeres como sujetas de derechos y ciudadanas plenas, buscan disminuir la mortalidad y morbilidad a causa de abortos inseguros y reducir su tasa.Chile debe fortalecer su democracia cautelando los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres mediante leyes y políticas públicas integrales y laicas.

La criminalización del aborto es una de las más graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Así lo afirman los organismos internacionales de Naciones Unidas encargados de vigilar a los Estados en el cumplimiento de las obligaciones que asumen al suscribir y ratificar los tratados internacionales, que desde hace décadas recomiendan periódica y sistemáticamente revisar la legislación punitiva, establecer excepciones a la criminalización total y garantizar la confidencialidad de la atención médica, en el marco de políticas amplias que garanticen el acceso a la información, educación sexual y servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo acceso a métodos anticonceptivos y políticas de prevención de la violencia contra las mujeres.

La violencia sexual es una de las manifestaciones más graves del continuo de la violencia contra las mujeres en el espacio público y privado. Constituye un atentado a los derechos humanos y los Estados tienen la obligación de prevenirla, proteger a las víctimas y reparar sus graves consecuencias. Si debido a la violencia sexual una mujer o niña resulta embarazada, el Estado no puede imponer la continuidad forzada del embarazo. La despenalización del aborto requiere que mujeres y niñas accedan a los servicios de salud como un derecho.

Debatir y legislar sobre aborto para proteger los derechos de las mujeres constituye un imperativo democrático ineludible. Resguardar al menos las tres causales propuestas por el Gobierno y garantizar a mujeres y niñas la atención medica e interdisciplinaria que el proyecto contempla, es el mínimo ético que el Congreso Nacional debe reconocer y aprobar.

Finalmente, recordamos que hace 15 años “duerme” en el Congreso Nacional el proyecto de Ley Marco sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, iniciativa que establece las bases normativas generales para la protección de la salud sexual y reproductiva, así como el reconocimiento, garantía, protección y promoción del ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de la población, en concordancia con lo dispuesto en la Constitución Política y los tratados de derechos humanos vigentes en el país.

El proyecto refuerza el derecho de las personas a una vida digna y libertad para tomar decisiones en aspectos sustantivos a su vida privada, protegidas de cualquier clase de violencia o discriminación y resguardadas de intromisión de terceros en su vida sexual, afectiva y familiar.

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