Por una salud mental centrada en la persona y sus derechos

Conversatorio-Presentación «Manual de derechos en Salud mental» en Corporación Bresky Viña del mar, Agosto, 2015.

¿Qué opinan de una ley de salud mental?

Rodrigo: “A mí no me parece, desde el principio, que se intente reproducir la misma lógica que se ha hecho siempre. Una ley es una política pública que tiene beneficiarios, sin embargo se producen desde las cúpulas partidistas, desde los comités de expertos, desde los tecnócratas, que sabemos que sirven a intereses particulares de los poderes económicos. Entonces hacer una ley sin la participación efectiva de las personas que viven esta realidad, ya por principio, me parece que no tiene que ser.

Yo pienso que lo primero que hay que hacer es construir espacios de auto-educación, junto a las personas, sobre derechos humanos, ese es el objetivo del Manual, conocer el marco legal internacional, la Convención de las Naciones Unidas sobre discapacidad, conocer la legislación vigente, que conozcan sus derechos como usuarios de los servicios de salud mental, se reconozca su valor como expertos por experiencia y luego, desde las propias personas, ver si es necesario la elaboración de una política específica para eso. Una ley de salud mental, tiene que ver con psiquiatría, con medicamentos, con prestaciones, no tiene que ver con inclusión social y participación social, y a la larga no tiene que ver con salud, porque estamos hablando de enfermedad, ‘contener síntomas’, ‘buscar la estabilidad’, pero ¿cuántas personas se ‘sanan’ en el sistema de salud mental? Ninguna. La salud mental tiene que ver con una construcción social, una cultura de respeto, de colaboración, de encuentro. Cuando se habla de promoción y prevención, en salud mental deberíamos hacer eso, enseñar más a respetarnos, a colaborar, a no competir, pero eso significa ir en contra del modelo que está instalado: el modelo neoliberal tiene que ver con la competitividad, individualismo, con el exitismo, con la inmediatez y eso es fabricar ‘enfermedad mental’ de forma masiva, producir locura a gran escala. Adherir al sistema económico de hoy día, consumir, comprar, endeudarse, eso es lo que ‘enferma’ a la gente y hay que trabajar para el otro lado. Si algo queremos hacer, tenemos que prevenir haciendo eso, cultura de valores, de respeto, de colaboración.

Esa es una inversión en salud mental, no otra cosa.

Todas las personas que yo conozco que han sido diagnosticadas y viven con una condición, tienen ‘crisis’ en sus sistemas de vida, por la competencia, por la violencia del sistema: ante todo esto, la reacción de la persona es desajustarse, pero eso no es una enfermedad, eso más bien un proceso curativo de búsqueda de bienestar en un contexto opresivo, entonces hay que tratar de apoyarlo y no restringirlo tratando de ‘remitir síntomas’, ‘conteniendo farmacológicamente’, etc. Eso es violencia institucionalizada hacia las diferentes maneras de pensar y sentir”.

¿Estarías de acuerdo con la construcción de una ley de salud mental a partir de la ciudadanía?

Rodrigo: “No. Yo estoy de acuerdo en una cultura y una conciencia de derechos desde las personas. Que las propias personas, una vez que estén cultivadas y preparadas, que sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos humanos, entonces tomen la decisión de decir ‘necesitamos una ley específica en salud mental o no necesitamos’ y lo que necesitamos es modificar el código civil, derogar la ley 18.600 que tiene que ver con ‘deficientes’ mentales que se hizo en Dictadura, etc. Ni siquiera hablar de la posibilidad de una ley en salud mental, no, hablemos de derechos humanos. Construyamos una cultura de derechos y con esos antecedentes y formación que las personas se expresen”.

Sería un proceso mucho más largo…

Rodrigo: “Sí, claro, pero los locos tenemos paciencia. Si hemos estado todos estos años vulnerados, tenemos paciencia. Las políticas públicas se hacen en base a un diagnóstico, normalmente este, cuando la política pública se llega a implementar, el diagnóstico ya ha cambiado. Entonces hacer una ley, cualquiera que sea, va a estar desfasada. Primero conozcamos la sociedad desde abajo, empoderémosla, auto-eduquémonos y luego vemos un diagnóstico y decidamos en conjunto si queremos una ley de salud mental. Quizá habría que derogar más que plantear leyes”.

Juan Carlos: “En cuanto a lo que plantea Rodrigo, yo considero que es necesario ampliar lo más posible la participación de la comunidad en la determinación de la institucionalidad que se quiere, que ésta responda a su mandato y sea coherente con sus necesidades para promover su bienestar. Hoy nos damos cuenta que el Estado reprime, excluye, margina, niega la participación, vulnera los derechos humanos de las personas en su atención de salud mental, entonces una ley de salud mental no va a cambiar la lógica del Estado, una ley, por sí misma, no cambia nada, solamente la comunidad organizada puede cambiar las cosas. Sólo se pueden respetar los derechos humanos y sociales construyendo un modelo de salud mental desde las grandes mayorías, que dé cuenta de un modelo de bienestar colectivo desde las propias personas y que se exprese en una nueva institucionalidad, un nuevo Estado y una nueva sociedad. Es un camino más largo, es una larga marcha donde los profesionales podemos estar involucrados, pero los que tienen que liderar ese proceso tienen que ser las personas expertas por experiencia, la comunidad de usuarios y ex usuarios de salud mental, ellos deben tener la última palabra”.

Rodrigo: “Los locos al poder.

¿Qué tiene que ver una ley de salud mental con los derechos de las personas? No se necesita una ley de salud mental para que se le respeten los derechos a las personas, se necesitan nuevas relaciones sociales y mejores condiciones de vida. Además habría que ver qué es lo que va a tener esa ley, cuáles son las sanciones. A mí me cuesta creer que una ley hecha por los mismos violadores de los derechos humanos sean los que construyan una ley para amparar el cumplimiento de estos.

Los derechos de estas personas se violan en los dispositivos de salud mental, eso es lo que da cuenta el informe que elaboró el Observatorio de Derechos Humanos de las personas con Discapacidad mental. El único derecho que está garantizado cien por ciento es el acceso a los fármacos y, sabemos, que eso tiene que ver con intereses de terceros: gremio médico, farmacéuticas y lucro. Todas los demás son violados sistemáticamente, ¿Dónde? En los dispositivos de salud mental, ¿Quiénes están en los dispositivos de salud mental? Los profesionales de la salud mental ¿Quiénes los dirigen? Los psiquiatras. Entonces, si estas mismas personas van a ser las que construyan una ley de salud mental ¿Qué garantía tenemos de que se van a respetar los derechos? Ninguna. Entonces una ley de salud mental ¿Para qué? Para asegurar recursos para más dispositivos, para más medicamentos, para más camas psiquiátricas. Eso no tiene que ver con una cultura de derechos, que va mucho más allá del paradigma biomédico. Entonces, eso retrocede a lo que quiere instalar la Convención de las Naciones Unidas, retrocede a la visión normalizadora, rehabilitadora, asistencialista, no tiene que ver con la cultura de derechos. Una ley de salud mental, sería retroceder al paradigma biomédico”.

Presentación «Manual de Derechos en Salud mental» en Encuentro Nacional de Personas en Situación de Discapacidad mental en Santiago, Mayo, 2015.

Juan Carlos: “Yo creo, que la discusión sobre la ley de salud mental hay que situarla en el panorama político y cultural de nuestro país. Como menciona Rodrigo, lo que se plantea desde una ley de salud mental no tiene que ver, principalmente, con derechos, sino con asegurar una lógica de financiamiento. El respeto a los derechos es la expresión ideológica de la intención real que encubre, construir una política de Estado que no dependa de los gobiernos de turno. La coalición de gobierno apuesta por una ley de salud mental al constatar que cuando estuvo la derecha en el poder, el gasto público en salud mental disminuyó considerablemente, hay cifras y datos que lo demuestran claramente. Y los psiquiatras progresistas, vinculados a los partidos de la Nueva Mayoría, por supuesto, se preocuparon y empezaron a instalar la necesidad de una ley de salud mental para paliar esta situación. Sin embargo, me parece que no están dispuestos a cuestionar el marco del Estado neoliberal en que se inscribiría esta ley y tampoco problematizar lo ilegitimo que sería construir esta ley a espaldas de la ciudadanía.

Garantizar derechos me parece bien, sin embargo, el marco institucional que tenemos lo impide. No contamos con un Estado verdaderamente democrático ni una democracia verdaderamente participativa. Por lo tanto, me preocupa que una ley de salud mental sólo permita asegurar mayor financiamiento para seguir haciendo lo mismo o peor, medicalizar aún más el malestar social de la ciudadanía, en base a la construcción de más dispositivos, la ampliación de la cobertura de atención, la entrega de más psicofármacos y el efecto de esa medicalización, bajo el prisma de la salud mental en un contexto neoliberal, sea despolitizar los problemas sociales, los conflictos políticos que están denunciando actualmente los movimientos sociales. Al respecto, un antecedente que sustenta mi desconfianza. El programa PRAIS se convirtió en ley y aseguró financiamiento de atención de salud mental para las personas que vivieron la violencia política y el terrorismo de Estado. De esta manera, el Estado encubrió con recursos públicos un conflicto social, convirtió un problema político en un tema sanitario, psiquiatrizando y psicologizando la violación de los derechos humanos en Dictadura. En este sentido, me preocupa que una ley de salud mental pueda orientarse a contener ciertas contradicciones que el sistema no es capaz de solucionar por otra vía. Es necesario generar un debate abierto y participativo sobre salud mental junto a la comunidad, abrir una discusión política donde la ciudadanía pueda tomar la palabra y alzar la voz en relación a su bienestar colectivo, pero el gobierno sigue empecinado en definir unilateralmente qué es lo mejor para las personas, ya lo vimos en el caso de los profesores”.

Rodrigo: “Y la respuesta es, más institucionalidad. No hay recursos para fomentar la organización de las personas, que se generen instancias de participación, pero la solución es la creación de subsecretaría de la discapacidad: más cargos políticos. Lo que se está presentando es un malestar social y la respuesta es: más institucionalidad. No hay un interés real más que el financiamiento, cargos políticos, más dispositivos, etc.”.

Juan Carlos: “Y mientras no se construya de manera participativa una cultura de derechos, que permee la sociedad entera, no tiene sentido que se otorguen más recursos o se cree más institucionalidad. Eso no cambiará nada, de hecho, empeorará todo. Tiene que ver con la manera en la que se hacen las cosas”.

¿Y cómo creen podría cambiar?

Juan Carlos: “Creo que hay que construir más espacios de participación horizontal entre expertos por formación y expertos por experiencia, que permitan reconocerse más allá de los roles definidos estandarizados (profesional-paciente), y eso sólo se puede hacer con autonomía de la institucionalidad. En otro nivel, creo que estos espacios de participación pueden aportar a la politización de la sociedad denunciando el malestar que tenemos por igual la comunidad de profesionales y la comunidad de usuarios, en ese camino, es posible abordar de manera colectiva nuestros problemas compartidos y ampliar las demandas de los movimientos sociales por la construcción de un nuevo Estado y una nueva sociedad, que responda a las necesidades e intereses de las grandes mayorías”.

Rodrigo: “Yo creo que hay que reconstruir el tejido social. En este colectivo [comunidad de usuarios y ex – usuarios] en particular, buscar y reconocer a las personas que están en esta situación, a las organizaciones, que son pocas, reunirlas, conversar y levantar una propuesta. Yo creo en la participación desde de las bases. Y creo que el cambio tendría que ser esto: empoderar a estas personas. En este caso en particular, donde las personas han sido maltratadas, vulneradas, la participación social es casi nula. La Dictadura psiquiátrica ha hecho muy bien su trabajo. Hay mucha infantilización, segregación, estigma, los esconden y es todavía más difícil articular los grupos. Primero hay que partir por ahí, desde ese grupo. Entonces, si estamos hablando de un cambio político, constitucional, se tiene que crear desde ahí, no desde arriba”.

Juan Carlos: “Las personas sufren, tienen crisis y acuden a los servicios de salud mental siempre por motivos psicosociales. El quiebre de las relaciones sociales y las condiciones de vida provocadas por una enorme desigualdad, bajos salarios y alto endeudamiento, son el motivo principal de nuestro malestar, y estas situaciones están mediadas por el sistema neoliberal. Si ese modelo, que es la causa principal de los problemas de salud mental, no es transformado de raíz, y sólo se establecen medidas parches como una ley de salud mental o cualquier otra propuesta o iniciativa construida desde el gobierno a espaldas de la ciudadanía, sólo va a favorecer mayormente los intereses y privilegios de los actores institucionales: los gremios profesionales y las corporaciones farmacéuticas. Por el contrario, resistir y luchar contra el modelo neoliberal, construir bienestar colectivo a través del empoderamiento comunitario, promover mayor participación en la toma de decisiones, por la construcción de un nuevo Estado que garantice derechos sociales para todos, es promover la salud mental. Más democracia, esa es la alternativa”.

El Ciudadano

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