Este es el noveno año consecutivo en el que las coordinadoras y los coordinadores de esta asociación se reúnen para debatir el presente de la comunidad, viendo tanto lo conseguido como lo que aún falta, cómo conseguirlo y cómo consensuar, más allá de las diferencias, un documento temático que funciona como guía de trabajo para los meses que siguen hasta el próximo encuentro.
“La respuesta al real acceso a todos nuestros derechos debe darse desde el estado nacional, provincial y municipal, generando políticas públicas y garantizando la aplicación eficaz de las mismas”, expresan los niembros de ATTTA.
El documento fue firmado por las y los representantes de Chubut, Salta, Formosa, Neuquén, Córdoba, San Luis, Santa Fe, Catamarca, Santiago del Estero, San Juan, La Plata, Rio Negro, Lomas de Zamora, San Martín y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El escrito, a su vez, fue avalado por la Red Latinoamericana y del Caribe de personas trans (REDLACTRANS) y será remitido al gobierno nacional, gobiernos provinciales y municipales para empezar a coordinar una agenda en común y seguir con la reivindicación de sus derechos.
A continuación, los diez puntos que trata el Manifiesto Trans, al que tuvo acceso el sitio Infojus Noticias:
- “Para evitar todo acto de violencia institucional e invisibilización de nuestra población, requerimos formar parte activa de los lugares de toma de dediciones en los diferentes organismos públicos, garantizando una verdadera política de inclusión”, ya que consideran que no es un política pública si las personas trans no están incluidas en las mismas.
- “Dada nuestra lamentable expectativa de vida de 35 y 40 años requerimos una reparación histórica para las personas trans sobrevivientes de la grave violencia institucional” y en esto se refieren a lo vivido tanto en la dictadura militar como en democracia.
- Compromiso del Estado en políticas de inclusión laboral para personas trans en todos los ámbitos, “haciendo partícipe a nuestra organización en la planificación y ejecución de las mismas para garantizar así la inserción real e igualdad de oportunidades, teniendo en cuenta que somos la única red nacional de mujeres y hombres trans con 22 años de trayectoria”.
- Se reclama a la justicia que se investiguen y resuelvan los casos de crímenes de odio con saña que sufre la población trans y que se respete la Ley de Femicidio N°26.791 que también contempla a las mujeres trans: “No queremos seguir siendo el blanco fácil y que se nos violente y asesine, basta de impunidad”.
- Reforzar las políticas inclusivas en el sistema educativo público y privado, “históricamente negado para nuestra población”, y que para eso como se fomente la “creación de cátedras obligatorias de identidad de género en las universidades y nivel terciario del país, además el cumplimiento de la ley nacional de educación sexual integral, N° 26.150 en todos los niveles educativos”.
- En el contexto del decreto reglamentario 903 / 2015 art. 11 – ley 26.743 que promueve la salud integral y acceso a tratamientos y/o cirugía para la población trans, “demandamos la implementación real del mismo en todos los agentes involucrados (públicos y privados), y proponemos la formación a profesionales de la salud en cada región geográfica del país a fin de garantizar el acceso real a este derecho”.
- Se pide la creación de espacios donde se trabaje la reducción de daños entre pares para mejorar la calidad de vida y garantizar el pleno desarrollo. Y también el acceso inmediato a la tierra y vivienda propia así como la creación de programas específicos para las personas trans.
- Cumplimento, respeto y no discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Ley de servicios de Comunicación Audiovisual N°26.522, “ya que las personas comunicadoras son formadoras de la opinión pública”.
- Dadas las problemáticas que la comunidad trans atraviesa “como consecuencia de una extrema exclusión y marginación se solicita la creación de un ministerio nacional de la diversidad sexual que incluya secretarías y direcciones dentro de las provincias y municipios”, y que los funcionarios y funcionarias sean personas trans con trabajo reconocido, “ya que somos quienes contamos con la experiencia, la información y la llegada a la población garantizando así la labor efectiva de los mismos”.
- Defender y viabilizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos de las personas trans privadas de su libertad y liberadas “proponiendo al sistema penitenciario federal y provincial políticas de inclusión laboral para las personas con salidas transitorias y modificar la situación de informalidad en el trabajo”. También se habla de regularizar el “trabajo sexual autónomo” no como fin sino como puente para combatir la trata (a diferencia de otros colectivos que consideran que la prostitución en ninguna de sus formas es un trabajo sino un sometimiento), así como la revisión de la ley que permite el juicio abreviado que da lugar a la reducción de pena a los y las proxenetas por este delito.