Cheyre, el vivo anclaje al pasado del Servel

El Servicio Electoral objetó al Movimiento Revolución Democrática (RD) su nombre en medio de los trámites legales para formalizarse como Partido Político. El problema fue la palabra «Revolución». «No serán aceptados como nombres, siglas, símbolos ni lemas los siguientes: (…) c) Imágenes contrarias a la moral, a las buenas costumbres o al orden público, y d) Banderas, uniformes, imágenes, palabras o locuciones, de origen nacional o extranjero, reconocidamente representativos de partidos, grupos, movimientos, objetivos, actos o conductas contrarios a la Constitución o a la ley», dice el Artículo 8° de la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos.

El Servel hizo referencia a la definición de «revolución» que hace la Real Academia Española y expuso: «La mayoría de sus acepciones indican o dan a entender eventuales acciones contrarias al orden público y a la paz social, lo que viene a vulnerar los artículos 4 y 19 de la Constitución y el artículo dos de la Ley de Partidos Políticos».

Una decisión «insólita, absurda e indignante» y una «interpretación del Servel de una ley francamente retrógrada», dijo el Coordinador Nacional de RD, Sebastián Depolo. «Esto viene de una legislación que fue dictada en dictadura», se justificó el presidente del consejo directivo del Servicio Electoral, Patricio Santa María.

Una acción que junto con desempolvar prácticas supuestamente obsoletas, vino a hacer reaparecer la figura de uno de los integrantes del Consejo Directivo de la entidad, Juan Emilio Cheyre, el otro anclaje al pasado del Servel. El más genuino nexo de esa entidad con los años negros en donde nombrar la «revolución» podía significar no volver a hacerlo más.

El Caso Lejderman

En agosto de 2013, Cheyre debió renunciar a la presidencia del Consejo Directivo del Servel tras revelarse el rol que cumplió en el caso de Ernesto Lejderman, quien siendo bebé fue entregado por este -entonces teniente del Regimiento Arica de La Serena- a un convento de monjas. Los padres del niño habían sido acribillados al interior del valle del Elqui por una patrulla militar.

«Hay una complicidad de parte de él. La realidad está ahí. Hay que analizar un poquito”, afirmó entonces Lejderman, recordando que «Cheyre era el ayudante principal del jefe del regimiento Arica, Ariosto Lapostol”.

El brazo derecho de Lapostol

Y así fue, tal como se puede conocer en “Los Zarpazos del Puma”, de Patricia Verdugo, donde se describe un brutal hecho ocurrido en La Serena una vez llegada la dictadura y del que sin duda Cheyre tuvo conocimiento.

En el Regimiento Arica funcionaba en 1973 la fiscalía militar y el consejo de guerra. Hasta allá fueron llevados el 16 de octubre de ese año 15 prisioneros, provenientes de la Cárcel de La Serena. “Como a las 16 horas, se escucharon fuertes y repetidas descargas de metralletas”, se relata en “Los Zarpazos del Puma”.

“A la redacción del El Día, diario local, llegó cerca de las siete de la tarde un llamado telefónico del teniente Emilio Cheyre Espinosa, ordenando la publicación de un bando en primera página de la edición del día siguiente”, continúa Verdugo. Cheyre, brazo derecho de Lapostol, traspasaba entonces la información  de la muerte de los 15 prisioneros, que al otro día se titularía así: EJECUTADAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL MILITAR. Quince personas fueron ajusticiadas por diversas causas que da a conocer el Tribunal castrense.

Además de acusar a muchos de ellos de mantener ocultas armas y explosivos, el comunicado oficial replicado por “El Día” agregaba –entre otras cosas- que “estos individuos formaban parte de una agrupación terrorista que (…) tenía planificado apoderarse del Cuartel de Carabineros de Salamanca, matar al personal y a los hijos de estos mayores de ocho años. Además de eliminar físicamente a un grupo de personas de la ciudad que alcanzaba un número de 30, cuya nómina no es del caso dar a conocer por razones obvias”.

Ante el impacto y dolor que causó en la población la ejecución masiva –principalmente porque entre los asesinados estaba Jorge Peña, hijo ilustre de La Serena, director de la Orquesta Filarmónica y creador de la Orquesta Filarmónica de Niños- Ariosto Lapostol debió salir a dar declaraciones en la prensa. Sin arrugarse, esto fue lo que dijo: “Se trató de un estudio sumamente serio para llegar a aquella determinación. El Consejo de Guerra actuó en base a hechos concretos”, aseguró el jefe del regimiento Arica.

Sin embargo, como explica Verdugo, Lapostol había violado el procedimiento regular para tiempos de guerra, obviando dejar la investigación y sentencia por escrito, además de enterrar los cadáveres el mismo día de la ejecución impidiendo que sus familiares lo hicieran. No obstante ello, la verdad de parte de este crimen colectivo quedaría muy pronto establecida y Cheyre nuevamente se enteraría de ello.

De acuerdo a lo relatado en “Los Zarpazos del Puma”, en el caso de cuatro ejecutados provenientes de Ovalle, recién el 20 de diciembre de 1973 -dos meses más tarde de su muerte- el consejo de guerra de La Serena emitía una sentencia de primera instancia en este proceso, estableciendo paradójicamente en uno de sus considerandos que se sobreseía a estas cuatro personas por “estar muertos”. En ese consejo de guerra, prueba de la realización de un crimen colectivo anterior, realizado bajo un procedimiento irregular y basado en acusaciones sin ningún sustento real, participó el integrante del Servel, Juan Emilio Cheyre Espinosa.

En julio pasado, el ex Comandante en Jefe fue careado en el Caso Caravana de la Muerte con Óscar Olivares y Cecilia Marchant, dos personas que lo acusan de haber participado en torturas durante la dictadura cívico-militar. «Hay una decena de testimonios de personas sobrevivientes que vieron a Juan Emilio Cheyre al interior del regimiento (Arica), decidiendo sobre el destino de los detenidos, que han sido víctimas de torturas y esto también es reafirmado por varios ex agentes que recalcan que Cheyre era el superior del área de inteligencia (…) El señor Cheyre tiene el riesgo de ser procesado por asociación ilícita y esperamos que en su momento haya un espacio para él en el penal de Punta Peuco», dijo entonces el abogado querellante, Cristián Cruz.

Por Daniel Labbé Yáñez