La Unión Demócrata Independiente, UDI, el principal socio en la actual coalición de gobierno, ha exigido a éste cambios en sus planes de aumentar los impuestos para financiar la reconstrucción y ha amenazado con rechazar la ley.
La portada del diario La Tercera del 30 de abril del 2010 encabeza con esta noticia, informando que el presidente del partido y dos senadores entregaron su ultimatum al ministro de Hacienda, Felipe Larraín, manifestándole que si se mantenía la idea de limitar el beneficio tributario por la compra de departamentos DFL2, el límite a los depósitos convenidos en las AFP y el alza de contribuciones a los bienes raíces de mayor avalúo fiscal, votarían en contra. Estos tres son precisamente algunos de los aspectos más escandalosamente injustos de la estructura tributaria actual.
Veamos uno por uno. El decreto con fuerza de ley número 2, o DFL2, fue dictado por el gobierno de Jorge Alessandri, a principios de los años 1960 y permite descontar de impuestos parte del costo de los departamentos de menos de 140 metros cuadrados, los que adicionalmente pagan menores contribuciones. Se suponía que la ley beneficiaría a la clase media, como efectivamente ha sido.
Sin embargo, al no tener límite superior, los más beneficiados resultan los propietarios de departamentos de lujo, que facilmente pueden alcanzar valores superiores a mil o dos mil millones de pesos. Ellos obtienen porcentualmente los mismos beneficios tributarios que los más sobrios departamentos de la clase media que usualmente no superan los cincuenta millones de pesos y en cualquier caso valen menos de cien millones.
Adicionalmente, hay propietarios de muchos departamentos DFL2, que obtienen los mismos beneficios. Muy razonablemente, el Ministro de Hacienda ha propuesto limitar este beneficio. «No es un mecanismo para acumular decenas y hasta centenas de propiedades al amparo del DFL2. Lo que queremos es mantener el DFL2, pero limitarlo, que cada persona pueda tener, por ejemplo, una propiedad con DFL2,» ha declarado el Ministro Larraín. No se conoce todavía el detalle de la iniciativa, pero se estima que afectará a menos del 5 por ciento de las propiedades. Eso no le ha gustado nada a la UDI.
Por otra parte, el gobierno espera recaudar 281 millones de dólares, elevando en 0,25 por ciento la tasa de contribuciones a las propiedades más caras del país, durante dos años. Según la información de La Tercera, se gravarán 99.000 propiedades, que representan el 5 por ciento del total, de las cuales el 41.000 son habitacionales, 16.000 comerciales, 7.000 oficinas y 12.000 predios agrícolas. En conjunto están avaluadas en más de cincuenta y seis mil millones de dólares, lo que arroja un promedio de más de medio millón de dólares (250 millones de pesos) por cada una.
Las contribuciones adicionales por cada una son sólo 350.000 pesos adicionales por año ¡Bastante menos de lo que pagan por la patente de uno de sus automóviles!
La Tercera agrega que tres comunas de Santiago, Las Condes, Vitacura y Providencia, concentran el grueso de estas propiedades. Precisamente, las comunas que concentran la votación de la UDI «el Partido Popular.»
La otra medida rechazada por la UDI es poner un tope de 600 UF anuales ($12.618.480) al ahorro previsional voluntario en las AFP bajo la modalidad depósitos convenidos. El gobierno espera recaudar 70 millones de dólares por este concepto. Según el mismo diario, los beneficiarios de este inmenso subsidio son menos del uno por ciento de los afiliados al sistema: los gerentes con altos sueldos (también los diputados y senadores que aprobaron el subsidio hace unos años).
Empezando por el mismísimo Willy que, por cierto, forma parte de la comisión política de la UDI.
Por Manuel Riesco
Economista del Cenda