Venezuela y Colombia -tristemente- unidas por la violencia sindical

En todo el mundo es ampliamente conocida la situación de alto riesgo en que los sindicalistas realizan su labor en Colombia. Las cifras reiteran la gravedad de esta realidad, obligando al propio presidente Álvaro Uribe a declarar que su gobierno ha implementado políticas para revertirla. Según datos revelados por el propio primer mandatario colombiano, en el año 2002 la cantidad de 197 trabajadores fueron asesinados, cifra reducida para el año 2009 cuando ocurrieron 28 asesinatos.

Diferentes organizaciones gremiales han denunciado que la verdadera cifra es mayor que la oficial, desplegando una permanente campaña de movilización y denuncia, tanto a nivel local e internacional, con cada uno de los crímenes. De esta manera, cada suceso es rápidamente conocido por organizaciones sociales y progresistas del mundo entero que no dudan en calificar al hermano país como uno de los más peligrosos para realizar la defensa de los derechos de los trabajadores.

En contraste, Venezuela que registró durante el año 2008 la cantidad de 46 dirigentes sindicales asesinados, la problemática no alcanza similar envergadura.

Uno de los últimos capítulos en nuestros predios sucedió el pasado domingo 25 de abril, cuando el dirigente sindical Jerry Díaz fue asesinado por manos desconocidas en la ciudad de Maracay. Jerry Díaz formaba parte de la Junta Directiva sindical, quien a su vez era parte de la (UNETE) -Unión Nacional de Trabajadores del Estado Aragua-, promotores de la Corriente Clasista , Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-CURA) y era conocido, y apreciado, por su beligerancia en la defensa de la clase trabajadora.

Sus compañeros en el gremio han propuesto que, como sospechosos, deberían investigarse a otras organizaciones que no dudan en calificar de “mafias” que presuntamente estarían operando amparados por diferentes niveles del gobierno regional. Este caso, así como las decenas de hechos desencadenados por el control de los puestos de trabajo en los sectores de construcción y petroleros, introducen un elemento que diferencia nuestra situación de la padecida por el movimiento obrero colombiano: la degradación e irregularidades presentes en el sindicalismo venezolano.

Esta dimensión es parte de la explicación no sólo de la indolencia local frente al tema, sino de la escasa atención que las redes sociales y gremiales internacionales han prestado a nuestra situación, donde 131 sindicalistas han sido asesinados entre octubre del año 2005 hasta septiembre del 2009, una realidad persistente bajo un gobierno autoproclamado de izquierda. Mientras que del otro lado de la frontera los crímenes se ubican dentro del enfrentamiento entre obreros y patronos, de este lado del río Arauca, una buena parte de ellos son la consecuencia del paralelismo sindical, la corrupción y la pugna entre organizaciones.

Si bien los casos de sicariato como estrategia para controlar puestos de trabajo son la mayoría del total, existen otros como los de Jerry Díaz; el de los dirigentes sindicales Gallardo, Hernández y Requena en Aragua; así como los registrados en las empresas Mitsubishi y Toyota por sólo citar los casos más conocidos, cuyas características, en cambio, son similares a los crímenes en Colombia. A pesar de que estos tienen motivaciones que pueden considerarse como “más políticas”, todos y cada uno exige y requiere una investigación que determine responsabilidades materiales e intelectuales.

Paradójicamente la indolencia frente a estos crímenes alarma a los que consideran que un gobierno democrático de carácter socialista, supone una acérrima defensa de los derechos de la masa asalariada. Ni la Defensoría del Pueblo, ni la Fiscalía, ni el Ministerio del Trabajo asumen una actitud orientada a enfrentar esta grave situación y combatir la alta y sistémica impunidad.

Si en algo coinciden las diferentes centrales sindicales que reclaman su legitimidad como representantes de las mayorías obreras es su pasividad frente al tema. Ni la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), ni la Unión Nacional de Trabajadores y tampoco la Central Socialista de Trabajadores posicionan el tema dentro de sus prioridades y agenda política-reivindicativa.

En diciembre de 2008, el presidente Chávez ante el asesinato de los tres dirigentes en el estado Aragua expresó que había dado instrucciones para que se investigara a fondo el asesinato de sindicalistas en el país. De esa fecha hasta el presente no se ven resultados. Sobre el caso de Díaz a la fecha seguimos esperando algún pronunciamiento de los voceros del alto gobierno.

La persistencia de la situación a través del tiempo, la gravedad de las cifras, así como la indolencia de los diferentes actores, especialmente los estatales, dan elementos para considerar que si Venezuela no ha superado a Colombia como el país más peligroso en la región para la actividad sindical, viene pisándole los talones. No solamente el derecho a la libertad sindical viene siendo acorralado, sino particularmente el derecho a la integridad personal y la vida de los sindicalistas criollos.

Esto exige una rectificación de los poderes públicos, pero especialmente, una persistente movilización y denuncia no sólo de las organizaciones sindicales que desean refundar el trabajo gremial en el país, sino del resto de las organizaciones sociales y de derechos humanos. Por ello, el acostumbrarse a la situación se está convirtiendo en tan criminal como los propios homicidios. Pero, afortunadamente, nunca es tarde para decir “Ya basta”. (Correo del Caroní, 03.05.10)

Mayo 5, 2010

Por Rafael Uzcátegui

Miembro de la ONG de DDHH Provea y del periódico El Libertario

rafaeluzcategui.wordpress.com