El derrame de la barrick envenenó el agua de Jáchal

En contra de la información difundida desde la empresa, la gobernación y los medios de comunicaciones afines al oficialismo provincial, el derrame de la mina Veladero sí produjo efectos y contaminó, con metales pesados, los afluentes del río La Palca.

Allí se  detectaron 1,48 miligramos por litro (mg/l) de manganeso, cuando el promedio histórico en ese punto del río La Palca es de 0,25 mg/l de agua. De acuerdo con los datos puntualizados por un vocero del gobierno de San Juan, el valor máximo tolerado por la ley nacional para riego y consumo animal es de 0,2 mg/l de manganeso.

En tanto, en el caso del aluminio, se verificaron 70 mg/l y las medidas anteriores tomadas en ese punto del río no pasaban de los 3 a 4 mg/l. El valor máximo tolerado por la ley nacional de residuos peligrosos – con uso potencial de riego y alimentación de animales- es de 5 miligramos por litro. Este último dato fue determinante para los asambleístas para continuar con la resistencia vecinal cuando el miércoles 30 de septiembre recibieron el informe de la UNCUYO.

Además, siempre de acuerdo con el detalle que proporcionó Zeballos, se detectaron otros trazos metalíferos como mercurio, cobre y zinc.

Por otro lado se hizo una evaluación de una fuente de agua para consumo humano en el pueblo de Mogna, a 50 km. de san josé de Jáchal, cerca de la ciudad de San Juan. Allí los rastros de metales pesados volvieron al agua no apta para consumo humano.

Estas fueron las determinaciones químicas. boro: 6 mg/l (límite máximo aceptado: 0,5 mg/l); cloruros: 740 mg/l (límite máximo aceptado: 400 mg/l); sulfatos: 540 mg/l (límite máximo aceptado: 350 mg/l) y arsénico: 0,069 mg/l (límite máximo aceptado: 0,010 mg/l).

También se tomaron muestras de agua en el curso de los ríos Potrerillos, Las Taguas, Blanco y el mismo Jáchal, a la altura del puente de Angualasto, y finalmente en los diques Cuesta del Viento y Pachimoco. En la medida en que siguieron el curso del agua, los resultados de los estudios denotaron que la presencia de metales en agua fue descendiendo hasta llegar a las represas, donde casi no se detectaron altos tenores de elementos o compuestos riesgosos.

La grave situación deja al descubierto los intereses cruzados entre la empresa, la gobernación de la provincia y los medios de comunicación. La organización de los vecinos fue la clave para superar el cerco informativo y poder demostrar por su cuenta que la minera violó la ley e intentó cubrir el incidente con la complicidad del gobierno provincial.