Monsanto hace lo que quiere en Argentina

Argentina está a un paso de implementar una “retención privada” para el cobro de regalías en semillas, sostuvo un informe privado que señaló el reclamo de los acopiadores al solicitar al gobierno que intervenga.

Según el informe del Valor Soja, se implementaría un sistema de cobro variable de regalías -una suerte de retención privada- para eventos biotecnológicos en semillas.

En el segundo semestre de 2014 la filial local de la multinacional Monsanto comenzó a solicitar a compañías exportadoras de commodities agrícolas que incorporasen, en los contratos de compraventa de soja, una cláusula que habilita el cobro automático de regalías en caso de detectar eventos biotecnológicos patentados no declarados por el productor.

Sólo una pocas aceptaron ya que la mayor parte se negó, indicó el reporte que señaló que las autoridades regulatorias chinas exigen a las compañías que exportan granos o subproductos provenientes de materiales con eventos biotecnológicos cuenten con un certificado de bioseguridad expedido por la empresa desarrolladora del mismo (el cual fue previamente validado por el Ministerio de Agricultura de China).

Ese proceso para obtener el certificado, que hasta entonces era sólo un trámite, pasó a ser un condicionante para que las principales compañías exportadoras -desde Cargill a Bunge hasta la Asociación de Cooperativas Argentinas- acepten incorporar la cláusula contractual exigida por Monsanto.

El riesgo de no hacerlo es que en 2016 los embarques argentinos de soja comiencen a ser rechazados al momento de llegar a las terminales portuarias de la nación asiática. La última línea de resistencia contra la metodología implementada por Monsanto la integran los acopios y la cooperativa Agricultores Federados Argentinos (AFA).

“Pero la realidad es que -en soledad- no podrán aguantar su posición por mucho tiempo más porque la mayor parte de sus clientes son compañías exportadoras y, si las mismas no aceptan recibir soja adquirida con contratos forward 2015-2016 que no contemplen la “cláusula Monsanto”, entonces quedarán fuera del negocio”, señaló Valor Soja.

Frente a tal disyuntiva, las autoridades de la Federación de Acopiadores emitieron un comunicado para solicitar la urgente intervención del gobierno nacional en el asunto.

“El conflicto requiere una solución del Estado arbitrando entre los intereses y posiciones de las partes”, apuntaron en el mensaje institucional.
Dijeron “desde la Federación de Acopiadores entendemos que es importante que a los dueños de las tecnologías se les retribuya por sus aportes a las semillas”.

Además se mostraron “convencidos que el procedimiento elegido por Monsanto, de utilizar a los comercializadores de soja para que funcionen como sus agentes de recaudación, no es el camino”. “Como Monsanto no quiere asumir el costo de la cobranza del canon de la semilla, pretende utilizar a los agentes del comercio de granos como sus recaudadores””, añadieron.

Así “exportadores, acopiadores y cooperativas, que nada tienen que ver con el negocio de la semilla de soja, se ven involucrados en un mecanismo que distorsiona el comercio al ser obligados a actuar como agentes de retención y recaudación a favor de la empresa multinacional”, manifestaron los representantes de los acopios.