Presidenta y senadores cuestionados enfrentan complejo escenario por elección de nuevo Fiscal Nacional

A contar del mediodía del pasado lunes, la Presidenta Michelle Bachelet dispondrá de un plazo de 10 días para elegir al abogado que ocupará el cargo de Fiscal Nacional, en reemplazo de Sabas Chahuán, luego que la Corte Suprema le hiciera llegar la respectiva quina, decisión que deberá ser ratificada, o rechazada por el Senado.

Tras escuchar las exposiciones de los 11 candidatos originales, el pleno del máximo tribunal conformó la referida quina, la que quedó compuesta por los fiscales regionales Raúl Guzmán, Luis Toledo y José Morales (Fiscalía Centro Norte), a los que se suman Jorge Abott (director ejecutivo nacional de la Fiscalía) y Juan Enrique Vargas (decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales).
Con todo, en esta oportunidad, la elección del sucesor de Sabas Chahúan –quien completará ocho años en el cargo– está marcada por diversas complicaciones que lindan entre la legalidad y la legitimidad de los actos acometidos por las altas autoridades, comenzando por la propia Mandataria, quien entre los cinco nombres que tendrá que evaluar, está uno que, sin duda, le resultará muy ‘incómodo’. Se trata del fiscal regional de Rancagua, Luis Toledo, responsable de la investigación del caso Caval, en la que han declarado el hijo y la nuera de la Presidenta. Una decisión que se avizora como compleja y de impredecibles efectos políticos para el futuro de Michelle Bachelet, así como de su coalición, la Nueva Mayoría.

Pero no solo la Jefa de Estado enfrenta complicaciones en la elección del Fiscal Nacional, también lo hacen algunos parlamentarios vinculados a casos judiciales en manos del Ministerio Público. Es el caso de los UDI Iván Moreira, formalizado por delitos tributarios en el caso Penta; Ena von Baer (por el mismo caso); Jaime Orpis, imputado en el caso Corpesca. También están cuestionados los senadores Eugenio Tuma (PPD), querellado por el Consejo de Defensa del Estado por fraude al fisco; Fulvio Rossi (PS), investigado en el marco del caso SQM, por financiamiento irregular de campañas políticas; y el independiente Carlos Bianchi, quien se encuentra desaforado, mientras enfrenta un juicio por fraude al fisco. Cierra la lista el presidente de la Democracia Cristiana Jorge Pizarro, cuyo nombre aparece vinculado al caso SQM, a raíz de las cuestionadas asesorías prestadas por Ventus Consulting, empresa de sus hijos que emitió facturas a la empresa del ex yerno de Pinochet.

Legalidad versus legitimidad

Según el senador Eugenio Tuma, todos los senadores pueden votar, excepto los que se encuentren desaforados; postura que es compartida por sus colegas RN Baldo Prokurica y PS Carlos Montes. Dicho concepto se relaciona con el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, hoy la ciudadanía ha elevado los estándares de comportamiento de las autoridades, y no solo les exige a éstas que actúen dentro de la legalidad (Estado de derecho), sino también dentro de la legitimidad moral. En este sentido, los senadores Alejandro Navarro e Isabel Allende han hecho sentir su voz, manifestándose partidarios de que los senadores que enfrentan problemas con la Justicia deberían inhabilitarse. El presidente del MAS fue el primero en cuestionar la falta de pronunciamiento de los senadores aludidos, de quienes se espera su abstención en la votación del Fiscal Nacional, toda vez que, aun cuando ejerzan un derecho legal, lo que se cuestiona es la dimensión ética de su sufragio.

“Los legisladores que están vinculados, directa o indirectamente, a investigaciones judiciales deberían inhabilitarse de votar por el Fiscal Nacional. Hay un conflicto de interés que terminaría por contaminar la elección de una de las principales autoridades del país, y aun cuando la ley no los obligue, debería haber un mínimo de sentido común que indica que debieran inhabilitarse de dicha votación (…) la no inhabilitación va a generar una controversia innecesaria y dañará la credibilidad del Senado y eso va a afectar no solo a esta elección del fiscal, sino que va a traspasar al resto de las decisiones en la cual participa el Senado. Hay que tener la máxima prudencia”, dijo el senador Alejandro Navarro a La Tercera.

Quien sí apuesta al unísono por la legalidad y la legitimidad de la eventual concurrencia de los senadores cuestionados en la mencionada elección, es el presidente de la UDI y del comité de Ética del Senado, Hernán Larraín. “No le corresponde a ningún senador definirse como árbitro supremo de quienes pueden y quienes no pueden votar (…) les pido a los senadores que sean prudentes, y que no se arroguen la representación de la supremacía moral de las inhabilidades, porque quizás hay algunos que incluso tienen tejado de vidrio para hacer ese tipo de formulaciones”, sostuvo Larraín en el matutino.

La ex presidenta del Senado y actual presidenta del PS, Isabel Allende, también habla de ‘prudencia’, llamando a los senadores cuestionados a abstenerse. “Nosotros hace un rato hemos dicho que efectivamente hay que revisar nuestro reglamento porque puede ser muy general, no debiera aceptar (votar) cuando se tiene determinados intereses y queda a la compresión del senador o que la comisión de ética sea responsable de decir algo”, dijo la parlamentaria a El Mostrador. Y agregó: “He usado la palabra prudencia porque estamos hablando del Fiscal Nacional… es un tema delicado porque hoy día hay efectivamente algunos grados de avance en investigaciones que están afectando a parlamentarios”.

Allende también mencionó que la norma de inhabilidad es muy subjetiva y genérica, otorgando mucho espacio para interpretaciones de cada senador que para casos similares unos no votan y otros sí, destacando que, en el caso de las declaraciones e intereses de patrimonio, se está acotando este margen, especificando puntos en particular.

No todo lo legal es legítimo. El problema es que la moral no está incluida en el ámbito de lo legal, sino en el de lo legítimo. El problema de la democracia chilena es que su legalidad acaba desvirtuándose cuando sus autoridades no logran diferenciar esa cuestión filosófica de la teoría política, aquella que establece límites precisos entre legalidad y legitimidad. En rigor, que la senadora Ena von Baer concurra con su voto para pronunciarse sobre la persona que podría requerirla en su tribunal, habla de esa ignorancia; que lo hagan sus correligionarios Moreira y Orpis, no solo abona esa ignorancia, sino que contribuye a degradar mucho más la endeble democracia; misma democracia que prometió perfeccionar el senador Rossi, quien no obstante, ha intentado hacerle todas las trampas posibles, tal como sus colegas Tuma, Bianchi y Pizarro, para quienes las instituciones son interpretables, en función de sus intereses, de sus mezquinos y particulares intereses, tal como pensaron la nuera y el hijo de la mismísima Presidenta de la República.

El senador Alejandro Navarro lo explica de modo dramático: “Previo a que se definiera la quina de candidatos a Fiscal Nacional, hubo reservadas reuniones de algunos candidatos al cargo, como los persecutores Jorge Abott, José Morales, Luis Toledo y Raúl Guzmán, con algunos parlamentarios como los senadores Guido Girardi, Pedro Araya y Felipe Harboe. ¿Estos encuentros no generan una señal contraria a la transparencia?”, se pregunta Navarro en La Tercera.

Luego agrega: “Votar sin conocimiento también es irresponsable, pero si los parlamentarios tenemos que votar por un candidato, y el interesado es beneficiado con esa votación, creo que está cubierto por la ley de lobby y debería ser informado. Efectivamente, tienes que votar sobre un interés en el cual tuviste conocimiento previo y se ejerció de alguna manera información, buscando el voto favorable. Una vez estando la quina, las reuniones deberían ser informadas. Más aún: una vez que se nomine a la persona, aquellos parlamentarios que se reunieron con dicho candidato, deberían informarlo bajo el principio de la transparencia. Aun cuando no exista la obligación legal, creo que es sano y necesario hacerlo y debería ser una práctica de manera permanente en este tipo de votaciones”.

Tal vez no haya ilegalidad alguna en este tipo de reuniones, lo que no quita que ciertos parlamentarios consideren legítimo hacerlo a espaldas de la ciudadanía. Donde también hay una enorme disonancia es la decisión que toma Natalia Compagnon, cuando se siente legitimada por su parentesco con Michelle Bachelet, y actúa convencida de no estar incurriendo en ilegalidad alguna. He aquí dos pequeñas diferencias entre legalidad y legitimidad.