Los Derechos Humanos en México y la violencia naturalizada

En México los derechos humanos están atravesando una crisis que ha tenido un profundo impacto en la libertad de expresión y de protesta. En los últimos años, diversas organizaciones de la sociedad civil han registrado un aumento de la violencia que abarca desde agresiones y detenciones ilegales hasta torturas, homicidios y desapariciones.

100.000 asesinatos, más de 25.000 desapariciones. Sería difícil encontrar el momento determinado en que la espiral de violencia se salió de control hasta desencadenar lo que muchos países latinoamericanos denominan como la crisis humanitaria mexicana. La corrupción, la represión, el crimen organizado y la impunidad se convirtieron en una realidad cotidiana que persiste ante una multiplicidad de incansables denuncias que son silenciadas a fuerza de golpes a la libertad de expresión y de protesta que evitan indagar en problemáticas más profundas.

Una lectura por numerosos portales de noticias deja al descubierto múltiples agresiones que pasan a formar parte de un incontable número de violaciones contra los derechos humanos. El caso de los estudiantes mexicanos desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, estado de Guerrero, fue la gota que hizo explotar una situación latente en el país: la fuerte represión a la protesta, a la expresión y a la difusión de información, debido a las múltiples reformas estructurales que el estado imprimió, siguiendo a rajatabla las medidas impuestas por un neoliberalismo que sigue rigiendo la agenda pública y las necesidades a escala planetaria.

La “guerra contra el narcotráfico”: el origen de la violencia

Actualmente, México es el primer mercado de consumo de drogas en el mundo y los carteles de narcotraficantes hacen de la violencia un código de disciplinamiento. La brutalidad de sus actos se ha convertido en una sello distintivo que con cada nuevo crimen deja huellas imborrables en el espacio público. En diciembre de 2006 y a menos de dos semanas de haber asumido la presidencia, el ex mandatario, Felipe Calderón declaró la denominada “guerra contra el narcotráfico”, a través de un operativo en el que alrededor de 5.000 soldados y policías recibieron la orden de enfrentarse con el crimen organizado, comenzando por el estado de Michoacán, lugar de tránsito estratégico para el narcotráfico.

A casi nueve años del día en que Calderón lanzó la “Operación Conjunta Michoacán”,  se estima que fueron asesinadas alrededor de 100.000 personas, entre ellos, jóvenes, niños y periodistas que murieron durante enfrentamientos armados o en ataques directos. Se registraron además miles de desapariciones, secuestros, violaciones y torturas. En las calles del país latinoamericano patrullan tropas, pero también grupos paramilitares y sicarios que multiplican las situaciones de violencia. Sin embargo, las cifras totales aún no son parte de una base de datos pública, lo cual constituye un reclamo de numerosas organizaciones civiles para facilitar las investigaciones.

El escenario planteado se sostiene mediante pilares débiles. Las autoridades judiciales sólo han conseguido procesar a un porcentaje ínfimo del total de detenidos en la cruzada contra el narcotráfico. La situación parece irrefrenable, a tal punto que de forma paralela han surgido grupos de autodefensa y milicias civiles que acrecientan la escalada de la violencia, en lugar de aplacarla. Numerosos funcionarios locales y federales son acusados de vinculaciones con el crimen organizado y, en este marco, los planteos de defensa del país proclamados por el Estado se vuelven cada vez más dudosos y se perciben como un velo que encubre una realidad difusa que aparenta estar lejos de aclararse.

Fuente y nota completa: La Primera Piedra