De porqué el Estado no debe financiar a las instituciones educativas privadas

Las políticas neoliberales han minado los derechos sociales como la salud y la educación, orientando el gasto social del Estado en favor del lucro privado, mediante sistemas de bonos y subsidio a la demanda que funcionan subvencionando a los privados a través del subsidio a los usuarios de sus servicios. Estas políticas han tenido como efecto la destrucción de los servicios públicos ofrecidos por el Estado y con ello de las garantías que éste debe ofrecer de los derechos sociales. El proceso de neoliberalización de nuestro país se enmarca en un reordenamiento de la economía y el comercio mundiales, que a través de instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han promovido que los gobiernos latinoamericanos, así como en muchas otras partes del mundo, apliquen políticas tendientes a reorganizar su economía, abrir sus mercados, desnacionalizar sus recursos, privatizar las ramas productivas del Estado, precarizar el trabajo y debilitar los derechos laborales.

En este contexto, el movimiento estudiantil ha planteado diversas demandas con el objeto de revertir las políticas neoliberales en educación y la imposición de un Estado subsidiario, luchando por que se garanticen nuestros derechos sociales, lucha que en los últimos años se ha ido ampliando mediante la articulación con otros movimientos de diversos sectores, como los trabajadores y últimamente los profesores. Se ha exigido al Estado que proporcione la gratuidad de la educación superior, poniendo término al subsidio a la demanda a través de un sistema único de financiamiento mediante aportes basales a las instituciones, independientes de la matrícula, que financien toda su actividad, de manera de aislar a las instituciones educativas públicas del mercado. También se ha exigido poner fin al lucro en la educación, lo que hoy encuentra respuesta a nivel de la educación escolar en la nueva «Ley de Inclusión Escolar» del gobierno, que ha consistido principalmente en aumentar las subvenciones a los colegios particulares hasta cubrir todo el arancel de manera de poner fin al copago y, sin embargo, se plantea como una ley que pondrá fin al lucro de privados con dineros del Estado.

Hoy, la CONFECh, como órgano representativo de los estudiantes de la educación superior de las universidades tradicionales, ha logrado la redacción de un documento que plantea una propuesta amplia y global sobre un nuevo sistema de educación pública. Ambas demandas se encuentran en este documento, llamado «Principios Fundamentales para una Nueva Educación Pública». Sin embargo, si hacemos una revisión histórica de las demandas planteadas por la CONFECh, podemos evidenciar un extraño vuelco en sus posiciones. En el 2011 se pedía claramente poner fin al subsidio a la demanda, trasladando tales fondos hacia el financiamiento basal de las universidades tradicionales, con énfasis en las estatales y la creación de una red nacional de educación técnica estatal. Esta preocupación explícita por el fortalecimiento de la educación estatal y el debilitamiento de los subsidios, hoy en el 2015, ha sido olvidada.

El sistema de educación pública que propone la CONFECh en tal documento plantea ciertos requisitos que deben cumplir las instituciones para formar parte de éste -y por tanto ser reconocidas y financiadas completamente por el Estado-, como no lucrar y ser democráticas tanto en acceso como en organización y relación con las comunidades a las que pertenecen, entre otras. En esta definición de lo público no se diferencia de acuerdo al régimen de propiedad de las instituciones, pudiendo optar por formar parte del sistema de educación pública instituciones tanto estatales como no estatales. Tampoco se considera la organización jurídica de éstas, es decir, si tienen personalidad jurídica de derecho público o de derecho privado. Lo que también implica, entre otros, la aprobación de sus estatutos: aunque se establecen normas para su reconocimiento por parte del Estado, aludidas más arriba, el documento no se pronuncia de forma clara sobre el establecimiento de los fines de la organización o su estructura, quiénes la integrarán, sus atribuciones y duración de los respectivos cargos, por ejemplo. En cuanto a lo que las instituciones producen y a los servicios que proveen (docencia, títulos, grados, investigación, extensión), su carácter público se considera asegurado mediante la democratización de las instituciones y su incorporación a una Estrategia Nacional de Desarrollo, así como de un currículum inclusivo. Su concepto de lo público se basa en los servicios y la producción de las instituciones, pero no en su constitución, alzándose como un concepto superficial de lo público, que abre espacio al sector privado para formar parte de la educación pública.

Lo público como condición

Al no hacerse cargo de los componentes estructurales de las instituciones como son la propiedad y organización jurídica, esta propuesta de un nuevo sistema de educación pública se reduce a plantear el establecimiento de una relación contingente entre el Estado y las instituciones basada en sus «resultados», a modo de una relación contractual entre privados, incapaz de formar un sistema público estable y permanente. O sea, se pone como condición algo que debiese ser una garantía, a modo de exigencia para las instituciones. Se está proponiendo regular algo que debiera proveerse.

¿Garantizará el Estado el derecho a la educación, aumentando la cobertura y democratizando el acceso, o bien dará el espacio para que instituciones privadas cubran, nuevamente a la manera de un servicio en el mercado, pero financiadas completamente por éste, lo que el Estado no esté dispuesto a proveer? Si se plantea que el Estado aumente su cobertura para acoger a todos los estudiantes, ¿entonces para qué gastar sus fondos en financiar a las instituciones privadas? ¿Quiénes son todos los estudiantes, los que ya hay, o los que podría haber?

¿Y quién, por ejemplo, decidirá sobre el tránsito hacia el sistema público de las instituciones privadas? ¿Será una decisión democrática, o más bien al revés, simplemente la democracia será una condición para este tránsito? Y lo mismo sucede con los estatutos y la estructura de las instituciones ¿Serán también determinadas de forma democrática? ¿Habrá condiciones aplicadas a estos ámbitos también?

Estos aspectos son tratados de manera ambigua en la propuesta, abriendo espacio a la pregunta de si realmente ésta logrará que la educación se transforme en un derecho social garantizado por el Estado o seguirá perpetuando las lógicas mercantiles en educación; si logrará reconstituir un ámbito de lo público genuino o lo convertirá en un producto, un medio para conseguir financiamiento, cosa que ya sucede hoy, donde el rol público suele ser utilizado por instituciones privadas como coartada para conseguir financiamiento, como es el caso de las G9 (Universidades Públicas no estatales), de las cuales varias incluso son católicas.

Lo público como producto

Si este sistema se concretara, ¿quién fiscalizará el rol público de las instituciones privadas? La CONFECh ha propuesto un nuevo marco regulatorio para las instituciones de educación superior privadas nacidas después de 1981 -año en que se promulgó la LOCE-, que regule la matrícula, la democratización y la vinculación con la Estrategia Nacional de Desarrollo. Creo, sin embargo, más allá de estos criterios básicos, que el rol público de una institución privada es imposible de fiscalizar. Descartando la creación de un organismo estatal que mediante pruebas y criterios estandarizados parecido al sistema de acreditación actual, determine qué instituciones cumplen con los requisitos y cuáles no, lo cual iría en contra de la democratización y la orientación social del conocimiento, que forman parte del concepto de lo público en la propuesta estudiantil -a pesar que de todas formas algún organismo deberá velar por el cumplimiento de los criterios más básicos, nombrados anteriormente, los que, claro está, no son criterios suficientes-. El que sean, por el contrario, las mismas comunidades las encargadas de fiscalizar el rol público de las instituciones privadas, las pondría en la incómoda posición de arriesgarse a perder el financiamiento en caso que éstas no cumplieran con los requisitos; o bien, les transferirá completamente a las comunidades la responsabilidad de hacer que la institución tenga un rol público.

¿O acaso qué pasará cuando una universidad deje de cumplir los requisitos? ¿No pasará lo mismo que ahora cuando una universidad pierde la acreditación? ¿O acaso el financiamiento estará asegurado? ¿Qué papel cumplirían entones las condiciones propuestas? El financiamiento en base a tales condiciones se halla necesariamente supeditado a éstas, renunciando a tener un carácter permanente. Incluso en las instituciones estatales, a pesar que se plantea financiar la cobertura de todos los estudiantes, jamás se explicita que este financiamiento sea permanente. ¿Y no es acaso este financiamiento condicional otra forma de fomentar la competencia entre las instituciones, antes que la cooperación, como plantea la CONFECh? ¿Y una forma de ofrecer educación contraria a la garantía de un derecho, que debiese ser estable y permanente?

Si el rol público de las instituciones se plantea como una condición a ser regulada, en vez de ser una exigencia para las instituciones públicas, la responsabilidad de sostener un rol público genuino, en las instituciones privadas, se transferirá completamente a la comunidad, haciendo depender de ésta la garantía de un derecho, mientras el propietario y responsable de la institución, en cambio, se ocupará de ajustarla a las condiciones que la regulan, a modo de un producto publicitario -tal como sucede hoy con las acreditaciones-, y así competir con las otras instituciones por el financiamiento, incluso con las estatales. Así, la educación seguirá siendo un mercado, donde el rol público de las instituciones será el producto y el Estado será el cliente.

En resumen, si el financiamiento se basara en condiciones que cada institución debe cumplir para ser considerada pública, la educación pública se convertiría en una relación no permanente entre el Estado y las instituciones -por lo menos con las privadas- y estaría regulada nuevamente por la competencia, haciendo del sistema público un mercado y del rol público un medio para conseguir financiamiento y no un fin en sí mismo, que se corresponda con la garantía estatal del derecho a la educación.

Fines particulares v/s públicos

El objeto del financiamiento debe ser la educación pública y no al revés. ¿Sino cuál sería el fin último que se persigue a través del financiamiento? No hay manera de fiscalizar, en instituciones privadas, que no sea el lucro, pues los empresarios tienen toda la creatividad necesaria para inventar nuevas maneras de desviar fondos y esto fue dejado en evidencia con el descubrimiento del negocio de las inmobiliarias, que por largo tiempo pasó desapercibido. Basta intentar imaginar la reforma al Código de Derecho Civil que habría que hacer para impedir todos los procedimientos mediante los cuales un particular puede desviar fondos de sus empresas a empresas relacionadas. Tampoco se puede fiscalizar que el fin del propietario no sea la promoción de un proyecto ideológico particular, como es el caso de las universidades católicas y el de muchas instituciones privadas, es decir, que el interés público sea genuino y no sea simplemente un discurso. Por supuesto, el Estado no debe financiar proyectos ideológicos particulares, sino dar espacio para que todos los proyectos ideológicos puedan convivir y dialogar en las instituciones públicas.

Tanto la búsqueda del lucro como de la promoción de proyectos ideológicos particulares en base al financiamiento estatal constituyen hoy, y seguirán haciéndolo, una manera de desviar tales fondos y utilizarlos para fines que no se corresponden con el interés nacional y que son contrarios a la democracia. En el contexto de un nuevo sistema de educación como el que propone la CONFECh, ambos fines promoverán la competencia entre las instituciones por el financiamiento estatal relegando la construcción de un sistema público genuino y deteriorando aún más la educación ofrecida por el Estado.

Cobertura e inclusión

Si se plantea que el Estado aumente la cobertura de sus instituciones para cubrir a todos los estudiantes al tiempo que deba financiar también a las instituciones privadas que tengan un rol público, lo que se está planteando es que el Estado financie a los estudiantes pertenecientes a sus instituciones por un lado, y por otro, pero ahora doblemente, a los estudiantes de las instituciones privadas, tanto en cobertura estatal como en financiamiento directo a estas instituciones. Estos estudiantes, por cierto, serán aquellos que hayan sido seleccionados mediante un nuevo mecanismo -la CONFECh propone uno basado en la vocación- en base a una regulación de la matrícula establecida por una Estrategia Nacional de Desarrollo, acorde con las necesidades del país y las localidades. Es decir, el Estado financiará a los chilenos que cumplan con ciertos requisitos, derrochando sus fondos en un sistema ineficiente de financiamiento incapaz de regular el lucro y el rol público de las instituciones y sin dar una cobertura que garantice la educación a todos los chilenos. Si quisiésemos garantizar la educación para todos y la democratización del conocimiento, como una forma de combatir las profundas desigualdades sociales existentes en nuestro país, lo que hay que hacer no es seleccionar a los estudiantes ni regular las matrículas según las supuestas necesidades de las comunidades. Si lo que se quiere es regular el desempleo y disminuir la brecha de la desigualdad, esto no se hace privando de educación a nuestro pueblo, sino, entre otros, reformando el código laboral, promoviendo la organización de los trabajadores, revirtiendo el profundo desequilibrio existente en el valor del trabajo, reduciendo la jornada laboral, aumentando los salarios y acabando con todas las formas de precarización del trabajo. El derecho a la educación no es un derecho de los estudiantes, sino un derecho de los chilenos, que debiese ser garantizado por el Estado, para todos, sin ambigüedades.

En conclusión

Lo que hace finalmente este sistema, no es terminar con el régimen de subvenciones en educación, que es lo que se pedía en 2011, sino aumentar las subvenciones, ahora no a la demanda sino directamente al producto, tal como se hizo con la «Ley de Inclusión Escolar». No es un sistema realmente inclusivo, que considere explícitamente la educación como una garantía para todos los chilenos, a través de una cobertura total por parte del Estado, sino un sistema que plantea aumentar, con criterios ambiguos, la cobertura estatal al tiempo que se desvían fondos hacia la educación privada.

Esta propuesta de un nuevo sistema de educación superior constituye, pues, una profundización de las políticas neoliberales en educación en tanto se basa en financiar con fondos del Estado a privados y en fomentar la competencia entre las instituciones, menoscabando la educación estatal y el ámbito de lo público como un ámbito más allá del mercado, de las relaciones contractuales y de los proyectos particulares, como un ámbito común, plural, democrático y verdaderamente inclusivo.

La educación pública debe pertenecer al Estado. Cuando se dice que lo estatal no es sinónimo de lo público, para justificar propuestas como estas, o más aún, que lo estatal no funciona, que es burocrático y poco democrático, se está apelando a una dicotomía prejuiciosa entre la visión contractualista detrás de la educación de mercado y una visión centralista de la educación estatal. Que la educación pública sea estatal no significa que será menos pluralista, más centralizada y por tanto descontextualizada y poco democrática, ni tampoco que será más burocrática. Esto no quiere decir que la educación estatal, por el sólo hecho de pertenecer al Estado, sea una educación que pueda llamarse pública. En cambio, la educación estatal debe hacerse pública, con todo lo que esto implica, descentralización, orientación social del conocimiento, cobertura total, abandono de los modelos de gestión mercantilizada, democratización tanto del acceso como de su organización, fines, estructura, aprobación de sus estatutos y en su relación con las comunidades, creación de una red estatal de instituciones de formación técnica, etc. Y democratización del acceso no significa que deba generarse un nuevo mecanismo de selección, menos uno centrado en la vocación, como propone la CONFECh, que sería terreno fértil para una nueva forma de discriminación. Si la educación ha de ser un derecho social garantizado por el Estado, para que todos puedan estudiar, el acceso a la educación superior debe ser libre. La educación pública, en tanto derecho social, debe ser de todos y para todos y ser garantizada por el Estado de manera permanente.