La Mesa Directiva del Colegio de Periodistas expresó su preocupación por la forma en que se han abordado los alcances y condiciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por Trans-Pacific Partnership) suscrito hace una semana por 12 países, entre ellos Chile. Para la organización profesional una decisión de esta naturaleza, que generaría obligaciones para nuestro Estado y sus ciudadanos, debiera ser sujeto de un amplio debate y discusión en todos los niveles previo a su sometimiento de ratificación ante el Congreso Nacional.
Los dirigentes indicaron que “las condiciones detalladas del tratado se mantienen en secreto y solo los equipos negociadores conocen sus características. Tal situación no se condice con la necesidad de que la ciudadanía ejerza control social y político de este tipo de tratativas”. “Estamos seguros que si se consultara hoy a los diputados y senadores, a la prensa y a los chilenos y chilenas sobre el Acuerdo Transpacífico, es probable que se constate una falta de información tal que compromete el interés nacional”, señalaron.
Para el Colegio de Periodistas “esta suerte de oscurantismo en el cual se ha tramitado el TPP es incongruente con la garantía básica de acceso a la información pública de toda sociedad democrática, más en el marco de una ciudadanía que demanda cada vez con más fuerza, mayor transparencia, mejores mecanismos de fiscalización y más democracia en todos los niveles”.
Puntualizaron que al abordar dicho tratado aspectos como el rol del Estado en la economía, los derechos en Internet o el acceso a la salud “es fundamental que los afectados, es decir los chilenos y las chilenas, conozcamos sus alcances. Y que el debate sea amplio y profundo, antes de que el Congreso tome alguna determinación. Y en ello, la prensa tiene un rol fundamental”.
En particular, y sobre la base de informaciones que se han filtrado o el análisis de diversas ONGs, expresaron su preocupación por “cláusulas alusivas a la propiedad intelectual que podrían ampliar el rango de intervención de la privacidad de los usuarios de Internet, además de permitir la censura y aumentar las sanciones al uso no comercial de contenidos sin autorización”. En opinión de la orden, todo esto afectaría el derecho a la comunicación en sus ámbitos de libertad de expresión y acceso a la información.
“Es por esto que nos sumamos al llamado de varias organizaciones en el sentido de que los documentos y textos alusivos a la negociación sean liberados por el gobierno, con el fin de conocer los costos y beneficios vinculados. Esto se hace más necesario aún cuando el acuerdo no puede ser modificado en modo alguno por el Parlamento sino solo ser aprobado o rechazado”, puntualizaron.
Fuente: Colegio de Periodistas