Empresas sanitarias en la mira de manos privadas

Esta mañana en conferencia de prensa en la CUT, se hizo público el enérgico llamado a tomar conciencia y manifestar en todos los espacios posibles el rechazo a la privatización de las empresas sanitarias, propuesta por Piñera como una forma de costear la reconstrucción post-terremoto.

Diversas organizaciones sindicales, religiosas, rurales, indígenas y ambientalistas declararon el desacuerdo total a la propuesta de vender la participación del Estado en las empresas sanitarias Aguas Andinas, Esval, Essbio y Essal.

“Esta medida atenta contra los derechos e intereses de todos los chilenos, pues implica una nueva pérdida de propiedad estatal y del control de la gestión del agua en Chile”, señaló Hugo Maturana, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias.

Arturo Martínez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, agregó que “el Gobierno debiera explicarnos cómo se gastaron los 45 mil millones de pesos juntados por la Teletón y también cuánta es la ayuda internacional que se ha recibido y cómo se ha canalizado”. E hizo un llamado a “todos los chilenos a manifestarse en contra de esta enajenación que pretende hacer el Gobierno recién llegado, tal como nos opusimos a la venta de acciones de agua durante el gobierno de Frei”, recordó.

Sara Larraín, reconocida ambientalista y directora del Programa Chile Sustentable, indica que en la última década la privatización de las sanitarias provocó un gran aumento de las tarifas a la población, pero que no se mejoró sustancialmente la cobertura de agua potable ni de alcantarillado, siendo la única excepción el tratamiento de aguas servidas, que está siendo pagada por todos los consumidores. Es decir, que no implica ningún beneficio para la ciudadanía continuar con las privatizaciones.

“Piñera mencionó en España algunos problemas limítrofes fronterizos pendientes con Argentina, metros más, metros menos, de campos de hielo, pero resulta que, esto de privatizar las aguas es un entreguismo mucho más grave”, declaró Juan Pablo Orrego, director de Ecosistemas. Y agregó que hay una contradicción total en el discurso del actual Presidente, “porque el agua es un bien estratégico y vital, cuya privatización es claramente una pérdida de soberanía”.

Por su parte, monseñor Luis Infanti, vicariato apostólico de Aysén, se refirió a esta propuesta del Gobierno como “un disparo a la democracia y a la soberanía. Vender las aguas a las transnacionales es vender el país, tratemos de no ser cómplices de esta entrega”.

Por Victoria Lozano

El Ciudadano