En plena madrugada de este miércoles, con detenciones, escándalos y desmayos incluidos, Carabineros desalojó a cerca de 200 locatarios que ocupaban el histórico Mall del Mueble, ubicado en el Barrio Franklin.
El receptor judicial se puso un casco de Fuerzas Especiales y procedió a dar lectura a la resolución que ordena el retiro de quienes ocupen con enseres el recinto en donde se desarrollarán trabajos de Walmart, empresa propietaria del terreno que pretende en un futuro convertirse en un HiperLíder.
Los que se creían aún subarrendatarios estuvieron esperando toda la noche el desalojo dentro del espacio, en donde se desmontará y retirará el galpón que reviste el recinto comercial.
La inmobiliaria Carmona se negó a entregarles el sitio a Walmart durante las primeras conversaciones, ya que aún la inversión no estaba recuperada. Finalmente, el conflicto comenzó después del litigio que dio la razón al holding de supermercados.
Para el año 2013, la inmobiliaria continuó realizando contratos de arriendo de los locales, a pesar de contar una resolución judicial. No se preocuparon de notificar a los comerciantes, quienes hoy reclaman con contrato en mano la falta de comunicación en la fecha conflictuada y no unos días antes del desalojo.
Al iniciarse la soldadura de las cortinas perimetrales de la calle Placer, se les hizo entender que no podrán volver a ingresar a sus locales, hecho que para muchos de ellos se vuelve agotador y perjudicial por la incertidumbre de un inminente traslado de la única fuente que tienen para subsistir.
Los mueblistas solicitan una reunión con Walmart para conocer el futuro de sus cosas y recibir soluciones y alternativas para el barrio patrimonial que está siendo agredido por una expansión inmobiliaria nociva y poco dialogante con el comercio existente y tradicional.
La excesiva violencia con que se está actuando, es sólo el reflejo del poder y monstruosidad de una empresa que en vez de promover el diálogo lo evita y lo convierte en un conflicto de privados que pasa a llevar los derechos de quienes creen estar seguros en sus lugares de trabajo, porque al fin y al cabo, el problema no es la ley ni la resolución judicial: es el proceso.
El desarrollo poco amigable e impetuoso de una situación que pudo haber sido una oportunidad para que la Municipalidad de Santiago, en vez de enviar un comunicado expresando su preocupación por el desenlace judicial, hubiese jugado un rol importante al proteger un espacio cultural e identitario al influir en la decisión de beneficiar a las personas con la reubicación de sus locales, a través de un acuerdo satisfactorio para ambas partes de las mesas de discusión.
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Reveniu 
