El TPP, el pacto secreto con el diablo

El gobierno chileno suscribió a inicios de este mes el Tratado Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) tras un proceso de negociación manejado en absoluto secreto y cuyas escasas informaciones la sociedad civil organizada ha podido obtenerlas gracias a filtraciones divulgadas por Wikileaks. De lo poco que se sabe, este acuerdo, que sigue en línea y amplía la gran madeja de tratados de libre comercio que Chile ha firmado con decenas de países y regiones, es la última etapa conocida en un proceso de globalización comercial que tanto ha favorecido a las grandes corporaciones en su apropiación de mercados y división internacional de la producción y del trabajo.

El nivel de oscuridad, de ocultamiento de las conversaciones, ha sido tal, que la información sobre el acuerdo final apareció a través de agencias internacionales y redes sociales. Sólo horas más tarde, durante una actividad protocolar, el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, tuvo que admitir ante la insistencia periodística la suscripción del TPP. Pocas veces un gobierno democrático había llegado a tal nivel de oscuridad ante sus electores en asuntos no sólo económicos, sino que compromete también la soberanía nacional y los derechos de las personas.

Con la firma del TPP, Chile nuevamente entrega a sus ciudadanos y consumidores como mercado y alimento para las grandes corporaciones. En este caso, la hegemonía la tienen las compañías estadounidenses y japonesas, que han conseguido la desregulación de mercados de otros diez países, entre ellos tres latinoamericanos ya colonizados, como México, Chile y Perú.  Fuera del tratado ha quedado China, que es el adversario en esta nueva estrategia de Estados Unidos, y otros países latinoamericanos. En nuestra región, el TPP puede entenderse también como una herramienta estadounidense, tal como la Alianza del Pacífico, para enfrentar los procesos de integración promovidos por el Mercosur, Unasur, Celac o Alba.

El TPP es la guinda de la torta neoliberal. Es la última vuelta de tuerca del proceso de globalización comercial y financiero puesto en marcha por organismos internacionales y grandes corporaciones hacia finales del siglo pasado. Durante todo ese período los gobiernos de la transición suscribieron docenas de tratados de libre comercio en bienes y servicios, todos ellos piezas no menores para la consolidación y cristalización en nuestro país del modelo neoliberal. Cada uno de estos acuerdos, y en especial los suscritos con grandes regiones y naciones, han tenido como consecuencia la adaptación progresiva de nuestras normas, reglamentos y formas de vida económica a los intereses de las grandes corporaciones.

Nuestra situación económica actual no puede dejar de entenderse sin el contexto internacional. La enorme concentración de la riqueza en una ínfima proporción de la población, los impúdicos niveles de desigualdad, la desprotección de los trabajadores y consumidores y sus consiguientes abusos, la explotación sin límites de todos nuestros recursos naturales son aspectos que están directamente conectados con decisiones tomadas en otros centros de poder. Que Chile esté hoy a un paso de padecer otra crisis de proporciones debido a su total dependencia a la extracción de minerales y otros recursos naturales es otra muestra de la imposición, bajo el consentimiento de los gobiernos de la transición, de modelos económicos que son un traje a la medida de las grandes corporaciones.

Esto es una evidente pérdida de soberanía. La dependencia sobre nuestros países es más directa y desembozada que nunca, lo que ha quedado demostrado con el vergonzoso pacto que este gobierno ha hecho con compañías y otras naciones. Una negociación en la que está en juego, como lo ha sido en acuerdos anteriores, el destino de toda su población.

De la información que se ha filtrado, el TPP contiene aspectos que podrían aumentar nuestros niveles de concentración de mercados, de subordinación a los grandes consorcios, de restricción de derechos y pérdida de libertades. Ejemplos abundan. El Tratado ampliará el plazo de las patentes farmacéuticas, lo que impedirá el uso de medicamentos genéricos de bajo precio impidiendo el acceso oportuno a la salud. En este mismo ámbito, también protege las patentes de procedimientos médicos, lo que encarecería terapias. Otras de sus áreas de acción son las tecnologías de la información, que le darán grandes poderes a las compañías en detrimento de los usuarios a quienes se les impedirá, mediante sanciones duras, el uso libre de contenidos patentados.

El círculo se cierra con poderes omnímodos a las corporaciones, las que son, en estos terrenos, en su gran mayoría estadounidenses. Bajo las normas estatales de solución de controversias propuestas por el TPP, las grandes empresas pueden demandar a los estados ante un tribunal comercial internacional por introducir nuevas leyes – como las que protegen al consumidor – que dañen sus negocios.

Estas y otras normas apuntan a la consolidación del modelo de mercado como parte de la institucionalidad económica nacional. Una serie de obstáculos, una enrevesada trama legal que cruza fronteras para impedir la desinstalación del modelo en caso de gobiernos de distinta formación y cultura política. El TPP es la cristalización de un modelo que promueve la extrema desigualdad y aprieta y esclaviza a trabajadores y consumidores.

Ante esta situación, aún es posible que la sociedad civil organizada se levante. Lo puede hacer antes de su ratificación por el Congreso. Son demasiados los derechos que están en juego para que los entreguemos nuevamente al apetito de lucro de las corporaciones