Nuevo golpe de la Corte Suprema al proyecto de Ley Corta Anti Delincuencia

El debate sobre la seguridad ciudadana se ha apoltronado cómodamente en la agenda mediática chilena. Uno de los motivos para que esto haya ocurrido es la iniciativa de impulsar una nueva Agenda Corta Antidelincuencia, una de las prioridades del ministro del Interior, Jorge Burgos, quien defiende, entre otras medidas, el aumento de las penas y el control preventivo de la identidad.

La discusión también tuvo un destacado protagonismo esta semana durante la votación de Jorge Abbott como nuevo Fiscal Nacional. Un debate que la presidenta Michelle Bachelet se encargó de focalizar días antes de la elección: «Yo sé que hoy la seguridad ciudadana es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Por eso quien lidere la fiscalía nacional deberá jugar un rol muy importante en el combate a la delincuencia», afirmó.

Sin embargo, el controvertido debate de la seguridad y la delincuencia aparecen voces discordantes que apuestan resolver el problema a través de una solución más estructural que punitiva.

El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, basó el discurso que pronunció durante la ceremonia de juramento de nuevos abogados, el pasado 14 de octubre, en una desacomplejada crítica a la forma en como se enfrentan los asuntos sobre delincuencia.

“No es posible que se apueste a solucionarla con mayores niveles de encierro, aislamiento y exclusión. La justicia social nos impone hacernos cargo del tema, pero al mismo tiempo exigir su análisis integral, mediante medidas, acciones y mecanismos idóneos para su superación”, precisó el magistrado.

Para el presidente del máximo tribunal del país, existe un discurso recurrente de “endurecimiento de los castigos asociados a los ilícitos, la creación de nuevas figuras delictivas, de nuevas medidas que restringen la libertad personal, cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, creación de más y modernas cárceles”.

Muñoz también se refirió a la percepción social y comunitaria de la delincuencia: “Impresiona constatar las medidas que la propia comunidad ha ido adoptando a nivel personal y comunitario o vecinal: contratación de vigilancia privada, rondas de vigilancia de los propios vecinos, cámaras de seguridad cada vez más sofisticadas, rejas y cercos eléctricos, con lo cual se transmite un mensaje de inseguridad y desprotección que encuentra eco en las autoridades para obtener réditos políticos en pos de la seguridad ciudadana, legitimándolos para reclamar la aprobación de leyes penales cada vez más severas”, espetó.

La mayor tasa de internos de Suramérica

Para el juez Muñoz “el encarcelamiento de quienes delinquen no va acompañado de una real disminución de las tasas de criminalidad, como tampoco favorece el sentimiento de seguridad subjetiva de la población, a lo que se agrega la nula ayuda a la rehabilitación real y reinserción social de las personas condenadas”.

En este sentido, Alicia Gariazzo publicó a la edición chilena de Le Monde Diplomatique de este mes que “Chile es el segundo país de la OCDE, después de EEUU, con mayor tasa de presos por habitante y el primero en Sudamérica.” Y detalló que “el total de presos llega a 60.000, de 8.000 en 1990”.

La sobrepoblación de internos en las cárceles del país genera un complejo hacinamiento que finalmente se traduce, tal y como describe el juez Muñoz, en “un espacio institucional de violencia, desigualdad, desconfianza y malos tratos”, “un espacio institucional que recibe el fracaso social: la pobreza, la marginación, la ausencia de educación… la enfermedad mental, las toxicomanías y las consecuencias de esta sociedad consumista, de gratificación inmediata”.

Una fórmula alternativa

En la opinión del magistrado, “la salida a la crisis de legitimidad y eficacia del sistema penal no pasa por una mayor represión punitiva a través de la denominada Tolerancia Cero, ni mediante la creación de leyes más severas cada vez que se produce un clamor social mediático de inseguridad ciudadana”.

Para el juez, es tarea “al interior de los hogares, colegios y de la comunidad, de la mano de las acciones de la autoridad, el camino que nos puede conducir a una reducción efectiva de la delincuencia”.

La denuncia de Muñoz coincide con la posición manifestada por el conjunto de la Corte Suprema a finales de septiembre, en un informe encargado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, que tiene entre manos el proyecto de Ley Corta Anti Delincuencia. El máximo tribunal calificó de “retroceso” la iniciativa y advirtió que castigará “con mucho más rigor” los delitos que podríamos considerar “menores”, una dinámica que alimenta la criminalización de la pobreza y de los sectores más vulnerables.

Meritxell Freixas