Lo que no se cuenta del paro del Registro Civil

El paro del Registro Civil es la primera gran batalla entre el gobierno de Bachelet y los trabajadores. Las políticas de austeridad impulsadas por el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés han generado una serie de prácticas y dichos del gobierno de la Nueva Mayoría que dan cuenta de que la mano viene dura para los trabajadores del Estado.

El viernes fue removida de su cargo la directora del Registro Civil fue por no haber descontado horas y no iniciar sumarios a los trabajadores que van a cumplir casi un mes en paro por exigir un bono acordado con el anterior ministro de Justicia y que la actual ministra, Javiera Blanco, se niega a cumplir.

La directriz viene dada por el ministro de Hacienda, quien hace pocas semanas en la Cámara de Diputados, iniciando la discusión del presupuesto público para el año 2016, llamó a los parlamentarios a contener las demandas de los trabajadores.

Bajo el argumento de los magros índices de crecimiento, Valdés dijo en la ocasión que “cada vez que venimos a una discusión de un proyecto de ley de modernización de cualquier cosa, rápidamente se transforma en una discusión de mejoras salariales y contratación. Eso es lo que tenemos que empezar a contener en serio hacia los próximos años, porque si no, fiscalmente el total no va a cuadra”.

En el paro del Registro Civil la salida vislumbrada por el gobierno es que los trabajadores acepten la presión mediática y laboral que están experimentando y depongan el paro sin haber conseguido sus demandas.

Un paso en ese sentido fue la destitución de la anterior directora del organismo el viernes pasado y su reemplazo por Luis Acevedo. La decisión, según La Segunda, fue definida desde la Moneda por la presidenta Bachelet.

La orden del día, transmitida por la ministra Blanco, es iniciar a partir de este lunes, sumarios a los trabajadores movilizados y el descuento de los días en paro.

DE EMPLEADA DE AGUSTÍN EDWARDS AL GABINETE DE BACHELET

La ministra Blanco ha demostrado su inflexibilidad para enfrentar la demanda laboral. A casi un mes de iniciado la paralización no ha querido recibir a los trabajadores. Su respuesta es que el acuerdo del ex ministro Gómez es inviable porque “no hay plata”.

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Las respuestas de la ministra a los trabajadores en paro es que «nosotros teníamos un compromiso, que se traducía en que hablamos con la directiva y señalamos que teníamos la posibilidad de tramitar un proyecto de ley durante el próximo año para avanzar en mejoras, en miras a obtener mejoras en 2017». O sea, postergar el cumplimiento del bono.

Javiera Blanco goza del respaldo de Bachelet y el apoyo de los medios. Su dureza fue ganada siendo ex empleada de Agustín Edwards en la Fundación Paz Ciudadana, espacio que la convirtió en el brazo derecho del dueño de El Mercurio en temas de seguridad ciudadana y hoy en su enlace con el gobierno.
Blanco es esposa de Eugenio Ortega, hijo de la senadora Carmen Frei, y es partidaria de la Democracia Cristiana. Pese a que no milita en dicho partido, se le reconoce cercana a Soledad Alvear, Gutenberg Martínez y el desprestigiado senador Jorge Pizarro. También tiene sintonía con Patricio Walker y Jorge Burgos.

LAS AMENAZAS DE ALEUY

El viernes también el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, amenazó a los funcionarios en paro de aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado. Dicha legislación fue creada bajo la dictadura de Pinochet y la presidenta Bachelet en su anterior gobierno no la pensó dos veces para aplicarlas con los mapuche en su conflicto con las forestales que han secado su territorio.

La amenaza de Aleuy fue rápidamente desmentida a las horas por el subsecretario general de Gobierno, Marcelo Díaz. Claro que al vocero le duró poco el ánimo conciliador y este domingo se sumó a la estrategia gobierno-medios de culpar a los trabajadores de la paralización. «La radicalización de la movilización sólo le hace más daño a los chilenos y lo que hemos planteado es que depongan la movilización para volver a dialogar»- sostuvo Díaz.

Además infirió que los trabajadores movilizados tienen a “los ciudadanos como rehenes”.

La misma tónica fue expresada por la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, para quien “los trabajadores del registro civil están vulnerando los derechos de hombres y mujeres”

MOVILIZACIÓN EN ASCENSO

El gobierno exige deponer la movilización para volver a dialogar y los trabajadores están conscientes de que si el gobierno no cumplió la promesa hecha por Gómez, nada asegura que en el futuro los acuerdos serán respetados. Hoy están hace ya casi un mes paralizados recibiendo una fuerte presión del gobierno y de los medios. De esta forma, sólo en la actual coyuntura de paralización podrían conseguir el pago del bono adeudado, que por lo demás, ni siquiera tiene un monto fijo.

Hacia donde se incline la balanza determinará el curso de la negociación por aumento de salarios de todo el sector público que se viene para noviembre. Ya el presidente de la Agrupación de Empleados Fiscales, (ANEF), Raúl de la Puente, aseguró que se viene una movilización ascendente por parte de los trabajadores públicos. Todo en medio de la discusión de la Reforma Laboral.

Al otro lado está el ministro Valdés con el respaldo de Bachelet, con el argumento de que no hay plata para reajustar a los trabajadores, a quienes en su visión sólo les corresponde guardar las demandas y quedar esperando.

La batalla recién comienza.

Mauricio Becerra Rebolledo
@kalidoscop
El Ciudadano

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