Según Amnistía Internacional, Colombia debe priorizar los derechos de los pueblos originarios

El acceso a tierras ricas en recursos y el uso de esas tierras es una de las cuestiones más cruciales en las negociaciones de paz entre el gobierno y el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que tienen lugar actualmente en La Habana, Cuba. Muchas de las personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares a causa del conflicto armado buscan fórmulas para regresar a sus tierras y reclamarlas.

“La propiedad y ocupación de tierras ha sido uno de los ejes fundamentales de la brutal guerra de Colombia, en cuyo contexto unos 6 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares desde 1985 a causa de la violencia. Cualquier acuerdo de paz carecerá de sentido a menos que los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes a regresar a sus tierras y a decidir cómo se usan tengan prioridad sobre el deseo de las empresas de explotar esas tierras en su propio beneficio”, ha afirmado Erika Guevara Rosas, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.

Unos 6 millones de personas han sido objeto de desplazamiento forzado de sus hogares como consecuencia del conflicto armado de Colombia. Al menos 8 millones de hectáreas de tierra –aproximadamente el 14 por ciento del territorio del país– han sido abandonadas o adquiridas ilegalmente. Los afectados son en su mayoría comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas cuya existencia depende de que puedan vivir de sus tierras.

Muchas de estas comunidades se han visto obligadas a abandonar sus tierras en repetidas ocasiones después de años de amenazas y homicidios de las fuerzas de seguridad, los paramilitares, que a menudo actúan en connivencia con los militares, y las fuerzas guerrilleras. En muchos casos, el desplazamiento tiene lugar en zonas con potencial para la explotación económica, incluida la minería.

A lo largo de los años, las autoridades colombianas han otorgado licencias a empresas mineras y de otros sectores que pretenden explotar estas tierras y sus inmensos recursos naturales, y en el caso de los territorios de las comunidades indígenas y afrodescendientes lo han hecho a menudo sin consultar de manera adecuada a estas comunidades y sin obtener su consentimiento libre, previo e informado.

En 2012, el gobierno puso en marcha un programa de restitución de tierras y reparaciones para algunas de las víctimas del conflicto armado. El proceso constituyó un importante paso adelante en los esfuerzos para abordar la cuestión de los derechos de las víctimas, pero ha avanzado con excesiva lentitud y su implementación ha sido deficiente.

El número de personas que reclaman la restitución de sus tierras que han podido regresar o conseguir la propiedad legal de esas tierras ha sido relativamente escaso, y las autoridades no han garantizado un apoyo efectivo a quienes han podido regresar.

Además, disposiciones legales introducidas por el gobierno podrían dificultar de hecho que quienes se vieron expulsados de sus tierras recuperen su propiedad legal y su control efectivo. Por ejemplo, la Ley 1753, aprobada por el Congreso en junio de 2015, podría facilitar las operaciones de las empresas en tierras adquiridas indebidamente o en tierras sobre las cuales se ha conseguido el control mediante abusos y violaciones de derechos humanos, incluso en territorios que son propiedad colectiva de comunidades indígenas y afrodescendientes.

Desde 2008, las autoridades colombianas han registrado solicitudes de explotación minera y han concedidos títulos para tales actividades a empresas multinacionales en más del 60 por ciento del territorio de la comunidad indígena de Alto Andágueda, en el departamento noroccidental de Chocó, lo que pone en peligro la existencia misma de la comunidad.

Sin embargo, en septiembre de 2014 recayó sobre Alto Andágueda la primera sentencia judicial favorable a la restitución de territorio indígena.

La sentencia hizo concebir esperanzas a los miles de personas que se habían visto obligadas a huir de la violencia de las fuerzas de seguridad, los paramilitares y los grupos guerrilleros que combaten por el control de esta zona rica en recursos. Sin embargo, las autoridades no han implementado muchas de las medidas ordenadas por los jueces encargados de resolver casos de restitución para garantizar que la comunidad pueda sostenerse en su territorio.

“Para las personas indígenas, afrodescendientes y campesinas, el acceso a la tierra no es un capricho, sino una parte intrínseca de su identidad y su existencia como comunidades. Al no apoyar de manera efectiva el retorno sostenible de estas comunidades, las autoridades colombianas sencillamente están condenando a miles de personas a la pobreza y a la persistencia de violaciones y abusos de derechos humanos”, ha afirmado Erika Guevara Rosas.

Los problemas de tierras de Colombia en cifras

48,2 millones: número de personas que viven en Colombia (estimación de 2015).

50: número de años que Colombia lleva inmersa en un conflicto armado.

260.000: número de personas, la mayoría civiles, que han perdido la vida desde que comenzó el conflicto armado en la década de 1960. Decenas de miles de personas han sido víctimas de secuestro o desaparición forzada desde entonces.

Unos 6 millones: número de personas que han sufrido desplazamiento forzado.

Al menos 8 millones: número de hectáreas de tierra que han sido abandonadas o adquiridas por la fuerza como consecuencia del conflicto, aproximadamente el 14% del territorio de Colombia.

Al menos 1,4 millones: número de indígenas en Colombia. Más del 70% viven en zonas rurales.

Casi medio millón: número de personas indígenas que no tienen reconocimiento oficial de sus derechos colectivos a la tierra.

Entre 4 y 10 millones: número de personas en Colombia que se identifican como afrodescendientes.

Fuente: Amnestia Internacional