Justicia condenó a Jumbo y Paris por vulneración de derechos de trabajadoras

En menos de una semana dos empresas del holding CENCOSUD, perteneciente al empresario Horst Paulmann, fueron condenadas por la justicia por vulnerar los derechos fundamentales de dos trabajadoras de Jumbo y Paris. Entre ambas tiendas deberán pagar alrededor de $16 millones por concepto de indemnizaciones.

JUMBO

El pasado 29 de octubre, el Juzgado de Letras del Trabajo de Talca estableció que Jumbo Supermercado Administradora Limitada «vulneró el derecho de la denunciante doña MARIA JOSE GONZÁLEZ REYNAUD a no ser discriminada en razón de su sindicación y a no ser objeto de represalias por parte de su empleador». La resolución forma parte de la causa RIT T-32-2015, abierta con ocasión del despido de la trabajadora, ocurrido el 24 de junio de 2015.

La empresa entonces argumentó que el despido se produjo por la causal de «necesidades de la empresa». Sin embargo, como se lee en la sentencia, la defensa de la demandante denunció que la razón fue haber sido socia del Sindicato Nacional de Empresa Administradora Jumbo Temuco S.A., «el que durante los últimos meses del año 2014 enfrentó un proceso de negociación colectiva del cual ella participa en todas sus expresiones y que concluyó con la suscripción de un contrato colectivo de trabajo a fines del mes de diciembre del recién pasado año, comenzando, apenas termina el fuero correspondiente, a despedirse  para desarticular el sindicato, pues todos los que han sido despedidos participaron en manifestaciones  en el contexto de la señalada negociación». La trabajadora agregó que, por el contrario, «aquellos que no participaron en las manifestaciones fueron de una u otra forma premiados».

Por otra parte, la mujer agregó que su despido se debió también a que el 18 de agosto del 2014 denunció a su empleador ante la Inspección del Trabajo de Talca, específicamente por los malos tratos recibidos de parte del gerente de local en Jumbo Talca, Ricardo Mosquera Hormazabal, a quien atribuyó «ataques sicológicos».

La justicia condenó a Jumbo a pagar a la trabajadora una indemnización de alrededor de $9 millones, además de obligar a la empresa a cancelar $700 mil más por concepto de prestaciones laborales adeudadas y no pagadas.

Como medida de reparación adicional, Jumbo deberá capacitar a todas las jefaturas del local Jumbo Talca, en especial a Ricardo Mosquera, en materia de Derechos Fundamentales dentro de la empresa.

Horst Paulmann, dueño de CENCOSUD

PARIS TAMBIEN

Menos de una semana después de la resolución contra Jumbo, el pasado 4 de noviembre Paris Talca fue condenado también por vulneración de derechos fundamentales, con ocasión del despido de la trabajadora Carmen Cornejo González, en la causa RIT T-41-2015, tramitada igualmente en el Juzgado de Letras del Trabajo de esa ciudad.

En este caso, Cornejo fue despedida el 30 de junio de este año por la misma razón de «Necesidades de la empresa establecimiento o servicio» que se argumentó en el caso de Jumbo. Sin embargo, la trabajadora expuso ante la justicia los antecedentes que habrían condicionado su desvinculación, mencionando que en abril de este año declaró en calidad de testigo ante los funcionarios de la Inspección Provincial del Trabajo de Talca, en el contexto de una investigación por hechos y conductas vulneratorias de derechos fundamentales expuestos por otra trabajadora, en contra de la jefa directa de ambas, Marcela Ramírez Tapia.

«Desde ese entonces el clima laboral se vio modificado en la empresa, y de tener una relación laboral cordial con mi jefa, esta pasó a ser más cortante. De allí en adelante fueron tomadas múltiples represalias en mi contra, hasta desembocar en esta última que me hace verme enfrentada a la pérdida de mi empleo, todo como una suerte de revanchismo por la declaración testimonial desfavorable para mi empleador», declaró Carmen Cornejo.

La justicia estableció que Paris «incurrió en vulneración del derecho a la garantía de indemnidad laboral de la demandante», obligando a la empresa a pagarle alrededor de $5 millones por concepto de indemnizaciones, además del pago de las costas del juicio por un monto de 1 millón de pesos.

Junto con eso, le exigió confeccionar un tríptico «con información relativa a la importancia y protección legal de los derechos fundamentales de sus trabajadores», para ser distribuido a todos sus funcionarios, además de la implementación de un curso de capacitación relativo a la tutela de derechos fundamentales de los trabajadores y específicamente sobre la garantía de indemnidad laboral.

Por Daniel Labbé Yáñez