El papel de los Matte en colusiones y crímenes en el más reciente libro de Javier Rebolledo

Con la publicación del libro “A la sombra de los cuervos. Los cómplices civiles de la dictadura” (Ceibo Ediciones, 2015), del periodista Javier Rebolledo, muchas de las alianzas macabras en las cuales se han visto involucradas las generaciones recientes de la familia Matte salieron a la luz. Éstas incluyen crímenes y conspiraciones que también son materia de investigación y por las cuales están pendientes las respuestas por parte de ellos, solicitadas por el autor en más de una ocasión de manera infructuosa. Las deudas por saldar son mucho más graves que una violación a la ley del mercado que ellos han predicado defender, deudas que los vinculan con la conspiración y con los crímenes derivados del golpe cívico militar.

Tanto en el libro como en un artículo reciente de Javier Rebolledo se establece cómo la empresa que hoy dirige Eliodoro Matte –otrora funcionario del Servicio Nacional de Salud (SNS) y del Laboratorio Chile, en el cual influyó para su privatización-, desde 1974 –a menos de un año de instaurada la dictadura cívico militar- se vio beneficiada por la promulgación del Decreto Ley 701, subsidio estatal para empresas forestales (entiéndase la propia CMPC y Forestal Arauco), que bonifica las plantaciones de pino y eucaliptos hasta en un 75%, y en cuya redacción y promulgación operaron dos ex funcionarios de esa misma compañía conocida como La Papelera: Fernando Léniz, como ministro de Economía, y Julio Ponce Lerou, como director de la Conaf.

Además, la hermana mayor de Eliodoro, Patricia, también propietaria de la hoy cuestionada CMPC, trabajó con Miguel Kast en Odeplan, organismo desde el cual se impulsaron muchos de los cambios económicos y sociales realizados durante la dictadura, los cuales, según defiende la tesis del libro “A la sombra de los cuervos…”, no se habrían podido realizar sin la política de exterminio, torturas y amedrentamiento que se instauró con la dictadura cívico-militar.

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Rebolledo, en su libro, ha entregado los antecedentes, también, que demuestran que el marido de Patricia, Jorge Gabriel Larraín Bunster, fue uno de los creadores de “El Ladrillo”, manual clandestino que estableció las bases políticas del libre mercado y las consecuentes privatizaciones de las empresas del Estado. Él, además de su participación en el directorio de “la Papelera” -señala en su libro el periodista de investigación-, representa los intereses del clan en la Minera Valparaíso, principal sociedad de inversiones del mayor grupo económico del país y que hoy controla Banco BICE, CMPC, Colbún, Entel, y Puertos y Logística, entre otras empresas estratégicas.

Otro de los miembros de la familia, Bernardo, el menor de los hermanos, también propietario y director de CMPC, durante su juventud fue militante de Patria y Libertad y es conocido en el mundo político como uno de los principales operadores de Renovación Nacional. Ahora está a cargo del área financiera del holding, por medio de Bicecorp.

Hay que recordar que la incorporación de la CMPC al área social, expropiándola dado su carácter monopólico, fue uno de los objetivos centrales del mandato de Salvador Allende, incluso durante la campaña antes de su elección. Fue una batalla política y mediática notoria durante el gobierno de la Unidad Popular. Bajo el lema “La Papelera No”, la CMPC -directorio presidido en la época por el ex presidente de la República Jorge Alessandri Rodríguez, hermano de Esther, casada con Arturo Matte-, se defendió por todos los medios de comunicación a su alcance, con ayuda especial de El Mercurio, propiedad de la familia Edwards.

En el caso de Laja y San Rosendo, las víctimas eran empleados de Ferrocarriles del Estado y trabajadores asalariados, contratados por la CMPC. En sucesivas operaciones, a los pocos días del 11 de septiembre de 1973, carabineros de Laja los detuvieron en sus lugares de trabajo, en la vía pública o en sus casas. Los detenidos de “la Papelera” -denunciados y señalados por ejecutivos y empleados administrativos de la empresa-, así como los trabajadores de Ferrocarriles, fueron torturados en la propia tenencia de Laja y, en la madrugada del 17 de septiembre de 1973, sacados del calabozo y subidos a un bus utilizado por la CMPC para trasladar trabajadores.

En su investigación, Javier Rebolledo señala que los secuestrados, maniatados con alambres, fueron trasladados hasta un predio forestal. Ahí los fusilaron, los cubrieron con cal y los enterraron entre los pinos. Transporte, alambres, cal y plantaciones forestales propiedad de la CMPC, tal como se establece en una minuciosa investigación que hace parte de su libro.

Días después, un transportista de la Forestal Mininco, integrante de “la Papelera”, encontró los cadáveres desenterrados y parcialmente devorados por los perros. Según declaró el chofer en una causa judicial llevada a cabo en 1979 por el ministro en visita José Martínez Gaensly, descubrió también palos ensangrentados, usados probablemente para rematar a los trabajadores que habían quedado con vida luego del fusilamiento, que fue además por la espalda.

El camionero había dado con los cuerpos ya que su superior, un despachador de maderas de Mininco, le dijo que cuando llegara a ese predio se iba a encontrar con una “sorpresa”. Luego, un jefe superior, identificado como Roberto Izquierdo Menéndez, quien este año 2015 declaró en la causa que lleva hoy el ministro presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, confirmando haber recibido la información del hallazgo y que le señaló a su subalterno que guardara silencio respecto del hallazgo. Complicidad que está por resolverse de qué manera debe pagar.

Izquierdo Menéndez, hoy en día jefe del poderoso clan que lleva sus dos apellidos, es propietario del Diario Financiero, socio de los Matte en Entel, y miembro de una de las “siete familias” dueñas de las mayores pesqueras del país y beneficiadas con la polémica Ley de Pesca –que ha desatado el llamado “caso Corpesca”, develando la existencia de coimas a políticos de la UDI, la DC y el Partido Socialista, para elaborar y aprobar una ley que aseguró la división y propiedad de una parte importante del mar chileno en beneficio de un puñado de grandes empresarios-.

La responsabilidad en el silencio cómplice de la familia Matte y sus colaboradores, pero también de manera activa en el soporte de suministros para realizar algunos de los más horrendos crímenes de la dictadura, es parte de la tarea pendiente por investigar por parte de los organismos del Estado que, a juicio de Javier Rebolledo, autor de ‘A la sombra de los cuervos…” y de los representantes de su casa editorial, Ceibo Ediciones, es vital para avanzar en hacer justicia y establecer la verdad que hoy en día demanda el país.