“De los hechos acreditados en el expediente, resulta claramente posible y altamente probable la intervención de terceros en la muerte de D. Pablo Neruda”.
Ésta es la principal conclusión de un escrito elaborado el pasado 25 de marzo por el Programa de Derechos Humanos (PDH) del Ministerio de Interior, que forma parte de un cuaderno reservado de la causa 1038-2011, Caso Neruda, y fue dado a conocer por el diario español El País el jueves 5.
La presentación, de 11 páginas, lleva las firmas del exsecretario ejecutivo del PDH, Francisco Ugás Tapia; y del jefe de su Área Jurídica, Rodrigo Lledó Vásquez, y está dirigida al ministro en visita que sustancia este caso, el juez Mario Carroza.
“Desde el punto de vista probatorio, es posible concluir que (…) no se estableció en su momento, ni tampoco durante el curso de la investigación, que la muerte (de Neruda) se haya producido a consecuencia del cáncer que sufría”, señala el informe en sus conclusiones.
Allí se establece además que “de haber existido la intervención de terceros, ésta habría consistido en la inoculación, mediante una inyección en el abdomen del poeta, durante su estancia en la Clínica Santa María, de sustancias aún no determinadas en la investigación, y que le habrían producido la muerte aproximadamente seis horas más tarde”.
En la nota de El País se destaca que este informe es la principal revelación del libro –próximo a aparecer– Neruda, el príncipe de los poetas (Ediciones B), del historiador Mario Amorós, biógrafo del poeta.
Cabe consignar que el PDH determinó hacerse parte querellante en esta causa (rol 1038-2011) el pasado 9 de enero.
En el informe del Ministerio de Interior se da crédito a lo planteado en el transcurso de la causa por el asistente de Neruda y testigo clave del caso, Manuel Araya Osorio: “Sus dichos (…) no difieren en lo esencial en cuanto a hitos relevantes de la secuencia de eventos que se produjeron en esos días”. Se agrega que “hay un hecho que ha podido ser corroborado y que refuerza la tesis de la intervención de terceros en la muerte de D. Pablo Neruda, y es que, efectivamente, D. Manuel Araya Osorio estuvo detenido en el Estadio Nacional, según da cuenta en documento que se acompaña en el otrosí de esta presentación”.
Se alude al libro La verdad histórica, el ejército guerrillero, del exjefe de la Dirección de Inteligencia Nacional, Manuel Contreras Sepúlveda. En la página 16 de éste aparece una lista de prisioneros en el santiaguino Estadio Nacional, donde figura Araya acompañado de la siguiente descripción de su actividad: chofer de Neruda.
En la presentación del Ministerio de Interior se destaca que “la aprehensión del señor Araya y su posterior reclusión en el Estadio Nacional, en la época convertido en un centro de prisión y torturas, da cuenta de que el aparato de seguridad sí tenía certeza de su objetivo y de los medios para obtener el resultado esperado”.
Versión oficial desacreditada
En el informe de los abogados Ugás y Lledó destaca como una primera y severa irregularidad de este caso el hecho de que a Neruda no se le haya practicado autopsia.
Además se consigna que el médico tratante, el urólogo Roberto Vargas Salazar, extendió el certificado médico de defunción “vía telefónica, desde su domicilio, sin examinar al paciente, anomalía que se ha justificado en la circunstancia de haber estado vigente el toque de queda”.
Según consigna un informe del Servicio Médico Legal (SML) mencionado en la presentación de Ugás y Lledó, la no realización de una necropsia –que fue justificada en la época por la ausencia de sospechas de ser un hecho violento– significó “la pérdida de oportunidad de establecer de manera certera tanto la(s) patología(s) presente(s) en el cuerpo de la víctima como la causa de muerte específica”.
También se enfatiza que no se han hallado documentos de gran relevancia que faciliten la determinación de la causa real de muerte. Entre éstos se cita: la ficha médica como paciente de la Clínica Santa María, la biopsia de próstata y un examen histológico.
En el certificado de defunción de Neruda (número 622 de 1973) se establece como causa inmediata de muerte una “metástasis cancerosa”; como causa originaria: “cáncer prostático”.
En el informe se recalca que en el Caso Neruda se exhiben antecedentes “que, ponderados conjuntamente, permiten, a juicio de esta parte, presumir una posible intervención de terceras personas en la muerte de D. Pablo Neruda”.
Entre éstos destaca “su importancia intelectual y política”. En tal sentido se pone de manifiesto que Neruda “era la personalidad más relevante de la intelectualidad chilena en ese momento, con un reconocimiento mundial sin precedentes”. Se agrega: “No sólo se le concedió el Premio Nobel de Literatura en 1971; también se le había conferido un doctorado honoris causa en la Universidad de Oxford”, subrayándose que había sido considerado por el escritor Gabriel García Márquez como “el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma”.
Referido a su relevancia política, se recuerda que había sido senador del Partido Comunista (PC), precandidato a la Presidencia de Chile y embajador en Francia, y que al ocurrir del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 y su muerte, 12 días después, Neruda era además miembro del Comité Central de su partido.
El informe agrega que entonces miles de militantes del PC estaban siendo encarcelados, torturados, asesinados o hechos desaparecer. Más aún, se hace ver que Neruda “era el candidato ideal para encabezar un gobierno en el exilio”.
Ugás y Lledó –quienes contaron con el apoyo del abogado Hugo Pavez en la redacción de su informe– hicieron, a propósito de lo anterior, la siguiente reflexión: “Es interesante constatar que, de una forma u otra, la dictadura siempre logró impedir que se formara un gobierno en el exilio, que desde el extranjero reclamara el regreso a la democracia y el término a las violaciones a los derechos humanos”.
Recordaron los asesinatos del excomandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats González, perpetrado en Buenos Aires el 30 de octubre de 1974; y el homicidio del excanciller de Salvador Allende, Orlando Letelier, en Washington el 21 de septiembre de 1976.
En relación con el estado de salud de Neruda, se pone de manifiesto el hecho de que diversos testimonios confirman que el poeta no estaba en estado agónico al momento de morir.
Se cita el testimonio del entonces embajador Gonzalo Martínez Corbalá quien –a fojas 372 del expediente de esta causa– se refiere al encuentro que tuvo con Neruda un día antes de su fallecimiento: “Neruda se encontraba en absoluta normalidad (…) durante el largo rato que permanecimos juntos no advertí en él ningún signo que evidenciara que estaba en estado agónico, que no pudiera hablar ni valerse por sí mismo. Al contrario, hablaba y actuaba normalmente”.
La gran falencia del informe del Ministerio de Interior es que no descartó definitivamente la caquexia –estado extremo de desnutrición descrito como causal de muerte por Vargas Salazar en certificado médico de defunción de Neruda- en circunstancias que el fotógrafo brasileño Evandro Teixeira registró imágenes de Neruda en su urna fúnebre –que aún se conservan- y que demuestran que no estaba en estado de desnutrición ni mucho menos.
La inyección
El corresponsal estableció contactó con Manuel Araya para conocer sus impresiones respecto al informe del PDH.
Aunque no quiere ahondar hasta conocer en detalle dicho informe, expresa su “gran alegría porque se haya podido establecer la verdad”. También hizo un reconocimiento al semanario mexicano que destapó el crimen: “Gracias a Proceso salió la investigación adelante… sin su participación esto hubiera muerto en el olvido”.
La edición 1801 de este semanario –del 8 de mayo de 2011– contiene el reportaje “Neruda ‘fue asesinado’”, firmado por el corresponsal.
Allí salió a la luz la largamente proscrita versión de Araya. Durante años éste había intentado infructuosamente decir que Neruda había sido asesinado. Tocó mil puertas sin ser escuchado.
En lo esencial, Araya reveló entonces que a Neruda se le inyectó una sustancia venenosa cuando estaba en la Clínica Santa María, de Santiago, a las 16:00 horas del 23 de septiembre de 1973, cuando en el aeropuerto Pudahuel lo esperaba un avión enviado por el gobierno mexicano, que buscaba rescatar al poeta. Araya expresó además que ese 23 de septiembre él fue baleado y secuestrado por agentes desconocidos y luego llevado al Estadio Nacional.
Tanto la existencia de dicha inyección como del avión mexicano han sido confirmadas por la investigación llevada por el juez Carroza, tal como destaca el informe del PDH, que valida plenamente la tesis de Araya.
La inyección ya aparecía mencionada en una nota del diario El Mercurio, el 24 de septiembre de 1973, donde además se menciona que ésta le provocó un posterior infarto. Pero nunca más se habló de eso.
Martínez Corbalá confirmó –en 2012– a este corresponsal que al momento de morir Neruda, un avión de gran tamaño enviado por el presidente Luis Echeverría lo esperaba en el aeropuerto y debía despegar a primera hora del 24 de septiembre.
Cabe consignar que El Ciudadano –impreso y digital- ha dado amplia cobertura a las investigaciones de este autor sobre el caso Neruda, informando hasta hoy al público chileno respecto de los avances de las investigaciones en la materia.
Un “elemento extraño”
El Caso Neruda se encuentra en etapa de sumario, concentrándose las pesquisas en estudios genómicos y toxicológicos. Uno de los antecedentes que más han provocado revuelo y reforzado la tesis del asesinato es un informe, de mayo pasado, del forense de la Universidad de Murcia y miembro de la Comisión Internacional de Expertos del Caso Neruda, Aurelio Luna, que sostiene que en los restos del poeta se encontró la bacteria estafilococo dorado multirresistente, definida como un “elemento extraño” no asociado al cáncer que presuntamente afectaba al Premio Nobel chileno.
La segunda semana del pasado octubre se reunieron en la capital chilena 13 expertos de esa comisión internacional. Como dijo a este semanario la abogada Elisabeth Flores, el objetivo principal de la reunión fue intentar dilucidar el ADN de esta bacteria “para saber cuál es su procedencia”. Enfatizó que en ese tiempo “el estafilococo dorado multirresistente no existía en Chile” y “habría sido criado en un laboratorio”.
Aunque el señalado informe del Ministerio de Interior constituye un gran avance en el caso Neruda, deberán ser el SML y Carroza quienes digan la última palabra.
Sin embargo, tanto el SML como Carroza han cometido graves errores y omisiones que hacen dudar de la calidad de sus investigaciones.
El traspié más severo ocurrió el 8 de noviembre de 2013. Ese día el director del SML, Patricio Bustos, acompañado por dicho magistrado y peritos de la comisión internacional, presentó ante la prensa las que según él eran las conclusiones definitivas de esta comisión: “No se ha encontrado evidencia forense alguna que permita establecer una etiología médico-legal por causas no naturales en la muerte de Pablo Neruda”.
Sorprendido por el tono lapidario de las palabras de Bustos, que nítidamente apuntaban a cerrar la causa y validar la versión oficial emanada en tiempos de dictadura, el abogado y sobrino de Neruda, Rodolfo Reyes, expresó en voz alta y cuando todos se levantaban de sus asientos para irse: “lo único que arroja el informe es que Neruda tenía cáncer pero no que murió de cáncer”. Reyes exigió delante de todos que Carroza se pronunciara.
El Juez respondió. Dijo que efectivamente el caso no se cerraba aún y que para poder tomar una definición final “era necesario tener todos los antecedentes y en este momento no sabemos si los tenemos todos”.
Increíblemente, en la entrega de las conclusiones de ese informe oficial de noviembre de 2013 Bustos no informó la que quizás era la conclusión más importante del mismo. Esta aparecía en el punto V, inciso D de dicho informe: “Dadas las características de la matriz biológica disponible, las condiciones de conservación y el tiempo transcurrido, no puede descartarse la posible presencia pretérita de sustancias que por sus características físico-químicas podrían haberse degradado”.
Esa falencia fue consignada en el reportaje El caso Neruda sigue abierto de este corresponsal (Proceso 1934).
El PDH también estuvo atento a corregir esta carencia: mencionó esa ocultada conclusión en el primer ítem de su referido y reciente escrito al juez Carroza:
La negatividad en los resultados de los estudios toxicológicos en
hueso a 40 años del fallecimiento de Pablo Neruda (distinta a agentes
químicos esperables de encontrar como terapia farmacológica) no
permiten descartar ni confirmar la posibilidad que horas antes de su
fallecimiento el paciente pudiera haber recibido algún agente (químico,
biológico o radioactivo) que potencialmente perjudicara su estado de
salud en forma aguda».