Tras 25 días de movilización y huelga, dirigentes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Minera Carola, Saver y Coemin, se reunieron con los diputados Lautaro Carmona (PC), Carlos Vilches (UDI), Alberto Robles (PRSD) y Giovanni Calderón (UDI) para exponer los principales problemas y demandas contra la empresa Jonás Gómez de la región de Atacama. Parlamentarios se comprometieron a aunar esfuerzos e interceder con máximas autoridades de gobierno y de la empresa para buscar una pronta solución.
Denunciando prácticas antisindicales, despidos de trabajadores, declaraciones de sueldo abultadas, montaje hacia los medios de comunicación y el desconocimiento total del proceso de negociación de los trabajadores por parte de la empresa Coemin, los dirigentes llegaron hasta el Parlamento para buscar el apoyo de los representantes de su zona minera.
Luis Corrotea, presidente del Sindicato Coemin y también quien preside la Federación de Trabajadores de Sindicatos de Minera Carola, Saver y Coemin, se refirió a los despidos y la serie de irregularidades que se han sucedido desde el 19 de marzo cuando los trabajadores presentaron el contrato colectivo, situación que llegó hasta la Corte de Apelaciones de Copiapó.
Corrotea indicó que la situación de los trabajadores es de tal gravedad que la Iglesia de Copiapó buscó interceder en una reunión entre las partes, sin embargo, el mismo obispo señaló que no existe voluntad de la empresa para dialogar, gesto que fue agradecido por los dirigentes por la sensibilidad y apoyo a las familias entregado por la Iglesia.
Javier Castillo, Presidente de la CUT Provincial Copiapó señaló que “nos reunimos el pasado lunes con los propietarios, pensando muy esperanzados que ellos al tener la información de primera mano se iban a sentar a dialogar, pero obtuvimos lo contrario y nos plantearon directamente que no hay acuerdo y que no pretender negociar más, lo que me preocupa mucho, más aún por la visión crítica que tiene Gómez sobre las políticas mineras de Chile y de Enami en particular”.
Frente a todos estos antecedentes, el diputado Lautaro Carmona indicó que “los cuatro diputados estamos dando una señal de unidad, donde la única motivación es el interceder para que ustedes tengan una solución pronta y efectiva. Nuestra voluntad es agotar las instancias para que se resuelva esto y esto va más allá de orientaciones políticas de cada uno, sino que en beneficio de la región y los trabajadores”, explicó.
En tanto, el diputado Giovanni Calderón puntualizó que “estoy claro que la posición de los trabajadores es razonable y no tiene nada de cuestionable, así es que en la práctica lo que nosotros como parlamentarios debemos hacer es asumir un papel de liderazgo en las gestiones con los propietarios de la empresa”.
Por su parte, el radical Alberto Robles agregó que “este no es un tema político, es un tema de personas y hay que tomar todas las medidas que tengan implicancia desde el punto de vista laboral para ponerle atajo y abordarlo desde la fuerza que tiene la legislación vigente. La intendenta tiene que dar las instrucciones para que el aparato público apoye la solución del problema”.
El diputado Carlos Vilches, al igual que sus pares, fue enfático en señalar que “éste es nuestro rol e interceder para que una autoridad de peso se comunique con los dueños de la minera, cosa que sin duda aceleraría los procesos, sin dejar de lado que como empresa deben dar cumplimiento a todas las normativas vigentes”.
Así, los parlamentarios en conjunto señalaron su compromiso de seguir trabajando e interceder ante los propietarios, autoridades de gobierno regionales y nacionales y agotar las instancias para que este conflicto pueda tener una pronta salida, y es por eso que señalaron que ya han tenido la oportunidad de plantear el tema a los Ministros de Trabajo y del Interior.
Por último, el diputado Lautaro Carmona indicó que se deben hacer los esfuerzos en materia legal para que se le entregue más protección a los trabajadores cuando termine un conflicto y se analicen los despidos que se hayan realizado, no sólo de los dirigentes, sino que en general, así como para que ninguna empresa del Estado pueda jugar un papel que se pueda interpretar como un debilitamiento de un conflicto o movilización.
En tanto, este jueves tres trabajadores, además de la esposa de uno de éstos han iniciado una huelga de hambre indefinida, lo que demuestra, a juicio de los dirigentes, que este conflicto ha traspasado el ámbito laboral para instalarse como una problemática social.
Por Macarena Benítez
El Ciudadano