Silvia Inchaurraga: «La reducción de daños es el pilar de una nueva política de drogas»

El 2006 surgió REFORMA, Red Latinoamericana para la Reforma de las Políticas de Drogas, y una de sus promotoras principales fue Silvia Inchaurraga, psicóloga, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina y directora del Centro de Estudios Avanzados en Drogodependencias y SIDA de la Universidad Nacional de Rosario. También es presidenta de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina ARDA y ha asesorado proyectos de ley para despenalizar la tenencia de drogas para el consumo personal en la nación trasandina.

Llevamos 10 años de «guerra contra las drogas» ¿cómo evaluarías todo este tiempo?

– Las políticas prohibicionistas han fracasado absolutamente, hay sobrada evidencia de ello. Han fracasado también en su intento de controlar y reducir la oferta y la demanda de drogas. La evidencia de los daños de la Guerra contra las drogas, contra los usuarios de drogas, contra los campesinos y contra las instituciones latinoamericanas hace urgente modificar las políticas represivas que incluso en algunos países llegan a penalizar la tenencia de drogas para el consumo personal. Es prioritario rechazar argumentaciones que demonizan a plantas y sustancias y a quienes las consumen, legitimando guerras, intervenciones y el avasallamiento de los derechos humanos y menospreciando la soberanía nacional de los países de la región.

Como el 2009 se celebra la reunión de la ONU que evaluará la estrategia de diez años acordada durante la UNGASS sobre Drogas de 1998, para «eliminar o significativamente reducir la oferta y la demanda de drogas ilícitas» ¿qué espíritu debiera guiar a los representantes de los distintos países en la convención?

– Como la UNGASS de Viena es una reunión donde se avanzará en la revisión de los resultados acordados en 1998, es una nueva oportunidad para que los representantes de los estados signatarios de las convenciones y tratados internacionales sobre control de drogas examinen en profundidad la política global que en esta materia han venido sosteniendo. Revisión en este caso significa analizar y evaluar los resultados concretos para verificar en qué medida se ha avanzado en el cumplimiento del objetivo estratégico que los gobiernos se fijaron en aquella oportunidad: «Un mundo libre de drogas – ¡Podemos hacerlo!». Ante el fracaso de esto sería bueno que los representantes prestaran oídos al llamado de la viceministra de Asuntos Exteriores de México, Patricia Olamendi, quien se encargó de recordar en su discurso de apertura al 46° periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, que «en este período de sesiones habremos de ser muy críticos acerca de esos ambiciosos objetivos (…) Ante todo, debemos ser honestos y nada autocomplacientes. Reflejar en nuestros informes avances donde no los hay neutraliza los logros que genuinamente pudiéramos haber alcanzado».

¿Cómo ves esto desde América Latina?

– Dado lo megalómano de la consigna-objetivo impuesta en la UNGASS de 1998, no habría mucho para revisar. Todos los habitantes del continente coincidiríamos, sin mayores ajustes, con el diagnóstico dado en su momento por Juan Tokatlian: «Hoy se consiguen en todo el hemisferio, más drogas, de mejor calidad, de mayor pureza y a precio menor que hace dos décadas. Hoy proliferan, a lo largo y ancho del continente, poderosas mafias que, en varios casos, ya superan en poder a los Estados, y que controlan amplias regiones en diferentes países. Hoy el negocio de los narcóticos genera, de Alaska a la Patagonia, más rédito económico, influencia social y aceptación política que hace tres lustros. Hoy se ha incrementado, desde Washington hasta Buenos Aires, la violencia urbana ligada al emporio de las drogas.»

¿Ha habido instancias de participación efectiva en nuestro continente para que la sociedad civil se integre a esta discusión?

– Más que intentar hallar algún avance por parte de los gobiernos, hay que señalar el desarrollo en la última década de organizaciones de la sociedad civil latinoamericanas que plantean una política de salud alternativa a la política hegemónica de la abstinencia, como son las organizaciones y redes nacionales de reducción de daños. Así tenemos la Red Brasilera de Reducción de Daños, la Red Boliviana de Reducción de Daños y la Asociación Argentina de Reducción de Daños ARD, las que fueron las pioneras en la región creándose a fines de los años 90. También quiero destacar las redes de usuarios de drogas de Brasil, ABORDA, y de Argentina, RADDUD, las que se suman a algunas organizaciones que son muy pocas, pero surgidas con un perfil antiprohibicionista muy claro, como Mama Coca en Colombia, las organizaciones Cogollo y Maria Libre en Argentina, la revista Cáñamo en Chile, y organizaciones que además del abordaje de reducción de daños sumaban a esta perspectiva antiprohibicionista con una propuesta de modificar las políticas legislativas represivas imperantes en los respectivos países como Psicotropicus en Brasil y ARDA en Argentina.

Todas estas organizaciones participan de REFORMA ¿Podrías contarnos un poco sobre sus objetivos?

– Tenemos distintos objetivos. Primeramente queremos constituir una coalición latinoamericana que contribuya a la reforma de las políticas de drogas en el continente, focalizada en un abordaje antiprohibicionista de las políticas legislativas y un abordaje de reducción de daños de las políticas de salud. Además queremos contribuir a preservar los derechos humanos de campesinos, indígenas y usuarios de drogas partiendo de la necesidad de reducir los daños de las políticas equivocadas y que han fracasado rotundamente en América Latina; y con miras a la UNGASS del 2009, aportar al diseño y ejecución de políticas mas efectivas y mas humanas en la región.

¿Cómo surge REFORMA?

– La red surge denunciando el avance de la política norteamericana de Guerra contra las Drogas en América Latina, que se ha transformado en una guerra contra el ecosistema, las plantas, los indígenas, los campesinos, los usuarios de drogas e incluso contra los pensadores antiprohibicionistas, maximizando problemas y daños. La Red además exige que las agendas de reducción de daños no se reduzcan a la prevención del VIH/SIDA sino que incluyan los daños sociales, políticos e institucionales asociados a fenómenos como la corrupción policial y judicial, la violencia urbana e institucional y el atropello a los derechos individuales así como los daños ambientales y culturales.

¿La Convención de la ONU representa alguna oportunidad para quienes somos disidentes de las políticas de drogas emprendidas?

– Soy muy escéptica en lo que respecta a la participación en el evento en si mismo, dado que la representación de nuestros países es a través de sus funcionarios y la sociedad civil tienen un protagonismo mínimo que en su mayoría es eclipsado por las organizaciones anti-drogas. Pero rescato que existen organizaciones antiprohibicionistas que han acompañado el proceso pre Sesión de Naciones Unidas UNGASS, como es ENCOD (Coalición para la Política de Drogas Más Justa y Eficaz), cuyo coordinador, Joep Oomen, nos acompañó en el Encuentro Antiprohibicionista del 2005 realizado en Buenos Aires. Oomen propone la creación del Foro Paralelo en Viena junto a Marco Perduca de la LIA (Liga Internacional Antiprohibicionista del Partido Radical Trasnacional) que tiene estatus consultivo en Naciones Unidas. Se han creado algunos espacios de revisión de los tratados internacionales con miras a Viena 2008/2009 como el Consorcium sobre Política de Drogas integrado por varias organizaciones internacionales, algunas de ellas cercanas a la reducción de daños, pero que no ha aceptado a la fecha la inclusión de organizaciones abiertamente antiprohibicionistas como la europea ENCOD, la inglesa Transform o la latinoamericana REFORMA, ya que incluimos en nuestras agendas temas «políticamente incorrectos» como la legalización de la hoja de coca, la marihuana medicinal o la normalización del consumo.

¿Cómo evaluarías hasta ahora la respuesta de los gobiernos latinoamericanos a los convenios sobre drogas, considerando que terminan prohibiendo y criminalizando prácticas y cultivos tradicionales de nuestros países?

– La posición del Gobierno de Evo Morales en defensa de la hoja de coca puede verse como un avance. Si es que hacemos una lectura correcta del proceso debemos reconocer que hay avances en lo que hace en cuanto a derechos de los campesinos y la reivindicación del uso ritual y tradicional de la hoja, pero creo que hay un retroceso en profundizar la demonización de la cocaína y en las campañas que diciendo «La hoja de coca no es droga», conducen a enfatizar la despenalización de una frente a la penalización del otro uso.

En México el Congreso llegó el año pasado a aprobar una ley que despenalizaba el uso y porte de pequeñas cantidades de sustancias como el cáñamo, LSD o Éxtasis…
– Sí, fue un paso importante. Fue un avance el que hubo en México con la aprobación de diputados y senadores de un proyecto de despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal, decisión que lamentablemente y vergonzosamente el Presidente mexicano vetó, lo que no es más que una muestra de la influencia de Estados Unidos en su «patio trasero». Este proceso sin embargo no ha logrado concretarse en Argentina donde pese a los proyectos legislativos vigentes de legalización de la marihuana para usos medicinales y despenalización de la tenencia, los mismos no logran tratamiento legislativo por la falta de apoyo del partido oficial mayoritario. El ejemplo que en la década pasada dieran otros países de la región modificando su legislación para no reprimir al usuario, como lo hizo Uruguay y Colombia por ejemplo, no ha logrado émulos en la región y sí gracias al avance de las presiones anti-drogas norteamericanas nos hallamos actualmente frente al peligro de la revisión de este avance en el caso colombiano, donde las voces oficiales proponen un referéndum para volver a la penalización de la tenencia.

¿Cómo debería formularse una nueva política de drogas?

– Es necesario que la política de drogas en América Latina considere los tres pilares de prevención, asistencia y reducción de daños, reformulando los sistemas legislativos que los obstaculizan.

¿Ves alguna inflexión de parte de algún gobierno del continente a estas políticas centradas en lo represivo?

– Es curioso que en la región los países que mas han avanzado con políticas alternativas a la abstinencia como sean los países más obsecuentes de la política norteamericana represiva. Es el caso de Brasil, que incluye la reducción de daños como política oficial, y Argentina, que desde la sociedad civil desarrolla variados programas de vanguardia como programas de jeringas, testeo de pastillas en fiestas electrónicas o la reciente experiencia en Rosario, donde lanzamos un sniff kit para evitar uso compartido de elementos para aspirar cocaína u otras sustancias.

Es curiosa esta doble moral…

– Bastante. Consideremos que se sostiene bajo la hegemonía de instituciones privadas que lucran con los usuarios de drogas o con falsos discursos progresistas, como los que pretenden despenalizar al usuario obligándolo a tratamientos compulsivos en instituciones cerradas o los que proponen las Cortes de Drogas siguiendo el modelo norteamericano. También son parte de este doble discurso los que proponen despenalizar la tenencia para consumo personal, pero agravan las penas de los pequeños distribuidores o vendedores minoristas, que en su mayoría son o usuarios de drogas que financian su consumo o pobres que financian su existencia.

¿Qué efectos ha generado este negar continuamente la realidad?

– Los resultados son la criminalización de la pobreza y el aumento de los daños para los usuarios de drogas, que en estas propuestas progresistas pasan a cuadruplicar penas o recibir penas no excarcelables. Así vemos el endurecimiento del discurso represivo de la mano de los miedos a la inseguridad ciudadana. Un ejemplo claro de esto fue en Argentina la ley de desfederalización que permite en la provincia de Buenos Aires y las que adhieran ampliar el brazo punitivo del Estado de los Tribunales federales a los provinciales y de la policía federal a las provinciales.

¿Pareciera que el discurso prohibicionista y belicista domina en el continente?

– Durante los últimos 40 años -desde la Convención Única de Estupefacientes de 1961, para mayor precisión- la discusión pública sobre las políticas de drogas ha quedado más sujetada por las alarmas y los prejuicios morales que por hechos contrastables. Creemos que no es posible seguir postergando un debate desprejuiciado y franco sobre las políticas públicas de drogas, sobre su fracaso y los daños que entrañan. Es urgente involucrar en este debate en América Latina a los comunicadores sociales de los grandes medios masivos de comunicación, a los profesionales de la salud y el derecho implicados directamente en la instrumentación de estas políticas públicas, a los legisladores y políticos, a los propios usuarios de drogas y a las víctimas de la aplicación de las leyes penales de estupefacientes. Debate que pueda dar cuenta de las distintas estrategias llevadas a cabo en el mundo para enfrentar los costos que la actual política de drogas tiene, tanto a nivel de grupos vulnerables como en los presupuestos nacionales, en la soberanía de los pueblos, en la credibilidad y legitimidad de las instituciones y organismos internacionales, en la autonomía de la ciencia respecto de la política y, fundamentalmente, en las garantías y derechos humanos de los ciudadanos.

Mauricio Becerra R.