La Fiscalía Centro Norte solicitó este martes a la Corte de Apelaciones de Santiago la nulidad de la sentencia que absolvió a 9 ejecutivos farmacéuticos acusados de alteración fraudulenta del precio de medicamentos, en lo que se conoce como el caso de la «colusión de las farmacias».
Argumentando la existencia de cuatro vicios, el fiscal Jaime Retamal pidió a los ministros de la Cuarta Sala del tribunal de alzada que anulen el juicio y la resolución del tribunal oral que el 28 de julio pasado absolvió a los ejecutivos de las cadenas Salcobrand, Cruz Verde y Ahumada.
Según explicó el fiscal durante la audiencia, el mencionado fallo interpreta de forma errada los conceptos «medio fraudulento» y «precio natural», a la vez que no valora de modo adecuado una serie de medios probatorios, como testimonios, correos electrónicos y documentos.
Los argumentos de la Fiscalía
Durante su alegación, el fiscal indicó que el voto de mayoría habría aplicado erróneamente el artículo 285 del Código Penal, que sanciona a los que por medios fraudulentos consiguieren alterar el precio natural de mercancías. Según se indicó, precio natural se refiere al que se fija por la oferta y la demanda y no al precio de equilibrio económico fijado a largo plazo.
El segundo fundamento que expuso Retamal ante los ministros Jaime Balmaceda, Tomás Gray y Hernán López, es que el tribunal oral habría omitido valorar medios de prueba presentados por la Fiscalía, como los correos electrónicos que daban cuenta de una coordinación entre los ejecutivos farmacéuticos.
Además, según la Fiscalía, la sentencia omite por completo la valoración del testimonio del perito Héctor Hernández, razón que habría llevado al voto de mayoría a afirmar equivocadamente conclusiones a las que el experto en derecho no arribó. Asimismo, el recurso afirma que el fallo omite declaraciones de testigos como Paula Mazzachiodi, quien señala que desde un laboratorio le propusieron subir el precio de un producto en el mercado, para lo que alguna de las tres cadenas tenía que ser la primera en subir.
El tercer vicio que detalló el fiscal es que el fallo desestima medios de prueba indirecta sin hacerse cargo de las razones, con lo que se dejaría fuera elementos que permiten vincular la actividad de los acusados con el delito. Aquí, asegura la Fiscalía, se omiten correos electrónicos de terceros que dan cuenta del modus operandi.
La Fiscalía cuestionó además contradicciones en el voto de mayoría, específicamente respecto a uno de los correos electrónicos, al que en la misma sentencia se le da el valor de prueba y por otro lado se desestima.
La absolución «sería un duro golpe para los consumidores»
Si se acoge el recurso presentado por la Fiscalía, se anula la sentencia absolutoria y correspondería entonces realizar un nuevo juicio oral que determine si existió alteración fraudulenta del precio de los medicamentos en la colusión de las farmacias. Pero si éste se rechaza, la sentencia absolutoria quedaría ejecutoriada.
Laura Medel, directora ejecutiva de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), sostiene que un rechazo a la solicitud de la Fiscalía «sería un duro golpe para los consumidores y para los que estamos por la defensa de la libre competencia», agregando que «al no haber un castigo para la gente que infringe estas normas que están establecidas, es más fácil seguir quebrándolas».
La representante de la organización -quien plantea que «la legislación tiene que ser la misma para todo tipo de colusiones, no distinguir por gremios»- advierte que de parte de los acusados «no ha habido mayor compensación, no han tenido tampoco las ganas de colaborar. Entonces si ellos quieren evitar -mediante una delación compensada- la cárcel y todo lo que es la parte penal, tienen que por otro lado ofrecer compensaciones a los ciudadanos y pagar por todo el daño causado, lo que tampoco ha sido». «Aquí evidentemente ha habido un fuerte lobby», agrega.
¿Quiénes son los implicados?
En 2008 comenzó la investigación por la colusión de precios entre las principales cadenas farmacéuticas del país (Salcobrand, Ahumada y Cruz Verde), quienes controlaban más del 90% del mercado, detectándose en al menos 222 medicamentos un alza concertada de precios entre diciembre de 2007 y abril de 2008. La colusión le significó a Cruz Verde un beneficio económico de $13.107 millones, a Farmacias Ahumada uno de $7.616 millones y a Salcobrand de $6.539 millones.
Los ejecutivos involucrados en esta colusión -y cuya suerte penal está ahora en manos de la Corte de Apelaciones de Santiago- son Roberto Belloni Pechini, gerente general; Ramón Ávila Silva, gerente comercial; Mehilin Velázquez Chau, jefa de departamento de precios; Claudia Carmona Zuñiga, category manager; y Judith Carreño Oteiza, category manager, en el caso de Salcobrand. Por parte de Farmacias Ahumada son Sergio Purcell Robinson, gerente general; Ricardo Ewertz Munchmeyer, gerente comercial área Farma; y Ricardo Valdivia Kloques, gerente área Farma. Y en el caso de Cruz Verde figura Cristián Catalán López, category manager de la farmacia.
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