¿Se ejerce en Chile el derecho a la educación?

Las cifras evidencian que subsisten aproximadamente 200.000 niños, niñas y jóvenes, que estando en edad escolar, no se encuentran atendidos por el sistema educativo. Muchas son las razones para la exclusión: unas académicas (retraso escolar, reprobación, repitencia, dificultades de adaptación al mundo escolar, bajas expectativas de sus padres y de sus propios profesores con respecto a sus capacidades); otras de salud (embarazo adolescente, enfermedades no oportunamente detectadas); y muchas otras de carácter económico y social que los demanda a contribuir al sostén de la familia o a la colaboración con las tareas del hogar (cuidado de los hermanos, ayudar a la madre o al padre a realizar trabajos esporádicos), entre muchas otras. Cualesquiera sean los motivos, son chicos que de una u otra manera han vivido el alejamiento y posterior abandono del sistema escolar y, en definitiva, han visto frustradas las posibilidades de mejorar sus condiciones de vida.

De acuerdo a un estudio que realizamos entre los años 2004 y 2007, quienes desertan se ubican preferentemente, entre los 9 y los 18 años y su escolaridad previa fluctúa entre el segundo grado de educación básica y el primer año de educación media. Frente a esta constatación, el año 2004, el Ministerio de Educación, conjuntamente con otros Ministerios, creó un Fondo Intersectorial y convocó a organismos públicos y privados (ONGs y municipios) a diseñar y desarrollar proyectos de reinserción educativa destinados a atender a niños, niñas y jóvenes, no mayores de 17 años, que estuvieran fuera del sistema escolar, a través de modalidades educacionales alternativas. Tal iniciativa, de carácter experimental, fue desarrollada por diversas instituciones, durante los últimos cinco años a lo largo de todo el país, permitiendo preparar a estos menores para rendir exámenes libres, estrechar su rezago y continuar con su trayectoria educativa.

El esfuerzo y compromiso con los niños y sus familias caracterizó a los educadores y a los organismos que participaron con éxito en estas iniciativas. No obstante, las precarias condiciones de operación del programa, sujeto a la presentación de proyectos anualmente concursables, despertó la necesidad de generar una política pública permanente. Ello permitiría reconocer la existencia de la deserción en su debida dimensión y diseñar trayectorias y modalidades diversas de ofertas educativas formales y no formales, que dieran cabida a todos los niños/as, jóvenes y grupos sociales que requiriesen acceder a  mayores niveles de escolaridad.

Sin embargo, y pese a los esfuerzos realizados por el equipo encargado del Ministerio y de las instituciones que se adjudicaron los proyectos, no fue posible concretar la generación de una política pública de apoyo permanente a esta población de extrema vulnerabilidad. La modalidad de asignación de los recursos por proyectos adolecía de graves inconvenientes ya que no permitía contratar y mantener un mínimo de educadores de manera estable. A su vez, la falta de “institucionalización” de las diversas modalidades de atención no posibilitaba a los alumnos y alumnas acceder a la subvención educacional, a instalaciones dignas, a los recursos educativos de que disponen todos los establecimientos municipales y particulares subvencionados, tales como bibliotecas de aula, computadores, programa Enlaces y libros de texto.

En la actualidad observamos con preocupación que, lejos de resolverse la problemática educativa que vive uno de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, ésta tenderá a agravarse, puesto que el equipo que coordinaba los proyectos de re-escolarización en el MINEDUC fue desmantelado bajo la nueva administración y, por otra parte, tampoco se ejecutarán los recursos destinados a la modalidad de aulas de reingreso en el presente año.

Frente a ello, nos preguntamos ¿es que estos niños, niñas y jóvenes, muchos de los cuales viven en la calle o en las caletas, quedarán nuevamente desatendidos, abandonados y verán frustradas sus legítimas expectativas de reinserción?. En la prevista reestructuración del MINEDUC, ¿se ha dimensionado seriamente las implicancias sociales, culturales y económicas de esta marginación?. La desafección de esta problemática ¿no tenderá a profundizar aún más la brecha social y la desigualdad en nuestro país?.

Finalmente, es preciso recordar que Chile ha suscrito diversos acuerdos internacionales que lo mandatan a “…hacer efectivo el derecho de todos a la educación y ofrecer oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida”, así como a “transformar profundamente la organización y normativa de los actuales sistemas educativos, que se caracterizan por su estructura rígida y por ofrecer opciones y propuestas homogéneas para necesidades educativas heterogéneas” (UNESCO, 2002). Esperemos que las nuevas autoridades asuman los compromisos adquiridos internacionalmente y enmienden las primeras medidas adoptadas, teniendo como meta la atención a la diversidad y la inclusión de todos los niños, niñas y jóvenes, especialmente de aquellos que por su precaria condición social, merecen una nueva oportunidad.

Santiago de Chile, 09-06-10

Por Mirtha Abraham (1) y Sonia Lavín (2)

[1]  Directora del Programa de Magíster en Educación

[2]  Investigadora y Consultora Externa

Universidad Academia de Humanismo Cristiano