Proyecto Ley de Obtentores: La batalla por los vegetales

Un registro más específico de propiedad intelectual sobre variedades vegetales y la actualización de los derechos de obtentores de semillas es la base del proyecto que derogará la actual ley sobre derechos de obtentores vegetales. La propuesta tiene enfrentadas a diversas organizaciones ambientalistas y empresas productoras de semillas por la posible apertura a la diversificación de los transgénicos en Chile y a la privatización de las semillas.

Desde enero de 2009 está en tramitación en el Congreso un proyecto de ley que actualiza las garantías jurídicas que poseen los productores de semillas y especies vegetales. También amplía sus derechos frente al registro de nuevas variedades. Este trámite se enmarca en la obligación que adquirió Chile al suscribir el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de adherirse al Convenio UPOV 91 que exige la regulación de los derechos del obtentor.

Los obtentores son todos quienes trabajen en el desarrollo de nuevas especies y variedades que radique un mejoramiento productivo. Para lo cual esta nueva ley les dará protección legal por medio de un registro de propiedad intelectual.

La actual ley Nº 19.342 del año 1994 sobre Regulación de Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales, consagra el derecho y protección de las nuevas obtenciones (especies) vegetales, las cuales debido a su alto costo técnico y financiero, deben protegerse en un marco legal.

¿UN REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL O UNA PATENTE?

De acuerdo al proyecto original emanado en el mensaje presidencial del año 2008, la nueva normativa favorecerá el registro en Chile de nuevas especies vegetales creadas no sólo en nuestro país sino también en el extranjero. En este sentido, el nuevo escenario será favorable para el incremento de competitividad nacional.

Aquí es donde nacen las divergencias, ya que para las organizaciones de pequeños y medianos agricultores y ambientalistas, esto genera un escenario poco equitativo y, a su vez, abre las puertas para la privatización de las semillas. “Toda especie nativa que actualmente es parte de nuestro patrimonio y nuestra diversidad, podrá tener un dueño y ser, por tanto, propiedad intelectual de empresas nacionales o extranjeras. Para los efectos prácticos, el resultado es muy similar al generado por una patente”, sostiene María Elena Rozas, coordinadora regional de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAP-AL).

Pilar Chicago, abogada del Departamento de Patentes del Estudio Clarke Modet & Cº, sostiene que este proyecto no es un sistema de patentes. “Las plantas y/o vegetales no pueden patentarse”.

De acuerdo al proyecto, los agricultores tendrán a su disposición las semillas certificadas de las nuevas variedades y deberán comprarlas al precio de mercado y tendrán derecho a reembolsar parte de la cosecha en su propio predio. Según Belfor Portilla, miembro del Comité de propiedad intelectual de la Asociación Nacional de Productores de Semillas, Anpros, “los mecanismos de posibles subsidios para que el precio que paguen por la semilla certificada sea menor, obedecerá a políticas gubernamentales”.

María Elena Rozas, de RAP-AL, difiere de esa perspectiva, y sostiene que “el desmedro que enfrentarán los pequeños agricultores frente a los obtentores será abusivo y nos enfrentaremos a un aumento explosivo de los precios de las semillas y esto se traducirá en una merma para el desarrollo de la agricultura orgánica. A su vez, implicará un atentado contra las comunidades mapuche que por generaciones han protegido sus semillas y ahora cualquier persona que cuente con el resguardo de la ley, podrá registrarla como una variedad de una especie”.

UN CAMINO HACIA LOS TRANSGÉNICOS

Otra de las aprensiones de las organizaciones ambientalistas es la liberación que este proyecto pueda dar a los transgénicos.

De acuerdo a datos entregados por el Servicio Agrícola y Ganadero y RAP-AL, en Chile, durante la temporada 2008-2009 los cultivos de semillas transgénicas para exportación alcanzaron un total de 30.447,04 hectáreas, compuestas principalmente de maíz, soya y canola.

Al establecerse un registro de propiedad intelectual de las especies y semillas nuevas, también puede abrirse el camino a las variedades obtenidas por medio de la alteración genética, comúnmente llamados transgénicos.

Según Belfor Portilla, actualmente en Chile no se puede cultivar variedades transgénicas para el mercado interno; sólo para reexportación. “Su producción está sometida a rigurosos procedimientos de ingreso al país y aislación, establecidos por el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, y si es aprobada la norma específica sobre variedades transgénicas para ser producidas en Chile, deberán someterse a las normas de propiedad intelectual que estén vigentes”.

Eso agrava aún más la situación, según María Elena Rozas, ya que esto permitiría un desarrollo explosivo de los cultivos transgénicos, lo cual va de la mano con el uso de plaguicidas y dejaría como consecuencia la contaminación de cultivos orgánicos.

Actualmente, el proyecto está en la Comisión de Agricultura del Senado, con lo cual sólo bastan dos instancias para ser convertida en ley. Las organizaciones ambientalistas ya anunciaron que no darán tregua en esta batalla por la libre diversificación y patrimonio de las especies vegetales en Chile.

Por Claudia Pedreros Saá

El Ciudadano