Cartas al Ciudadano

Estimado director:

Reciba usted y equipo de trabajo un respetuoso saludo.

Hace 50 años la naturaleza castigó duramente a nuestra Región: un movimiento telúrico de 9.5 grados en la escala de Richter (el mayor del planeta desde que se miden los terremotos), cambió para siempre  el paisaje, la geografía y nuestras formas de vida.

Hace poco más de tres meses otro terremoto afectó con similar intensidad y consecuencias a varias regiones de nuestro país.

Los daños materiales, humanos y económicos provocados por estos abruptos movimientos  de las placas tectónicas de nuestro continente, permanecerán por siglos como huellas imborrables en la geografía nacional y en nuestra memoria histórica.

Estos dos cataclismos nos permiten extraer varias lecciones, una de ellas es que debemos convivir con estos desastres naturales y adaptar nuestros hábitos cotidianos a la eventualidad de que se repitan, estableciendo normas severas de prevención y alerta temprana en todos los niveles de nuestra vida social; la otra tiene que ver con la institucionalidad, que desde el Estado debe construirse para que la acción coordinada entre éste y la ciudadanía permita salvar vidas, enfrentar con éxito las operaciones de contingencia y sobre todo, permita la  planificación de nuestras ciudades y pueblos acorde con la naturaleza de los terremotos y otras catástrofes naturales características de nuestro territorio.

Existe, sin embargo, una tercera dimensión que debe estar presente en el debate actual: Ambas catástrofes naturales demuestran  el rotundo fracaso del centralismo del Estado chileno y la necesidad de asumir como tarea prioritaria la descentralización del país y la transferencia efectiva de poder de decisión a las regiones, mediante mecanismos financieros, institucionales y políticos.

Particularmente el terremoto del 27 de febrero, dejó en evidencia la incapacidad  del Estado chileno de resolver oportuna y eficazmente las tareas de contingencia ante una catástrofe de esa magnitud.

Resulta además evidente que en el actual sistema de administración política del Estado de Chile, a la hora de las decisiones y prioridades, pesan mucho menos los intereses de nuestra Región que los de Santiago y eso debe ser corregido si queremos ser un país realmente desarrollado.

La mejor forma de honrar a las víctimas  del cataclismo de 1960 y a las del terremoto/tsunami del 27 de febrero, es corregir las severas anomalías que muestran los sistemas de prevención y alerta Temprana y la Institucionalidad que los rige, meta que sólo se alcanzará con una verdadera descentralización del país.

Atentamente

Alejandro Köhler Vargas

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Sr. Director:

El Plan Araucanía revelado por el gobierno atenta contra los derechos humanos de los pueblos indígenas en la medida que no establece mecanismos de consulta previa con el pueblo mapuche, conforme a lo exigido por el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ambos vigentes en Chile. Por lo demás, dicho Plan tampoco recoge las recomendaciones formuladas por diversas instancias internacionales de derechos humanos con autoridad en nuestro país, especialmente en relación con la restitución de territorios, tierras y recursos naturales -con la correspondiente entrega de títulos formales que puedan ser inscritos, dando justa y segura posesión. Por más loable que parezca privilegiar la educación y la salud ‘intercultural’ por sobre el tema territorial, ello constituye una abierta discriminación en contra del pueblo mapuche, que ha manifestado en todas las instancias participativas abiertas, así como en la encuesta efectuada por el CEP en 2006, que lo que más les importa es su propiedad territorial y la resolución de conflictos relacionados.

No es deseable bajo ningún punto de vista que el actual gobierno desarrolle una política de corte clientelista y asistencialista como lo hicieron los gobiernos anteriores con el programa Origenes. Que no se siga intentando tapar el sol con un dedo. El gran debe de Chile respecto a los 9 pueblos indígenas que habitan el territorio nacional, sigue siendo uno solo: que se operacionalice sus derechos de propiedad sobre la tierra que ocupan o han ocupado tradicionalmente, con pleno respeto a sus autonomías, todo de conformidad al derecho vigente y aplicable. Que se entienda de una vez: el pueblo mapuche y los demás pueblos indígenas en Chile han carecido de acceso a la justicia, con lo que se ha venido vulnerando su derecho a la propiedad.

Alonso Barros

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Estimado director:

Hola, mi nombre es Víctor y quiero felicitarles por el excelente trabajo que hacen informando como un medio libre y de propio pensar, sin estar atados a los grandes intereses comunicacionales que restringen el pensar humano y nos someten a banalidades e ignorancia. Personalmente he combatido contra el ocultamiento del tema AH1N1 y quisiera estar en contacto con Uds. (en especial con la periodista Claudia Molina quien informó sobre este tema…). Existe hoy más que nunca un descaro terrorífico al ser evidentes las formas de manipulación y control poblacional, por ejemplo ¿cuántos saben que la Octava Región no tiene flúor en sus aguas?, ¿cuántos saben que el flúor en el agua  ya no es “asimilable” por el organismo más allá de los 8 años, por lo que no tiene sentido la fluoración… Ustedes y unos pocos pueden hacer mucho por todos nosotros. Gracias.

Víctor Pérez

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Señor director:

Es difícil entender que mientras las autoridades por años han intentado implementar un Plan de Descontaminación, simultáneamente aprueben proyectos dirigidos a expandir las zonas urbanas haciendo cada vez más insostenible cualquier acción que tienda a mejorar la calidad ambiental, en desmedro de los pocos pulmones verdes precordilleranos que quedan en la ciudad. Esto podría interpretarse como un comportamiento bipolar.

¿Cómo se le puede explicar a quienes vivimos en una de las ciudades más contaminadas y sobresaturadas del mundo, que mientras Conama gasta millones en buscar soluciones para descontaminar, los proyectos inmobiliarios tengan apoyo para construir más y más viviendas en una de las zonas más frágiles como lo es la zona precordillerana?

Destruir bosques nativos no sólo significa más contaminación, si no que además mayor riesgo para una ciudad que en años lluviosos tiene que sufrir inundaciones y potencialmente nuevos aluviones como el sufrido el año 1993 en la quebrada de Macul que arrasó con personas y cientos de viviendas. Pese a ello, se siguen aprobando y pavimentado sin criterio los cursos naturales de agua. Basta recordar lo sucedido con el terremoto ¿Quién se preocupa de que este tipo de actividades asuma una responsabilidad social y ambiental de sus acciones?

Actualmente, existen dos proyectos inmobiliarios que se encuentran en proceso de evaluación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia). De ser aprobados, permitirían la destrucción de maravillosos bosques naturales precordilleranos, de los pocos que existen en las comunas de Lo Barnechea y La Florida (Predio El Panul), ubicados en cuencas que actualmente no solo contribuyen a contener y regular las aguas lluvias sino que, además, constituyen un pulmón verde para palear en algo la contaminación y lugar de esparcimiento para muchas familias.

Atte.

Andrés Venegas S.

Director Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo
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