El día 8 de junio se puso término en la ciudad de Lima a la cuadragésima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que sesionó bajo el título de Paz, Seguridad y Cooperación en las Américas, con la aprobación final por aclamación del documento que se había entregado con antelación para la discusión de los respectivos gobiernos y que había sido presentado por la representación permanente de Perú.
En un documento de cinco páginas se reafirmó un conjunto de ideas fuerza que han constituido un acervo de la región latinoamericana y que ya habían tenido una primera síntesis en la declaración y acuerdos de la Conferencia Hemisférica de Seguridad de Monterrey, el 2003, otorgándole una proyección hasta el día de hoy necesaria de profundizar. La convicción sobre la interacción positiva que se manifiesta entre paz, seguridad, desarrollo y derechos humanos; la no intervención y el respeto por la soberanía nacional; la ratificación de la democracia representativa como el modelo político; la solución pacífica de las controversias; la preocupación central por el desarrollo económico de los pueblos y la superación de las brutales desigualdades sociales. Todos estos principios se constituyen en pilares claves requeridos para el avance de la constitución de una región más justa, próspera y pacífica.
Posteriormente se enumeran 12 compromisos que giran en torno a los tópicos específicos de seguridad y defensa que debieran sustentar el objetivo central referido a la consolidación de la paz y la seguridad de la región y que significó un enriquecimiento del documento original. Entre estos quisiera destacar los siguientes:
a) Los relativos a un impulso mayor para la cooperación en defensa entre nuestros países, sosteniendo esta visión político estratégica por sobre las definiciones de disuasión.
b) En la generación de mejores mecanismos para la solución pacífica de las controversias y el total involucramiento de las instancias multilaterales para tal efecto.
c) En el avance a una nueva generación de medidas de confianza mutua, que tenga una centralidad en la transparencia sobre adquisición de armamentos y en la ratificación del Cifta, pero por sobre todo en el control del gasto armamentista.
d) En una mayor sofisticación del sistema de paz y seguridad, que apunte a lograr mejores condiciones para la diplomacia preventiva.
e) En poner mayores esfuerzos en los ámbitos subregionales, que es un espacio que presenta mejores condiciones para avances concretos y más audaces en materias de seguridad y defensa.
f) En asumir integralmente las nuevas dimensiones de amenazas y riesgos para la seguridad, que se van instalando como los focos más peligrosos para la estabilidad, gobernabilidad y seguridad de las personas.
Junto a estos compromisos, que se debieran transformar en grandes desafíos para nuestros gobiernos y por lo tanto traducirse en políticas públicas, se plantean dos cuestiones específicas que son foco de polémica.
La primera de ella es la relativa a la proposición de transparencia, limitación y reducción de armamentos, que ya ha generado fuertes debates entre nuestros gobiernos. Me parece que efectivamente, como ha venido siendo la tónica de Perú, la discusión multilateral sobre este tópico es de suma urgencia. Más aún que hace un par de semanas se publicó el Informe Anual del Sipri sobre Gasto Militar en nuestra región, que viene a confirmar lo que hemos planteado acerca de la tendencia a un aumento sostenido. Se requiere un debate político serio sobre esta ecuación de transparencia, limitación y reducción que, me parece, es la vía adecuada para asumir responsablemente esta dinámica y, específicamente, en aquellos casos en que esta vorágine armamentista se puede leer a la luz de conflictos bilaterales y no de la consigna construida sobre la mera renovación de material obsoleto.
Es indudable que existe una tensión, al menos en países de Suramérica, relacionada con incrementos excesivos en armamentismo, así como también es verdad que estos temas han sido muy difíciles de abordar colectivamente, debido a las particularidades de los países involucrados, sus respectivos modelos de desarrollo democrático y la forma en que han abordado sus relaciones con el mundo militar y sus procesos de profesionalización. También está claro que los esfuerzos realizados hasta ahora son insuficientes, particularmente en el campo de la transparencia, lo que requerirá bastantes esfuerzos de diplomacia y búsqueda de acuerdos.
Un segundo tópico muy complejo tiene que ver con las definiciones y aspiraciones para el fomento de una cultura y educación para la paz. Esto, que pudiera ser baladí, me parece que es también bastante complejo, porque tal concepto debe estar asociado a una definición teórica de seguridad, que actualmente es muy disímil en nuestra región, y que se suma a un contexto de militarización de nuestras sociedades e incremento de la violencia urbana. Una cultura de la paz no es solo una aplicación específica de contenidos en una codificación pedagógica, sino un modo de vida, una opción civilizatoria, que requiere de una convicción socio-política muy fuerte.
Una vez terminada esta Asamblea, no sólo hay que concretar los compromisos que voluntaria y responsablemente se han firmado y aclamado, sino que se requiere de un seguimiento estrecho y riguroso para su cumplimiento a cabalidad en forma urgente. La escena que nos ha presentado el Informe Sipri sobre Gasto Militar es el contraluz de la voluntad política y condiciones objetivas que tenemos para efectivamente dar un salto fundamental en una tendencia virtuosa hacia el control y reducción de la dinámica armamentista.
Por Carlos Gutiérrez P.
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