Caso de lactante separada de su madre es denunciado ante Comisión Interamericana de DDHH: Piden medidas cautelares en favor de recién nacida

El pasado 28 de noviembre, los abogados Adolfo Ortega Aichele y Francia Flores Barría, en representación de Luciana Montorfano Ortiz, y sus padres Sindy Ortiz y Christopher Montorfano, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA, la adopción de medidas cautelares por parte del Estado de Chile en favor de la recién nacida, quien ha sido limitada para estar con su madre y recibir su leche, luego de que ésta reconociera haber consumido marihuana antes del parto.

El pasado jueves 19 de noviembre, Sindy Ortiz dio a luz a su hija en el Hospital Las Higueras de Talcahuano. Luego de esto se le realizó una entrevista médica denominada anamnesis, en la que fue consultada por eventual consumo de drogas, frente a lo que la joven declaró haber fumado marihuana. El viernes 20 fue informada que, de acuerdo a un “protocolo de seguridad”, la niña fue derivada a la unidad de Neonatología, donde por orden del Tribunal de Familia deberá parmanecer hasta el 3 de diciembre, cuando se realice una audiencia. Junto con ello se le prohibió a Ortiz amamantarla y, según ha declarado la joven, solo se le ha permitido estar con ella dos horas y media al día.

El requerimiento se basa en el artículo 25 del Reglamento de la Comisión, que señala que esta instancia «está facultada para dictar medidas cautelares -en relación o independientemente de un caso pendiente ante ella-, siempre que se trate de situaciones de gravedad y urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable a las personas o grupos de personas, o al objeto de una petición o caso pendiente ante los órganos del sistema interamericano».

Junto con ello, los abogados planean que «se evidencia vulneración a los derechos consagrados por la Convención de los Derechos del Niño», destacando entre varios artículos el número 2 que sostiene que «los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares».

CIDH

La petición

El escrito presentado ante la CIDH solicita que «se ordene dejar sin efecto la medida de protección impuesta por el Juzgado de Familia, y se devuelva la menor a sus padres, permitiendo a la madre amamantar a su hija». En el caso de que no se autorice la entrega a sus progenitores, pide que «se ordene que se permita a la madre dar leche materna de su propio pecho, resguardando el apego y construcción de emocionalidad de madre e hijo» y que se haga entrega de la menor a la abuela paterna. Igualmente se solicita que «la madre permanezca interna en el hospital junto a su hija el mayor tiempo posible» y, por último, que «se ordene al Estado de Chile revisar los procedimientos institucionales involucrados, tanto en lo sanitario como en lo judicial».

Los argumentos de la petición

En el escrito presentado en la CIDH, los abogados plantean que «salta a la vista que el Tribunal, el Consejero que lo asesora y los Profesionales del Hospital, han desestimado la abundante evidencia científica que informa sobre el irreparable daño que implica la imposibilidad, dificultad o alteración del Apego de un recién nacido, y sobre valorado la insuficiente, imprecisa y contradictoria información científica respecto al eventual daño posible del consumo de cannabis durante el embarazo, el parto y la lactancia, sin hacerse cargo de las miradas científicas y evidencias más actualizadas al respecto».

Sindy Ortiz

Los abogados agregan que «se ha ignorado el hecho que la niña Luciana se encuentra en perfecto estado de salud, de acuerdo a los exámenes que el propio Hospital ha realizado e informan verbalmente los Profesionales, ya que estos informes no han sido entregados a los Padres ni a sus Abogados».

Junto con ello critican que el hospital continúe practicándole «interminables exámenes que involucran la innecesaria y violenta invasión de su pequeño cuerpo físico y su alma espiritual, ya que la drogan con el fin de anestesiarla para procedimientos que finalmente no se llevan a efecto, todo esto sin consentimiento de los padres, ni supervisión de entidad alguna». Ortega y Flores cuestionan, además, el hecho de que se postergado la vista de la causa para el 3 de diciembre, es decir, cuando la niña tenga ya 13 días de «abandono forzado».

Es por estas razones, aseguran, que «el Estado de Chile, a través del Servicio de Salud, y Tribunales de Familia, falta a su mandato fundamental que es proteger la vida humana en todos sus aspectos«, por lo que se realiza esta denuncia «a fin de que tengan a bien interponer una o más MEDIDAS CAUTELARES en favor de la recién nacida».

Por Daniel Labbé Yáñez