Por alrededor de una hora declaró ayer en la Fiscalía Sur el ex ministro de Sebastián Piñera, Gabriel Ruiz-Tagle, en la arista penal de la investigación por la llamada «Colusión del papel», donde se indaga la responsabilidad que habría tenido como dueño de la empresa Pisa (hoy SCA), al momento de la formación del cartel entre ésta y la CMPC de Eliodoro Matte.
Al término de la diligencia, junto con sostener que había ido «voluntariamente» a declarar y que no había recibido ninguna citación, Ruiz-Tagle se pronunció sobre un polémico hecho que ha marcado la investigación que se lleva a cabo contra el «Cartel del confort». «Le he declarado al Ministerio Público que es de nuestro interés que ojalá a la brevedad, la Fiscalía Nacional Económica entregue toda la información reservada que está sirviendo de base para estas acusaciones, y de esa manera posibilitar poder defenderse de los cargos que pudieren existir», sostuvo.
Esto se enmarca en un requerimiento del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) ante el Tribunal Constitucional para no entregar al Ministerio Público copia de documentos y antecedentes relacionados con la investigación por colusión, recabados por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), y que han sido caratulados como reservados y confidenciales. Una acción que significó que la Segunda Sala del Tribunal Constitucional (TC) paralizara temporalmente la arista penal del caso mientras resuelve el mencionado requerimiento.
Ayer el Tribunal Constitucional declaró admisible el recurso presentado por el TDLC, el que deberá resolver prontamente. Frente al Tribunal Constitucional el Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, planteó que «lo que está en juego son las garantías que el sistema de libre competencia otorga a los agentes económicos cuando les solicita información o cuando son sujetos a una investigación», agregando que «hoy vemos que el Ministerio Público no ha sopesado el impacto de su solicitud, porque si se accede a su petición, esos antecedentes sí o sí se harían públicos, ya que por ley el Ministerio Público no puede asegurar reserva o confidencialidad después de 40 días«.
Irarrázabal agregó que los documentos aparecen tarjados debido a que son reservados o confidenciales, y que se refieren a descripción de aspectos relevantes y sensibles del mercado investigado y de sus actores y no a hechos vinculados específicamente con la colusión que se acusa.
No obstante esto, hoy es el propio Gabriel Ruiz-Tagle, uno de los posibles involucrados en la conformación del «Cartel del Confort», quien solicita a la Fiscalía Nacional Económica la documentación calificada de confidencial, planteando que «de otra manera es imposible contestar al Ministerio Público sus requerimientos».
Por Daniel Labbé Yáñez