Foto: Ricardo Ortiz
La Comisión de Hacienda junto con la aprobación de Diputados, aprobó aplicar a los ciudadanos entre tres o seis años de prisión contra aquellas personas que impidan obras o trabajos de prestación de servicios en ductos, equipos, instalaciones o inmuebles de las empresas petroleras.
Así mismo, la Comisión de Hacienda dio por bueno el proyecto, que será sometido desde la mesa directiva a consideración del pleno cameral el pasado jueves 3 de diciembre.
En el artículo 20 del proyecto de ley se advierte lo siguiente: Se impondrá de tres a seis años de prisión, y multa de 3 mil a 6 mil días de salario mínimo vigente en el lugar de los hechos, a quien, sin derecho, obstruya o impida en forma total o parcial el acceso o el funcionamiento de cualquiera de los ductos, equipos, instalaciones o inmuebles propiedad de los asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores de la industria petrolera.
De igual manera, advierte que si en los actos de obstrucción se causa algún daño, la pena de cárcel se incrementará de seis a 12 años, y las sanciones se aumentarán hasta una mitad más a quien o quienes promuevan las conductas previstas en el artículo.
No obstante, en el artículo 21 también se aplicará a toda persona que impida la ejecución de una obra o trabajo lícito de la industria petrolera, o la de los destinados a la prestación de servicios públicos, aunque sólo se realice una simple oposición material sin violencia. En caso de existir violencia, la pena será hasta de siete años de prisión.
Finalmente en el artículo siguiente (22), se contempla aumentar hasta en una mitad la sanción a quienes provoquen un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al ambiente.
Por Ricardo Ortiz
El Ciudadano
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