Un hombre que se identificó como Luis Felipe Aristiga López Moreno y se dijo empleado del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, fue detenido la noche del viernes en un operativo de revisión en el cruce de los bulevares Morelos y López Portillo en la ciudad de Hermosillo, donde le fueron asegurados 3.5 millones de pesos ocultos en una hielera.
El detenido dijo ser médico veterinario zootecnista y trabajar en el rancho Pozo Nuevo propiedad del ex gobernador Padrés, por lo cual la Procuraduría General de Justicia del estado de Sonora ya abrió un expediente para investigar a Guillermo Padrés por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y los que resulten.
Por lo pronto, Felipe Aristiga López, fue puesto a disposición del Misterio Público del fuero común, donde ya se hace la averiguación previa y por las características del delito, considerado como grave, podría alcanzar una pena de hasta 15 años en prisión.
El ex gobernador Guillermo Padrés Elías, es señalado por políticos, ciudadanos y organizaciones, de corrupción y por ende de enriquecimiento ilícito utilizando su puesto en la gubernatura para captar grandes cantidades de dinero.
Así mismo, es conocido por construir una presa en su rancho Pozo Nuevo sin ninguna autorización de las autoridades correspondientes, lo que derivó en la protesta de comunidades cercanas, pues denunciaron que a partir de la construcción de la presa el agua comenzaba a escasear.
Al final, la presa fue destruida y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente impuso una multa de 5 millones de pesos a los propietarios del rancho. Sin embargo, por las acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito, hasta ahora, ninguna autoridad ha presentado cargos contra el ex gobernador.
Además enfrenta otras acusaciones por parte de Gisela Peraza, ex empleada doméstica de Padrés Elías quien fue acusada en 2011 del robo de 450 mil pesos en efectivo y de 150 mil pesos en joyas, por lo que estuvo recluida 4 años a pesar de no haber pruebas en su contra, por lo que acusa al gobierno de Padrés y colaboradores de influir en las decisiones del juez que dictaminaba su caso, por lo que presentó una demanda por tortura física y psicológica, abuso de autoridad, tráfico de influencias, entre otros.
Por: Salvador Valencia
El Ciudadano
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