“Es una vergüenza que se quiera instalar una cafetería, una cocina y una tienda de souvenirs en un sitio de memoria. Cuestionamos que se quiera crear tantas oficinas y destinar menos del 20 % del inmueble a la propuesta museográfica. No queremos que la Casa de los Derechos Humanos se convierta en un mall de la memoria”, dijo Ericson Díaz Oviedo, presidente de la Agrupación Hijos y Nietos por la Memoria, ante la noticia de la adjudicación del proyecto de restauración del inmueble ubicado en Avenida Colón 636 que fue publicada el pasado lunes 07 de diciembre en el portal de Mercado Público.
Asimismo, indicó que a juicio de la organización que preside, la propuesta elegida debe cumplir con respetar la memoria histórica del lugar, lo que implica que el recinto es la exposición en sí misma, tal como lo expresan las bases de licitación de esta etapa del proceso, cuya misión fundamental es rememorar las vivencias de las víctimas de prisión política en tiempos que fuera ocupado como Centro de Detención y Tortura.
En tanto, recordó la promesa de la presidenta Michelle Bachelet, que apunta a desarrollar una política de recuperación de todos los sitios de memoria histórica donde se violaron los derechos humanos, velando por su mantención básica y permanente.
Por su parte, Patricia Ojeda Mayorga, hija de un ex prisionero político torturado en dicho recinto, manifestó: “Modificar la casa con lógica de un centro comercial es revictimizar no solo a mi padre, sino a los cientos de personas que pasaron por el Palacio de las Sonrisas, la memoria se debe cuidar y la historia no se debe suavizar”.
Ana Marlen Guerra Encina expresó: “Mi abuelo fue torturado en este sitio. Por respeto a él y a tantos hombres y mujeres que vivieron las atrocidades más oscuras de la dictadura cívico militar, yo exijo que la Casa de los Derechos Humanos se convierta en un recordatorio permanente de lo que nunca más debemos vivir como nación. Para mí, eso implica modificar lo menos posible este inmueble”.
No hubo participación ciudadana
En relación a la propuesta de ambos oferentes, Díaz criticó que no se recogió la visión de todas las organizaciones de derechos humanos, aún cuando las bases técnicas indicaban que era requisito que los oferentes preseleccionados realizaran entrevistas con estas agrupaciones.
Para Manuel Aguilante, presidente de la Agrupación de Beneficiarios PRAIS, en esta licitación fue desconocida la propuesta de la autoridad, en tanto señaló que se iba a contar con la participación de otras entidades públicas, académicas y sociales, quienes suscribieron en octubre del año pasado un acuerdo de conformar una mesa técnica en torno al tema, cuestión que según el dirigente nunca se hizo. “Solo fue la municipalidad quien la trabajó, una irregularidad. Además, recientemente visitó la zona una comisión de gobierno en derechos humanos, encargada de rescatar y recopilar un catastro nacional de sitios de represión. Allí sucedieron dos detalles: se sorprendieron con la manera de llevar adelante este proceso y se suspendió extrañamente la visita al referido inmueble ¿Qué pasó? Algo huele mal”, indicó.
Fuente: radiopolar.com