“El fin justifica los medios”, este adagio probablemente sirva para entender el actuar de la derecha chilena a lo largo de nuestra historia republicana. Ejemplos hay muchos, ¿El último? Recurrir al Tribunal Constitucional, para ganar por secretaría lo que la democracia parlamentaria y sus minorías no les permiten lograr.
Esto fue la crónica de una muerte anunciada. Sabido era que un tribunal donde sus ministros son designados por cuoteos político-partidistas y que a la fecha mantiene un desequilibrio en favor del conservadurismo chileno, no iba a permitir que los mismos de siempre perdieran sus privilegios en beneficio de “los más vulnerables”.
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Pero, esto no es todo, el gobierno también ha hecho lo suyo, y es que a la hora de discutir reformas no ha dudado en sentarse a conversar con el 1% de este país (los que financian sus campañas, los que explotan nuestros recursos naturales, los que lucran con la educación) dándonos la espalda al 99% de los ciudadanos y ciudadanas, privándonos de participar, decidir y apostar por un proyecto que nos interpele y convoque a defender en todas las instancias.
Mientras el gobierno vea a la ciudadanía como un conjunto de infantes sin capacidad de diálogo ni decisión, la derecha seguirá recurriendo a todos los mecanismos que le aseguren conservar las cosas tal como están. La gente es mayor de edad, no necesitamos animalitos ni eufemismos varios para entender la necesidad de una nueva constitución que nos garantice transitar de una sociedad de consumos a una sociedad de derechos, de una democracia restringida y tutelada a una democracia con participación real, de una constitución cocinada en el congreso a una nueva carta fundamental nacida del poder constituyente originario.
En el país de la Nueva Mayoría y Chile Vamos, la política se hace entre gallos y medianoche; en el país de la casta política, un Tribunal compuesto por 10 representantes del duopolio puede privar de educación pública, gratuita y de calidad a miles de chilenos y chilenas; en el país del duopolio, el vendedor ambulante va a la cárcel y los corruptos descansan en sus hogares; y lamentablemente, en el país del 1%, el Tribunal Constitucional declarará inconstitucional una Asamblea Constituyente del 99% del pueblo chileno.