Consejo para la Transparencia decreta que se debe informar ubicación exacta de cultivos transgénicos en Chile

Un fallo del Consejo para la Transparencia obliga al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) a informar, dentro de los próximos 15 días hábiles, la ubicación exacta de los cultivos transgénicos que 26 empresas desarrollan y acopian, con fines de exportación, en Chile.

La entidad resolvió, por unanimidad, acoger el recurso de amparo interpuesto en junio de 2009 por María Elena Rozas contra el SAG, en representación de la Alianza por una Mejor Calidad de Vida (Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas, RAP-Chile), dada la negativa del organismo para entregar la información relativa a transgénicos.

“La trascendente e histórica resolución sienta jurisprudencia y alienta la participación social en el debate sobre transgénicos”, señaló María Elena Rozas, en representación de RAP-Chile, que es integrada por la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri), Corporación de Investigación en Agricultura Alternativa (Cial) y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (Olca).

El fallo -que consideró que “mantener en reserva la ubicación de los lugares (…) no suministrará beneficios al interés general”- instruye al SAG, además, a entregar el nombre del propietario y/o entidad responsable autorizados para cultivar y acopiar semilla transgénica de exportación, como también para la experimentación científica en vegetales de este tipo. Asimismo, deberá indicar las solicitudes en trámite para la importación de este material.

La resolución del Consejo, presidido por Raúl Urrutia, se da en un momento “de claras señales sobre decisiones del Gobierno, tendientes a extender las siembras transgénicas al ámbito interno”, indicó la periodista Lucía Sepúlveda, de Rap-Chile.

Nuestro país permite el cultivo de estos productos para fines de exportación, sin autorizar la comercialización en el mercado interno. Sin embargo, éste se abastece de ellos vía importación.

Sepúlveda identificó como una de estas señales los dichos del ministro de Agricultura, José Antonio Galilea, quien señaló en mayo pasado que ya estaría formado un equipo asesor para avanzar en el proyecto de ley estancado en el Senado, que permitiría cultivar transgénicos para el mercado interno.

Los representantes de las organizaciones señalaron, en relación al fallo, que es importante “hacer pública” una información relacionada con cultivos que “afectan la salud de las personas”, pueden provocar “contaminación genética” y a la biodiversidad, “afectan la soberanía alimenticia” y “atentan contra la semilla nativa”. Además, con esta información podrán iniciarse investigaciones de los efectos de estos cultivos sobre cultivos naturales aledaños, enfatizó María Elena Rozas.

Para Osvaldo Zuñiga, de la Confederación Nacional Sindical Campesina y del Agro, Ranquil, “no hay garantías” de lo que ocurrirá con los desechos de los cultivos, los que, al ser consumidos por animales, podrían generar una cadena de contaminación o mutaciones en los insectos polinizadores. “Esta industria está en contra de la agricultura familiar campesina y ésta, a nivel mundial, es lo que tenemos que defender”, indicó.

LA MANO TRANSNACIONAL DETRÁS DE LOS TRANSGÉNICOS

El fallo, también fue comunicado a la empresa Monsanto (que concentra la producción y venta de semillas en el mundo) y a otras empresas que intervinieron como terceros, opuestos a la entrega de información. La transnacional envió al Consejo 22 mil fojas “para obstruir y demorar la investigación, que duró más de un año”, denunció Rozas.

Monsanto indicó al Consejo que al publicar su información se produce una “afectación a la seguridad y la salud, afectación de la vida privada, afectación de derechos comerciales, económicos e industriales, afectación al derecho de propiedad de sus diversas especies, sobre sus cultivos y su información”.

Además, la empresa señaló que al conocerse la ubicación de sus cultivos, Anamuri (organización demandante, que solidarizó hace un tiempo con mujeres brasileñas que ocuparon una hacienda de la papelera multinacional Stora Enso) podría generar actos violentos en su contra. El Consejo consideró esto como “un riesgo remoto, ya que en Chile no se ha reportado ninguna acción violenta contra cultivos en laboratorios o centros experimentales”.

En regiones, la última información del SAG data del período 2008-2009 y registra un total de 30 mil hectáreas de estos cultivos, siendo la VII región quien lo lidera (15 mil hectáreas), seguida por la VI (7.888 H) y Arica y Parinacota (52, 91 H), cifra que se incrementó en un 459% entre 2007 y 2008, con la llegada de la multinacional Syngenta a la zona.

En Chile, son 26 las empresas que cultivan semillas modificadas, entre las que destacan, además de Monsanto, Eric Von Baer (padre de la vocera de Gobierno), Semillas Pioneer Chile Ltda., Ventria Bioscience, Semillas Oaken Seeds y Agrícola Green Sedd.

Rap-America Latina, señala que, según fuentes no oficiales, en 2005 los cultivos transgénicos en Chile correspondían, principalmente, a maíz (93,7%), raps (4,85%) y soja (1,28%).

Por Cristóbal Cornejo González

El Ciudadano