Pumalín ¡NO!

Perdonen amigas y amigos, siempre he creído que el Estado debe jugar un papel protagónico en asegurar los derechos de las personas, protegerlas de la voracidad (e ignorancia) capitalista. Sí, al Estado corresponde crear las condiciones sustantivas que aseguren la justicia social (que, por lo pronto, no es más que el nombre de un pasaje de la Quinta Bella, una población de Recoleta). He creído en eso, es cierto, pero Pumalín, ¡no!

Y el problema radica en que la voracidad por el lucro en Chile se ejercita a través del Estado. Si no creen, contemplen el ancho océano, la soberanía marítima del país, privatizada por la acción conjunta de los carteles pesqueros y la corrupción parlamentaria. ¿Hay alguien en Chile que, en sus cabales, pueda creer que el Estado es garantía para proteger los bosques milenarios? ¿Podrían haber soñado siquiera los Mapuche que la mínima porción no arrebatada de sus tierras iba a ser respetada en adelante? A vista y paciencia de inspectores y funcionarios públicos, notarios y un sinnúmero de burócratas y de especuladores carentes de moral, la tierra que quedaba les fue despojada – robada, para decirlo de un modo más directo.

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¿Puede el Estado chileno garantizar los derechos de las personas y de los paisajes a los que ligan sus vidas? Un actual diputado de la República, que antes fue un Intendente, dijo claro y preciso (y a la distancia, no cara a cara) a los pescadores de Mehuín que el problema que ellos señalaban era asunto de privados. El otro privado era (y todavía es) el grupo Angelini. ¡Privados! Ni modo. Frente a una inversión de más de mil millones de pesos y frente a una bahía limpia, el señor Intendente afirma que este es un asunto de privados.

Esta es la sicopatía con que opera el Estado: el abismo en términos de poder, influencia y riqueza que caracteriza a un grupo empresarial de dudoso comportamiento que le separa de la modestia de recursos de un grupo de personas que deben vivir con poco más del sueldo mínimo es para aquel señor Intendente y hoy Diputado de la República, señor de escaso criterio, una cuestión entre privados. Para siquiera balbucear semejante dicho se requiere emparejar la cancha, tornar las formalidades de las leyes, la Constitución y de los códigos en un derecho sustantivo para las personas y grupos que así se ven enfrentados al capitalismo desmesurado. De lo contrario, es una lisa y llana carnicería.

Y, ¿la bahía? ¡Qué va! ¡Los desechos líquidos industriales se difumarán sin que nadie lo note! Hasta que, naturalmente, los olores, la pérdida de biomasa, las enfermedades del corazón y respiratorias se anuncien. Pero ni siquiera así el Estado atiende a su gente. Los consultorios, postas y hospitales no llevan las cuentas de las y los enfermos. La marea roja, el cambio climático, la Niña o el Niño serán responsables de la turbidez no vista antes en la bahía.

¿Entregar Pumalin al Estado? ¿A ese Estado que por años permaneció silente – un, dos, tres, momia es – frente al robo de madera y de la destrucción de los alerzales de la costa de Osorno o frente depósitos de plomo en Antofagasta o a la contaminación de Puchuncaví? ¿A ese Estado que no sólo autoriza la instalación de proyectos que ponen en franco riesgo a personas y riquezas naturales, como en el Alto Choapa – territorio gobernado por MLP, esto quiere decir, Minera Los Pelambres y sabemos quien es su dueño y a quien su dueño financia? ¿A este Estado que no ve problemas con el derretimiento de los glaciares ni en los ríos que hace tiempo ya que dejaron de sonar porque aguas no traen? ¿Han visto el gran río Aconcagua? Ya se puede cruzar a pie, en poco tiempo más ni los puentes serán necesarios.

¿Es este es el Estado a que se va a entregar Pumalín?

Ya hay señores – siempre son señores – que están haciendo cálculos: hay que expropiar franjas de terreno para construir fastuosas carreteras, al estilo Puente Cau Cau, que jamás funcionarán pero que “liberarán” para el mercado tierras, que en este caso son árboles, para nuevos “emprendimientos”. Y habrá otros que planteen – como lo hicieron en el pasado – que aquí hay un tema de seguridad nacional y que es preciso intervenir en la frontera: nuevas tierras o nuevos árboles para el mercado. Y vendrá un señor, al estilo de la “reserva” Futangue o Huilo Huilo, que solicitará una concesión para levantar un parque privado a fin de proteger el bosque. A los pocos meses aparecerá una pequeña central hidroeléctrica de paso y cabañas de lujo para turistas del Primer Mundo y para los amigos del Tercer Mundo que ocupen cargos de “representación” popular. Finalmente, la Conaf, provista de un avión Cessna, un par de voluntarios y estudiantes en práctica, reconocerá su incapacidad para administrar semejante predio. Nuevas concesiones, nuevas personas y, bueno, es preciso poblar. En la misma medida en que se “desarrolla” el territorio, se despueblan los bosques y se contaminan las aguas.

Tras una acalorada discusión en el Concejo Municipal se acuerda quitar el nombre Douglas Tompkins con que se había bautizado uno de los pasajes de estas poblaciones donde se concentran de a poco los trabajadores de servicios, más bien la servidumbre de resorts, condominios y del centro turístico “Pumalín”. Por una razón que desconocemos, el Concejo Municipal decide nombrar como Pasaje 1 a la dicha arteria, reservando el nombre de Avenida Belisario Velasco para la polvorienta calle principal del pueblo de Pumalín Bajo.

¡No, definitivamente no!

¿Que las cláusulas impiden la explotación? ¿Qué limitan los usos del parque? Mi modo, de nuevo, ¿cuantas leyes especiales de la República se acuerdan para despilfarrar los recursos naturales del país? ¿Cuántas permiten lucrar a unos pocos con los recursos de unos muchos? Recién, el Tribunal Constitucional decidió que era legítimo que el Estado transfiriera por la vía de la gratuidad recursos a cualquier institución llamada “educacional” para que puedan seguir lucrando con los negocios inmobiliarios. Y eso, ¡en nombre de la equidad!

Reitero Pumalín ¡no! Y la papelera ¡sí! Porque convengamos en que una salvó la riqueza forestal del extremo austral y, por decencia, prefiero no decir lo que la otra hizo al pueblo de Chile y a los bosques, cuyos árboles fueron convertidos en papel confort.

Reitero, Pumalín, ¡no! A menos que, claro está, haya una Constitución que termine con el Estado subsidiario, esto es, con un Estado que traspasa los recursos de todas y todos a un puñado de carteles económicos que no vacilan en incurrir en conductas delictuales a fin de sacar aún más dinero de las arcas fiscales. Pumalín ¡sí! pero cuando el Estado vuelva a manos del pueblo (y a quienes no les guste Wladimir Illich, Abraham les puede sonar más familiar y palatable: el gobierno del, para y por), cuando disponga de una Constitución para garantizar los derechos de las personas que trueque la proclama de un ambiente sano en algo de verdad.