INSÓLITO: Ministra de Educación y diputados no conocen pacto que obliga al Estado a ofrecer educación superior gratuita

Varios diputados –entre ellos conspicuos abogados titulados en la PUC– jamás han escuchado hablar del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por el mismísimo Pinochet, a finales de la dictadura. Ello explica la ausencia de una ley comprometida por Chile para ofrecer educación superior pública gratuita, sin más requisito que la capacidad intelectual de los estudiantes. Pero también cabe preguntarse si bajo esta sospechosa ‘ignorancia’ no subyacen otros mezquinos intereses. Hay quienes piensan que si los estudiantes no tuviesen que salir a las calles a pelear por educación pública gratuita y de calidad, se produciría una mayor despolitización del mundo estudiantil, lo que se traduciría en un desinterés por ingresar al mundo de los partidos políticos, dado que éstos no tendrían cómo influir en el estudiantado. En resumen, si perece el objeto de la ira, desparece el relato reivindicatorio. Pésimo negocio para el ethos de la política.

Desde la tarde de este martes a la del miércoles, en reiteradas oportunidades El Ciudadano intentó sin éxito obtener una respuesta de la ministra de Educación, Adriana Delpiano –quien acudió a la sede del Poder Legislativo con ocasión de la tramitación de la ‘ley corta’ de educación–, respecto al recurso de protección presentado por estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile contra la Presidenta Michelle Bachelet, por la omisión ‘arbitraria e ilegal’ en que ha incurrido la Mandataria, al no promulgar la ley de gratuidad a la que Chile se comprometió al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en 1989.

Como sostienen los estudiantes de Derecho que presentaron el recurso, desde 1989 todos los gobiernos chilenos, sin excepción, han hecho la vista gorda de un instrumento jurídico de rango supraconstitucional que garantiza la educación como un derecho humano, y no como se viene entendiendo desde larga data, como un bien de consumo susceptible de beneficio.

La acción deberá ser resuelta por la Corte Suprema, instancia que en ningún caso los requirentes consideran como la definitiva, pues, como afirman, están dispuestos a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con tal de hacer efectivo el cabal cumplimento de la norma que consagra la educación como derecho humano, y que Chile ratificó con la firma de Augusto Pinochet.

Según el equipo asesor que acompañó a la ministra Delpiano en Valparaíso, ella no puede referirse a dicho Pacto, ni tampoco a la acción judicial en curso, toda vez que no dispone de los antecedentes suficientes para fundar una opinión seria y responsable. En subsidio, su jefa de Prensa ofreció un comunicado oficial del ministerio, cuestión que no fue aceptada por este medio. Con todo, la autoridad –así como su antecesora Yasna Provoste, hoy diputada por Vallenar– no ha cumplido en tanto ministra de Educación con la obligación de gestionar el respectivo proyecto de ley que ponga en marcha la gratuidad de la educación superior pública.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, (PPD) Marco Antonio Núñez aseguró a este medio que no le corresponde a él referirse a las actuaciones de otros poderes del Estado, razón por la que declinó comentar las eventuales consecuencias políticas del recurso de protección ingresado el pasado 27 de noviembre a la Corte de Apelaciones de Santiago, y que cuenta con el patrocinio de la académica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, Carola Canelo.

Dado que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se encuentra vigente, cabe preguntarse por qué no ahorrarse toda esta discusión estéril sobre gratuidad, y en cambio, legislar de una vez por todas sobre gratuidad efectiva y universal de la educación pública superior. En rigor, qué sentido tiene discutir hoy sobre financiamiento si ello es una obligación ineludible del Estado.

Diputados consultados por El Ciudadano prefirieron dar respuestas en off, es decir, no aceptaron ser grabados y dejar en evidencia su ignorancia de una normativa legal que se encuentra vigente, como es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, suscrito por Chile en 1969 y ratificado en 1972 por el Presidente Salvador Allende, y luego, en el último suspiro de la dictadura, vuelto a ratificar, ni más ni menos, que por el violador de los derechos humanos de miles de chilenos, el general Pinochet.

Gran paradoja de nuestra historia ‘democrática’ reciente. En efecto, el epitome de las violaciones a los derechos humanos en Chile, acaba reconociendo un pacto internacional que reconoce y protege a la educación pública como un derecho humano, mientras que la ‘democracia’ que lo expulsó de La Moneda, opta por ignorar la existencia de un tratado suscrito por el Estado chileno y que consagra a la educación como derecho humano, y no como bien de consumo.

Más allá de la discusión de la llamada ‘ley corta’ de educación, con la que el Ejecutivo reformuló en el Congreso la glosa de la Ley de Presupuesto 2016 –enmendada por el fallo del Tribunal Constitucional, al declarar arbitraria la discriminación establecida entre universidades públicas y privadas para el otorgamiento de la gratuidad– y de la declarada voluntad de la oposición de regresar al TC por el mismo punto, luego de las modificaciones votada ayer en ambas cámaras, El Ciudadano abre una discusión paralela: hasta cuándo el Gobierno persiste en el paradigma de la educación como bien de consumo mediado por el propio Estado, que actúa como facilitador de la banca privada al incluirla como actor clave en el financiamiento de la educación a precio de oro, a través del crédito con aval del Estado creado por el ex Presidente Lagos. Más aún, si existe un compromiso suscrito por Chile en Naciones Unidas, ratificado por Pinochet –una verdadera bofetada en el rostro del progresismo criollo–, habría que preguntarse qué intereses superiores se están protegiendo desde el establishment para no dotar a los chilenos de educación superior pública gratuita. Acaso serán los Gutenberg Martínez, y tantos otros, que beneficiados por tamaña omisión gubernamental, ejercen el legítimo derecho de preservar sus universidades o entidades acreditadoras, que los han hecho sordos y ciegos, pero millonarios, los que deberían salir a responder por qué el Estado chileno facilita este descaro.

Sólo la ex ministra de Educación (hoy diputada) Yasna Provoste, y el miembro de la comisión de Educación de la Cámara, el UDI Jaime Bellolio, respondieron las preguntas de El Ciudadano.  Estas son sus impresiones:

Jaime Bellolio: “La discusión es si son o no las personas las titulares de ese derecho (a la educación)”

El diputado (UDI) Jaime Bellolio, miembro de la comisión de Educación de la Cámara, consultado por la acción de protección de los estudiantes de la Universidad de Chile, y haciendo la salvedad de no ser abogado ni experto en pactos internacionales, afirmó que “una cosa es el tratado internacional, que tiene una fuerza internacional, otra son las leyes específicas de cada uno de los países; es decir, uno renuncia a cierta soberanía por el hecho de firmar esos tratados, pero no significan una obligación específica porque, obviamente, todos los países que se hicieron parte de ese pacto, algunos tienen condiciones económicas que no les permiten llegar a esa solución. Otra cosa es que uno se encamine a ello. Y aquí hay una discusión de fondo de quién es el titular del derecho a la educación”, afirma.

¿Cuál es la discusión?

La discusión es si son o no las personas las titulares de ese derecho, y cómo se ejerce ese mismo derecho. En Chile existe una educación gratuita del Estado, desde kínder a cuarto medio. En los pactos internacionales que firman los países algunos de ellos tienen que ver con materias de ley específica de cada uno de los países, y eso es lo que hoy se está discutiendo en materia de educación superior.

No obstante, el derecho internacional le otorga a los tratados que versan sobre derechos humanos el carácter de supraconstitucional, es decir, al suscribir ese Pacto, Chile sabía eso…

Sí, pero, yo no me quiero equivocar en esto. Es distinto el que este otro que usted me menciona, porque el Pacto de San José de Costa Rica le sigue ahí una serie de derechos humanos que sí son mandatorios, en cambio, el otro no. La diferencia parece sutil, pero no es sutil, porque son… no me acuerdo el término exacto, por eso le digo que yo no soy experto en esta materia… son como comisiones del  pacto, de que si es mandatorio de cada uno de los países. Más allá de eso, esta es una discusión de la que hay distintas interpretaciones, y lo que uno espera es que haya claridad jurídica al respecto.

Entonces…

Chile tiene obligaciones internacionales respecto al derecho de las personas, en este caso, de los derechos humanos que, en mi opinión, no son porque el Estado entregue esos derechos a las personas, sino que son inherentes a la condición humana. En relación a este pacto (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), y de acuerdo a lo que hemos escuchado de los expertos en derechos humanos no es un mandatorio legal, sí es una aspiración social, que es diferente. Más allá de eso, está bien que los estudiantes hayan presentado su recurso, están en su legítimo derecho.

Pero, ¿ustedes como parlamentarios no conocen el pacto?

Yo estoy en la comisión de Derechos Humanos (de la Cámara de Diputados), conozco el pacto… esta es una cosa interpretativa de los pactos, de cómo se relacionan con otros, de cómo se relacionan con las leyes específicas, cuánto es el poder mandatorio que tienen esos pactos con respecto a nuestras leyes, qué es lo que pasa con nuestras leyes en el contexto internacional. Es un tema que está muy lejos de ser sencillo. Es complejo, especialmente en temas de derechos humanos. Me parece bien que los estudiantes hayan hecho esto y esperamos que hay una clarificación por parte de la Corte.

Yasna Provoste: “Si tuviésemos garantizado el derecho a la educación, no deberíamos estar hoy día en estas conversaciones respecto de gratuidad”

Diputada, ¿por qué si Chile suscribió un pacto por el que se obliga a legislar para implementar la educación pública superior gratuita, el Gobierno persiste en la política de ofertar gratuidad con carácter de beneficio?

Efectivamente, tal como usted lo señala, si tuviésemos garantizado el derecho a la educación, no deberíamos estar hoy día en estas conversaciones respecto de gratuidad. Si bien es cierto que Chile suscribió el Pacto de Desarrollo Social y Cultural (sic) a fines del gobierno del Presidente Frei Montalva, la primera vez que Chile presenta un informe ante Naciones Unidas fue en 2004, durante el gobierno del Presidente Lagos, en distintos ámbitos, en educación, en vivienda, también desde el punto de vista de los derechos sociales reproductivos de las mujeres.

¿Está enterada que un grupo de estudiantes de la Universidad de Chile presentó un recurso de protección contra la Presidenta Bachelet por no crear la ley de educación pública gratuita?

Yo no tenía la información de que un grupo de estudiantes había presentado este requerimiento, pero, así como el Pacto de Desarrollo Social y Cultural (sic), también otros convenios, como el Convenio 169 (sobre pueblos originarios), se requiere ir tomando conciencia, y creo que iniciativas como las que han tomado las propias estudiantes hacen que se remuevan las conciencias institucionales, por así decirlo, para sacar adelante estas iniciativas y ver aquellos vacíos en los cuales no nos permiten avanzar por lo que Chile ha suscrito en convenios internacionales.

Como en educación…

En materia de educación específicamente lo que uno siente es que la sociedad aspira y exige que estos derechos, al igual que los de la salud, sean derechos garantizables (sic), y que dejemos de lado el que, dependiendo de la condición social,  es al bien al que usted accede. El gran debate que tenemos hoy día en materia de gratuidad es que nos confrontamos entre aquellos que la educación es un bien de mercado, donde el que tiene recursos puede accede a ella, y los que pensamos que la educación es un derecho social, por lo tanto, tenemos que garantizarlo. La gratuidad es un paso de aquello.

En atención al recurso de protección interpuesto por los estudiantes de Derecho, que alega el incumplimiento del Gobierno en materia de educación pública gratuita, usted, en su calidad de ex ministra de Educación, ¿tuvo conocimiento de la existencia del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales?

Yo conozco el Pacto de Desarrollo Económico y Social y Cultural (sic). Creo que todos los que estamos en la función pública y en el Parlamento debiéramos conocerlo.

¿Por qué no se ha hecho la ley que implica la firma del Pacto?

Porque lo que, al menos, nosotros hemos contribuido, es a ir avanzando en garantizar el derecho a la educación. Si usted recuerda, hasta hace muy pocos años atrás, el derecho a la educación estaba garantizado ocho años, luego pasamos a doce años, luego pasamos al derecho garantizable (sic) en educación pre escolar; es decir, aquí ha habido un proceso gradual con miras a lo mismo que Chile ha suscrito, de manera de garantizar un derecho tan importante como es la educación.

El Pacto reconoce a la educación como un derecho humano, y por tanto, es supraconstitucional,  a diferencia de cuando se plantea a la educación desde la lógica del beneficio, pues, un beneficio es discrecional, usted le puede dar o no una beca a una persona, en cambio, no puede negar un derecho humano; en rigor, el Pacto dice que Chile tiene la obligación de legislar para garantizar ese derecho a la educación, cosa que ningún gobierno ha hecho, como ex ministra de Educación, ¿cuál es su opinión?

Por eso le vuelvo a responder, cuando usted mira lo que se ha hecho en materia educacional es transitar desde una perspectiva de derechos garantizados. En materia educacional, desde la educación pre escolar, antes no estaba garantizado (…) han sido avances en la lógica de este Pacto de Desarrollo Social,  Económico (sic), que Chile suscribió.

¿Por qué hasta ahora no se ha dado la gratuidad de la educación superior estatal como Chile se comprometió?

Porque los compromisos que Chile ha suscrito también tienen que estar aparejados de las realidades económicas, y por eso que durante un tiempo importante se hizo a través de una modalidad, que fue la de las becas, y que hoy día nos permite pasar a otro estadio evolutivo, que es la perspectiva de los derechos garantizables (sic) que es la discusión en la cual nos encontramos en este momento.

Diputada, usted fue destituida como ministra de Educación, sabe qué significa aquello. Si la Corte Suprema falla a favor el recurso de los estudiantes y declara que el Gobierno ha incumplido el Pacto, ¿en qué papel quedaría la Presidenta de la República?

No me voy a poner en supuestos en los que la Justicia aún no se ha pronunciado. Lo que sí puedo señalar es que durante varios años ha sido una política sistemática el transitar a una lógica de derechos garantizables (sic) no sólo en educación, sino también en salud; así como hoy tenemos el Auge, también lo hemos hecho en educación.