Para Jenaro Villamil, el tercer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, representa uno de los peores momentos que una administración federal haya vivido en la historia; marcado por escándalos, incapacidades y fracasos, el 2015 no pintó de la mejor manera para Peña y su gabinete.
Arrastrando los casos de Tlatlaya, la Casa Blanca, los 43 normalistas, la aprobación de 11 reformas estructurales en un periodo récord, entre otros escándalos, la presidencia optó por ignorar el lamento ciudadano y tomó el camino de la evasión y los oídos sordos, subrayó el periodista en su columna de análisis para Homozapping.
“La fuga de El Chapo Guzmán, símbolo y prueba de la capacidad del Estado mexicano para enfrentar al narcopoder, convirtió al gobierno de Peña Nieto en el hazmerreír internacional. El daño de la fuga de julio es comparable sólo con la incapacidad para adoptar medidas efectivas y no cosméticas que obligaran a replantear la fallida política de seguridad y combate al crimen organizado. Ya en febrero de este año 20 grupos empresariales le demandaron eso a su gobierno. Y sólo hubo oídos sordos,” aseveró el también especialista en medios de comunicación.
Ante las críticas, el gobierno de Peña no ha concebido otra salida más que la de la negación y la ofensiva en contra del desprestigio. Como sucedió con el caso Ayotzinapa y los resultados que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), dieron a conocer y que echaban abajo las investigaciones de la Procuraduría General de la República.
Ante esto, Villamil manifiesta que “En lugar de sumarse a las conclusiones, asumir las recomendaciones y advertir las fallas inmensas en la “verdad histórica” de Murillo Karam, el gobierno de Peña los ha confrontado, y ha rechazado cualquier posibilidad de investigar a elementos militares cuya acción aparece en todo el expediente.”
Además, recordó el caso de la periodista Carmen Aristegui y su salida de MVS, donde el gobierno se negó a intervenir por tratarse de un conflicto entre particulares, como lo calificó entonces. Pero señaló, que parecía más una venganza de la presidencia por la investigación que Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Irving Huerta, Sebastián Barragán y la propia Aristegui, realizaron ante un posible conflicto de interés entre Angelica Rivera, Enrique Peña Nieto y Grupo Higa.
De este caso, se ordenó una investigación a Virgilio Andrade, titular de la Secretaría de la Función Pública, designado por el propio Peña, del cual los resultados, para muchos predecibles, arrojaron que no había ningún conflicto de interés entre los involucrados.
Por otra parte, aludió al más reciente conflicto que involucra a Arturo Escobar, actual Subsecretario de Gobernación, y la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) que acusa a Escobar de violar la ley electoral cuando este era presidente del Partido Verde Ecologista, por entregar tarjetas de descuento a los votantes y obtener así sufragios efectivos para el Verde Ecologista en el proceso electoral de este año.
Villamil concluye: “Como la mirada perdida de Angélica Rivera en los recientes eventos oficiales, el peñismo parece mirar hacia un punto lejano, difuso, fugaz que nadie entiende porque es inexistente, pero todos padecen porque sigue al mando del gobierno.”
Por: Salvador Valencia
El Ciudadano
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