La semana pasada, Rolando Jiménez, presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), recibió un importante llamado desde Cancillería. En él se le anunció que en los próximos días se concretaría una reunión para -eventualmente- firmar el acuerdo que desactivaría la demanda presentada en 2012 por el Movilh ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado chileno, por denegación de matrimonio a tres parejas del mismo sexo.
Como ha planteado el Movilh, el éxito de la «solución amistosa» pasa -sin restar relevancia a otros puntos- por dos requerimientos claves: El envío de un proyecto sobre Matrimonio Igualitario y la posibilidad de que parejas del mismo sexo puedan adoptar.
Sin embargo, consultado Jiménez respecto a las expectativas de la inminente reunión, sumó otra importante condicionante. El dirigente plantea a El Ciudadano que la fecha propuesta por el gobierno para que ingrese al parlamento el proyecto de Matrimonio Igualitario -es decir, en 2017- les parece una «postura equivocada» y «demasiada lejana». Para el Movilh un plazo razonable sería a mediados de 2016, considerando, por una parte, el apoyo del que gozaría la iniciativa entre los parlamentarios y, por otra, que para esa fecha está proyectada también la aprobación de la Ley de Identidad de Género, proyecto igualmente prioritario para los intereses de la organización.
Esta última iniciativa sufrió un revés a mediados de diciembre, luego de que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, decidiera derivar el texto a la Comisión de Constitución, argumentando que «esos parlamentarios están mejor preparados porque son abogados y hay que acotar aspectos relacionados con los medios de prueba y los tribunales que son propios de su expertise”.
Por Daniel Labbé Yáñez