Mauricio Macri reformó dos leyes votadas por el Congreso, una que quitaba las escuchas telefónicas judiciales de la órbita del área de inteligencia y la pasaba a la Procuración General de la Nación, y la otra que establecía que a partir del 1 de marzo hacía entrar en vigencia un sistema acusatorio que ponía en manos de los fiscales y jueces la investigación de una causa. Se trata de los decrtetos 256/2015 y 257/2015.
El decreto 256/2015 que transfirió a la órbita de la Corte Suprema el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM), creado a partir de la reforma al sistema de inteligencia a principios de año, le quita a la Procuración la administración de esos actos, señala Página 12.
Mientras que el 257/2015 decreta que el nuevo Código Procesal Penal «entrará en vigencia de conformidad con el cronograma de implementación progresiva que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación» de esa norma, cuya responsabilidad es del Congreso nacional, «previa consulta con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación».
Además señala que la suspensión entrará en vigencia de acuerdo con el «cronograma de implementación progresiva que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal que funciona en el ámbito del Congreso de la Nación, previa consulta con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Consejo de la Magistratura», según consigna el artículo 1° del DNU.
En otro de sus artículos, el decreto indica que se establecerá un Plan Progresivo de Asignación de Recursos para el Ministerio Público Fiscal que estará integrado por representantes de esa cartera, del Ministerio de Hacienda y Finanzas, de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del nuevo código y por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, según informa Télam.
De la misma manera, en el artículo 65 se indica que será convocada una Comisión Técnica a los efectos de «establecer un Plan Progresivo de Asignación de Recursos para el Ministerio Público de la Defensa de la Nación».
El artículo 7° establece que el jefe de Gabinete de Ministros queda facultado a partir de hoy para efectuar las reestructuraciones presupuestarias que resulten necesarias, en cumplimiento del artículo 37 de la ley 24.156.
Así entonces, a pesar de ser leyes tratadas en el Congreso de la Nación, Macri sigue utilizando la vía del decreto para gobernar, sin respetar el debate previo.
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