Un artículo publicado el domingo por The New York Times recogió diversas opiniones de académicos y expertos apuntando a la necesidad de limitar los derechos resguardados por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos para combatir la propaganda difundida en redes sociales por el Estado Islámico o Daesh.
Las propuestas generan preocupación porque no hay forma de controlar eventuales excesos del gobierno si es que una ley de estas características se aprueba en EEUU u otros países, escribe Kurt Nimmo del portal Infowars.
La publicación del Times destacó la similitud de ideas de Donald Trump y Hillary Clinton en el sentido de que el gobierno trabaje mano a mano con empresas tecnológicas para bajar sitios de internet que reproduzcan símbolos, discursos o den espacio a conversaciones sobre el movimiento terrorista.
Eric Posner, profesor de derecho internacional, propuso “una ley que criminalice el acceso a sitios web que glorifiquen, expresen apoyo, hagan fomento de ISIS o apoyen reclutamiento de ISIS; distribuyan enlaces a sitios, videos, imágenes o textos tomados de esos sitios web; o muevan a las personas a acceder a sitios web de esa naturaleza proveyendo enlaces o instrucciones”.
“Luego de la primera infracción, las personas recibirían una carta del gobierno; infracciones posteriores resultarían en multas o penas de cárcel. La idea es que se sepa que hacer búsquedas en sitios web relacionados con ISIS, tal como buscar aquellos de pornografía infantil, está estrictamente prohibido”, agrega Posner.
El problema con lo anterior – afirma Kurt Nimmo – es que la Constitución de Estados Unidos es clara en señalar que el “Congreso no hará ley alguna… que coarte la libertad de expresión o de la prensa”, y eso incluye la propaganda del Estado Islámico, por más reprensible que pueda ser.
Esto va en línea con el pensamiento del juez norteamericano Hugo Black, quien señaló que ninguna agencia de gobierno, ni el parlamento ni las cortes en EEUU, tienen el poder o la autoridad de subordinar las libertades de los ciudadanos y los periodistas a «intereses especiales» en lo que respecta a este ámbito.
“El camino al control totalitario de la libertad de expresión en Estados Unidos sigue a Francia en sus medidas draconianas para criminalizarla tras los ataques de Charlie Hebdo y París. Discursos que el gobierno considere que apoyan el terrorismo pueden acarrear penas de cinco años de cárcel y 75 mil euros de multa. Hacerlo en internet conlleva penas incluso más severas, siete años en prisión y 100 mil euros de multa”, redondea Nimmo.
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