La “pobreza” Casen como puja entre concertacionistas y piñeristas

La encuesta Casen de “medición de la pobreza” es un instrumento de la llamada ‘econometría’. Es un instrumento “pragmático” construido y utilizado por los gobiernos post-dictadura cuyo objetivo es ser funcional al modelo neoliberal y a sus características intrínsecas: la concentración de la riqueza y  la generación de la desigualdad socioeconómica. Sospechamos que la función ideológica principal de este tipo de metodología —para nada objetiva— de la llamada “ciencia económica” es ocultar las condiciones en las cuales, mediante la explotación del trabajo asalariado y las estructuras de propiedad y dominación política, se genera la riqueza social que es acaparada por una minoría social.

Porque esta realidad social llamada “pobreza” no es una lacra, ni una calamidad natural ni una percepción subjetiva, sino una situación social vivida que se inscribe en relaciones sociales y de poder (de propiedad y de venta de la fuerza de trabajo).  Se trata de estructuras y condiciones (señaladas en el párrafo anterior) que son históricas, es decir, posibles de transformar. Y puesto que es así, la ideología de los grupos dominantes busca por todos los medios de “legitimar” o “naturalizar” en su interés las tales condiciones ante los ojos de los ciudadanos.

La polémica y puja política entre los concertacionistas y “progresistas” por un lado, y el gobierno empresarial de Piñera por otro, se inscribe en ese marco y tienen ese propósito.

Si la “pobreza”, es decir, la escasez de recursos y la consiguiente precariedad de la existencia en la cual viven los ciudadanos chilenos, fuera medida en términos de calidad y acceso a bienes como salud, educación, vivienda y salarios o ingresos (y las condiciones en las cuales se trabaja para obtenerlos), según los estándares de sociedades desarrolladas, más de la mitad de los chilenos serían catalogados como pobres. Aunque la mayoría de éstos se consideren, por razones culturales, de “clase media” (*).

En esta perspectiva la puja entre las elites binominales es artificial; algunos “pobres” menos, algunos “pobres” más no resuelven el problema de fondo. El del sistema de economía de mercado capitalista y de relaciones de propiedad legitimadas por el concertacionismo y retomadas para perfeccionarla por el piñerismo (desde el Estado) que genera aquello que se llama “pobreza”, es decir, la falta o inexistencia de condiciones materiales para vivir dignamente y gozar de la vida buena.

Y es evidente que el aprovechamiento político de los últimos resultados de la encuesta Casen por parte del gobierno empresarial tiene por objetivo convencer a la opinión pública de que los planes sociales de la Concertación, bajo mando bacheletista, fueron un fracaso.

Y si lo hacen con tanto ardor será para imponer su visión neoliberal de las “políticas públicas” a implementar para “salir de la pobreza”. Aquí fueron claros. Tratarán de hacerlo  mediante el crecimiento y la “creación de empleos”. Pero, ¿de qué tipo de empleos se trata? También lo dijo claramente la Ministra del Trabajo, “flexibles”, es decir, con salarios de “pobres”, junto con planes sociales … para ocultar la “pobreza”, es decir, la escasez de bienes gratuitos y universales disponibles para la mayoría. Es el círculo político vicioso que ni los unos ni los otros quieren romper.

Cuyo reflejo es un salario mínimo de hambre y cuyo aumento consensuado entre las fuerzas binominales fue irrisorio.  Y este salario “mínimo” sirve para perpetuar la misma “pobreza” que tanto concertacionistas, como “progresistas” y piñeristas dicen querer erradicar.

Mientras tanto los concertacionistas y los nuevos “progresistas” siguen buscando en sus propias filas un chivo expiatorio que los ayude a no cuestionarse ideológicamente. Otra maniobra para desviar la atención de su incapacidad política. El no haber tenido la voluntad en el momento oportuno de cambiar la correlación de fuerzas favorable a la corriente neoliberal encabezada por el ex de Hacienda, Andrés Velasco, que contó hasta el final con el apoyo de Michelle Bachelet.

En efecto, en este falso debate falta la propuesta de la izquierda democrática, antineoliberal y anticapitalista que proponga soluciones duraderas. Para eliminar la “pobreza” hay que realizar cambios estructurales. De lo que se trata es de distribuir la riqueza social (aquella producida por el conjunto social). Esto no puede hacerse sin el alza de impuestos a los altos ingresos, el aumento sustancial del tributo de las grandes empresas, una reforma laboral para garantizar derechos colectivos y la nacionalización de la banca y de los recursos naturales para implementar planes de desarrollo de una economía solidaria. Se trata de cambiarle el sello al Estado.

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(*) Cualquier turista del primer mundo que recorra  los dos tercios del territorio de las urbes de Chile se dará cuenta de que los chilenos viven pobremente pese a la dotación de antenas y cables de TV, de pantallas planas HD, de autitos compactos y de refrigeradores y robots culinarios. La otra cara de la posesión para consumo de estas mercancías son las tarifas usureras del crédito y las tasas de endeudamiento que empobrecen a las familias. El neoliberalismo y el mercado son facetas de una máquina de control social que mantiene atrapados a los ciudadanos en las poderosas cadenas del consumo y del trabajo alienante para adquirir los productos deseados.  Y la OCDE no es garantía de mejores parámetros puesto que la reciente crisis del capitalismo ha sido el pretexto de una ofensiva neoliberal por parte de los Estados conservadores y socio-liberales contra los trabajadores europeos. Llama la atención la postura timorata de la OIT y de su Director General, el chileno Juan Somavía, ante las políticas de “austeridad” y de recortes salariales en los Estados europeos.

Por Leopoldo Lavín Mujica