Se trata de un artículo único que modifica la Ley Nº 19.733 sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo. En efecto, la moción del senador y presidente del MAS, Alejandro Navarro, prohíbe la integración vertical de las empresas editoras, impidiendo que personas naturales o jurídicas puedan controlar o administrar intereses comunes en este mercado, en perjuicio de lectores y suplementeros.
En lo concreto, la iniciativa legal frena la integración vertical de las empresas editoriales, de distribución, agencias y canales de venta directa al público de periódicos y revistas a través de un mismo grupo controlador. El otro aspecto del que se ocupa el proyecto promovido por el senador Navarro, es la situación de los canales de venta que privilegian la suscripción en perjuicio de los suplementeros, mediante el precio establecido por las editoriales y las cuotas de compra de ejemplares fijados por éstas.
El proyecto –dado a conocer durante la sesión de ayer en el Senado fue ingresado el 23 de diciembre pasado– que representa una antigua demanda de los suplementeros, destaca los riesgos y peligros de la integración vertical del mercado editorial para la libertad de prensa y, en particular, para la libertad de opinión e información. La moción parlamentaria asegura el funcionamiento de un mercado transparente, eficiente y con igualdad real entre sus agentes y protege el oficio de los suplementeros.
La forma en que se organiza el mercado de generación, distribución y venta de diarios, revistas e impresos, junto con las prácticas y estrategias de comercialización que han impulsado las empresas editoriales –se explica– “ha significado una importante reconfiguración de este mercado, afectando la posición de los agentes económicos que participan de él, principalmente de los suplementeros y poniendo en riesgo bienes superiores que son esenciales en un sistema democrático”.
Mercado en el que se ha generado un acelerado proceso de integración vertical entre empresas editoriales, las empresas de distribución, las agencias y los canales de venta al público. Semejante encadenamiento productivo implica que todas estas funciones son desarrolladas por distintas empresas, pero en los hechos, todas ellas responden y son ordenadas por el mismo grupo controlador. La integración económica del mercado se ha producido a partir de las empresas editoriales, cuestión que implica que quien define los contenidos impresos controla toda la cadena productiva, la que va desde la elaboración de la publicación hasta su venta y entrega al cliente final.
Todo lo anterior se ha traducido en una fuerte concentración de los agentes económicos, con las consecuentes pérdidas de bienestar para los consumidores. En la actualidad el mercado de generación y distribución de impresos se reduce a dos grandes agentes económicos que domina el mercado (el duopolio Mercurio-Copesa).
Las prácticas y estrategias comerciales de distribución y venta de impresos que han impulsado las empresas editoriales, así como sus empresas de distribución, han apuntado a una sustitución de los canales presenciales de venta, afectando de manera significativa la participación de los suplementeros, daño agravado por los nuevos canales de venta, a lo que se agregan nuevas condiciones de comerciales establecidas de modo arbitrario en favor de esos nuevos canales alternativos.
De hecho, algunas empresas editoriales y sus distribuidoras relacionadas han forjado alianza con supermercados y estaciones de servicio, así como la instalación de puntos de venta directa. En este sentido, el proyecto busca terminar con las campañas de suscripción de clientes llevadas a cabo por empresas editoriales que afecta el trabajo de los suplementeros, además de que éstos deben asumir los precios impresos en las portadas, impidiendo la competencia. A lo anterior se agrega la imposición de volúmenes de compra por parte de las empresas, sin que los suplementeros puedan oponerse.
En resumen, el proyecto tiene como objetivo cautelar la libertad de acceso de los suplementeros a los productos impresos para su distribución y venta, sin quedar atados a políticas de fijación de precios. Los suplementeros han dejado de ser el principal canal de distribución de diarios y revistas del país, pese a que la ley y diversos acuerdos explicitan que ellos son el principal factor de distribución.
En los próximos días o meses, el proyecto deberá superar su primer escollo en la comisión de Constitución del Senado, donde la derecha que defiende los intereses de las grandes corporaciones, presionará para calificarlo de inconstitucional.
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