Por 61 votos a favor, 17 en contra y 5 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la resolución 460 que pide a la Presidenta de la República, Michele Bachelet, que «manifieste el rechazo de nuestro país a las violaciones a los derechos humanos en Cuba y exija se respete el derecho a manifestación de los grupos disidentes en dicho país». Para ello, requieren que la Jefa de Estado envíe una nota formal de protesta por esta situación.
La iniciativa, presentada por los DC Matías Walker y Sergio Ojeda, los PPD Tucapel Jiménez y Daniel Farcas y el Independiente Felipe Kast, señala dentro de sus antecedentes que el movimiento ciudadano disidente al gobierno cubano, “Damas de Blanco”, actualmente ejerce su derecho a protesta marchando «pacíficamente» todos los domingos a fin de exigir la liberación de sus familiares apresados «por motivos políticos». Los parlamentarios aseguran que el problema es que «este movimiento ha sido constantemente hostigado por el gobierno cubano» y que durante los últimos 21 domingos «estas mujeres han sufrido actos de violencia y detenciones ilegitimas por parte de agentes del Estado».
Junto con ello, los parlamentarios PPD y DC plantean que estos hechos «los sufrió en persona el honorable diputado Felipe Kast (IND), quien el pasado 6 de septiembre fue detenido y golpeado por miembros de grupos represores del Régimen de Raúl Castro».
Los diputados sostienen, además, que «los derechos humanos deben ser defendidos en cualquier tiempo y en cualquier lugar, por lo que por este acto exigimos la liberación inmediata de todos los presos políticos cubanos y exhortamos a la comunidad internacional a solidarizar con esta causa».
La solicitud de los parlamentarios resulta al menos curiosa, considerando que es de conocimiento público que en nuestro país en cada jornada de manifestación pública, los derechos humanos son violados de forma permanente también por agentes del Estado, hechos que principalmente afectan a jóvenes y mujeres, y que han terminado con torturados, baleados y muertos. Lo mismo ocurre con la violencia perpetrada por Carabineros y la PDI en el contexto del conflicto chileno-mapuche en La Araucanía, la que además de mujeres y jóvenes, afecta también a niños y niñas, y con los dos casos de detenidos desparecidos que ya contabiliza nuestra democracia, hechos todos frente a los cuales los mencionados parlamentarios prefieren mirar hacia el lado.
Por Daniel Labbé Yáñez
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