El panorama laboral en el país y en la capital ha estado agitado durante todo el año. Conflictos como el que se desarrolló con los subcontratistas en Collahuasi, que finalizó luego del desalojo realizado por un destacamento de Carabineros que llegó en un avión Hércules de la Fuerza Aérea, y las recurrentes huelgas de los sindicatos del sistema de transporte Transantiago, son sólo algunos ejemplos.
Empresas tan diferentes como el famoso Hotel “Valdivia”, la fábrica de calzados “Guante”, la empresa de pastas “Carozzi” y la empresa de transporte “Alsacia” han sido protagonistas de las movilizaciones de los trabajadores. Las demandas van desde aumentos de salarios, hasta mejorar condiciones laborales, que se legisle y profesionalice la labor de los guardias de seguridad, o que el Estado intervenga y le inyecte recursos a una empresa.
Este último caso es el que afecta a los trabajadores de “Transaraucaria”, quienes se encuentran en huelga desde el 1 de julio exigiendo el pago de dos años de imposiciones que se les adeudan, así como dos meses de sueldo. Sin embargo, la empresa es actualmente incapaz de hacerlo, ya que posee dos parcelas que se encuentran hipotecadas y 16 buses, según Osvaldo Arancibia, presidente del Sindicato Nacional Empresa de Trabajadores Transaraucaria (Sinettrar).
Debido a esto es que los diferentes sindicatos de la empresa han estado emplazando en diferentes oportunidades al gobierno para que se hagan cargo de lo que se les debe a los trabajadores. Esto porque según Arancibia, el Estado es responsable de la situación por no realizar las fiscalizaciones que correspondían, aunque “hace dos años que se había denunciado lo que pasaba”. Los trabajadores han protestado y marchado al Ministerio de Transporte, pero no fue hasta que llegaron al mismo Palacio de La Moneda que las autoridades los llamaron para negociar, reuniéndose el viernes 23 de julio con los encargados de las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremis) de Transporte y Trabajo.
REIVINDICACIONES DE SEGURIDAD
Pero Transaraucaria no es el único caso en el que los trabajadores piden que el Estado se haga parte de un conflicto laboral. El sindicato de Prosegur, que agrupa a guardias de seguridad, busca que el Congreso regule las condiciones laborales del gremio, y los apoye para que su labor se profesionalice, abandonando las capacitaciones de solo veinte días, que se pida cuarto medio y no octavo básico para postular, y que se puedan obtener sueldos «sin tener que hacer 100 horas extras», como el sindicato denunció que pasaba en algunas empresas. Además, afirman que «no se puede hacer carrera funcionaria», lo que impide aspirar a mejorar el sueldo.
El presidente del sindicato único, Víctor Hidalgo, que a la vez es vicepresidente de la Central Autónoma de Trabajadores, afirmó que “queremos una superintendencia con participación tripartita: del Estado, los empresarios y los trabajadores, para poder fiscalizar, lo que no se ha hecho en los últimos 20 ó 30 años”. Además, afirma que las empresas, en su mayoría subcontratistas, cobran cerca de un millón de pesos por guardia, mientras éstos reciben 200 mil, y que para acumular 400 mil “se deben trabajar 100 horas extras mensuales”, cuando “se debería tener una jornada laboral de 45 horas con un sueldo de 300 mil pesos”.
En este sentido, la denuncia realizada por el programa “Informe Especial”, en donde quedaba en evidencia el uso de conscriptos como guardias de seguridad, es especialmente grave para los sindicatos del área. Es por esto que según Hidalgo, esperan que la ley de seguridad privada, en tramitación desde agosto del 2009, no continúe demorándose.
DEMANDAS AL ESTADO
Para Lucas Cifuentes, miembro del Núcleo de Estudios del Trabajo del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, “el panorama sindical hay que tratar de abarcarlo como mínimo desde el año 2006 – 2007 o incluso antes, donde efectivamente hay un alza de las movilizaciones sindicales o laborales”. En este proceso sería posible observar un aumento en la participación, extensión y radicalidad de los métodos usados, en especial “en sectores centrales para la economía chilena, como el cobre, portuarios y forestales, que además destacan por ser subcontratados”.
Esto indicaría, según el sociólogo, “que el movimiento sindical, con distintos tiempos, ha ido logrando crear formas de enfrentar las transformaciones del sistema capitalista en Chile”, que se expresaría en el techo al que llegó, con la precarización alcanzando incluso espacios supuestamente protegidos, como las empresas estatales o las actividades de los funcionarios del mismo. Esto estaría provocando que las demandas laborales no se estarían limitando a las históricas, como el salario y beneficios, sino que están “acompañadas por demandas políticas dirigidas al Estado”.
Un ejemplo de esto son las movilizaciones en contra de las continuas alzas en las tarifas del transporte en Santiago, en las que además de las organizaciones estudiantiles están participando sindicatos del transporte, la construcción y de supermercados, exigiendo un mayor control del Estado sobre condiciones laborales y precios.
Por Felipe Ramírez Sánchez
El Ciudadano
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