El doble engaño del Royalty

La principal riqueza de Chile, el cobre, está siendo extraída por grandes empresas privadas que casi no tributan. La Ley 20.026 -el Royalty* de Lagos Escobar- fue un gran engaño: Supuso más beneficios para esas mineras. Ahora, el presidente Sebastián Piñera quiere hacer lo mismo y utiliza como anzuelo el Plan de Reconstrucción Nacional.

El proyecto “de aumento al royalty minero”, promovido por el Gobierno de Sebastián Piñera, es un engaño mayúsculo. Supone un pequeño aumento, por dos años, del pago que hacen las transnacionales por lucrar con los recursos mineros de Chile. A cambio de esto, se propone entregarles una invariabilidad tributaria hasta el año 2025, cuando casi todos los yacimientos estén agotados.

El economista y presidente del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, Julián Alcayaga, tradujo en cifras el problema. Sostuvo que “el proyecto de Piñera plantea aumentar moderadamente el royalty durante los años 2011 y 2012, a lo sumo, en 700 millones de dólares en esos dos años. Pero como ese aumento no se les puede aplicar a las mineras, por la invariabilidad tributaria que les otorga la Ley 20.026 (“el royalty de Lagos”), dicho incremento se haría efectivo sólo si las mismas empresas mineras acepten voluntariamente ese muy moderado aumento del royalty”.

Para motivarlas a aceptar esto, el “royalty de Piñera” contempla un regalo para las mineras: La prórroga, por ocho años más, de ese congelamiento del porcentaje de los impuestos. “Esto es un escándalo”, fundamenta Alcayaga: “A cambio de estos 700 millones de dólares, se les permite a las grandes mineras un ahorro en el pago de royalty en ningún caso inferior a los 2 mil 500 millones de dólares anuales a partir del año 2018”.

Para justificar la premura con que se pretende aprobar este proyecto, Piñera sostiene que los principales beneficiados serán los damnificados por el terremoto y maremoto del 27 de febrero. En consecuencia, serían ellos los perjudicados en caso de no aprobarse.

Para conseguir su objetivo, el Gobierno de derecha entró en el terreno de las amenazas. El ministro de Economía, Juan Fontaine, sostuvo –el martes 29 de junio, en el Congreso Nacional- que de no aprobarse el royalty y la invariabilidad tributaria a las mineras, el Ejecutivo dispondrá la venta de la participación que aún tiene el Estado en empresas sanitarias.

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, por su parte, dijo que de no aprobarse el royalty en el trámite de la Comisión Mixta, se acudirá al uso del Fondo de Estabilización Económica Social (Fees); a la venta de activos prescindibles, y a la emisión de deuda externa e interna. E incluso, el jueves 1 de julio agregó que no se opone “a la idea de abrir una pequeña parte de la propiedad de la minera estatal Codelco a la bolsa”.

El 23 de junio, el Senado rechazó por 17 votos contra 15, el Plan de Reconstrucción, en lo referido al royalty y la invariabilidad tributaria. Sin embargo, los diputados, por 59 votos a 58, rechazaron –el 1 de julio- las modificaciones hechas por la Cámara Alta. Por ello, el proyecto deberá ir a debate en Comisión Mixta.

Los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN) votaron contra las modificaciones hechas por el Senado. Lo mismo hicieron los independientes Miodrag Marinovic (Magallanes) y Pedro Velásquez (Coquimbo). En favor de las modificaciones –y por tanto en contra del royalty y la invariabilidad- estuvieron los diputados de la Concertación, más la presidenta de la Cámara de Diputados, Alejandra Sepúlveda y el diputado por Antofagasta, Pedro Araya, ambos del Partido Regionalista de los Independientes (PRI).

EL SAQUEO DEL COBRE CHILENO

En junio de 1990, por medio de la Ley 18.985, de reforma tributaria, se suprimió en la práctica la tributación de las mineras extranjeras. Dicha reforma estableció que las grandes mineras sólo debían pagar por las ganancias (renta efectiva) y no por las ventas totales (renta presunta) como era hasta ese momento. Desde entonces, comenzaron a declarar pérdidas con el fin de no pagar.

Esta reforma tributaria se hizo apenas asumido el poder Patricio Aylwin, como primer mandatario de la Concertación de Partidos por la Democracia. Ocurrió tras un acuerdo logrado entre ese conglomerado y la derechista Democracia y Progreso (RN-UDI), donde el entonces senador Sebastián Piñera fue negociador por RN. La prensa y los partidos políticos subrayaron de aquella reforma otros aspectos, como el alza del IVA de 16% a 18%. La rebaja de impuesto a las mineras pasó completamente inadvertida para la opinión pública.

A sabiendas que en Chile no se cobraba ni royalty, ni tributos por el mineral extraído, los proyectos mineros se multiplicaron. La producción de cobre pasó de 1,6 millones de toneladas en 1990 a más de 4,5 millones de toneladas el 2000. Como resultado de esta inmensa sobreoferta originada en Chile –primer productor mundial- el precio del metal rojo cayó de 1,5 dólares la libra en 1989, a sólo 0,6 dólares en 1999.

Las pérdidas para Chile por la baja del precio del cobre y la consecuente disminución de los ingresos, por las exportaciones en el período 1996-2000, son aproximadamente US$ 16.000 millones, según se establece en el estudio La sobreproducción mundial de cobre creada desde nuestro país y la crisis de la economía chilena: agotamiento relativo del modelo, preparado en 2001 por los economistas Orlando Caputo, Hugo Fazio y Manuel Riesco.

A tanto llegó el abuso de las mineras, que en 2002 estalló el escándalo. Fue a raíz de la venta hecha por Exxon Minerals Inc. de la mina Disputada de Las Condes a la australiana Anglo American. La transacción fue por 1.300 millones de dólares. Exxon sólo había pagado por Disputada 92 millones de dólares cuando la compró a Enami en 1978. Y en ese periodo de 24 años, en que explotó el yacimiento, nunca pagó un dólar de impuestos. Siempre declaró pérdidas. Exxon tampoco pagó los más de 300 millones de dólares que le correspondía cancelar por la venta de la mina. Se acogió a beneficios tributarios reservados sólo para empresas extranjeras.

Después, surgió la pregunta lógica: ¿Cómo podía ser que una empresa que por tantos años tuvo pérdidas pudiera alcanzar tan alto precio de venta? ¿Es posible que Chile, una nación independiente y digna, se permitiera este nivel de atropello?

Tras las denuncias hechas por el entonces senador, Jorge Lavandero, se pudo conocer los subterfugios usados por Exxon para obtener números rojos en su explotación de Disputada. El principal: Vender su producción a filiales suyas ubicadas en el extranjero, a precios más bajos que los internacionales (precios de transferencia). También pagar tasas muy altas de intereses por préstamos realizados por filiales de Exxon situadas en Bahamas y Bermudas (paraísos tributarios). De esta manera dejaban las pérdidas en Chile, llevándose las ganancias al extranjero.

Aunque Exxon se salió con la suya, la polémica generada derivó en que el Senado acordara, el 8 de marzo de 2003, la creación de una Comisión Especial para el Estudio de la Tributación de las Empresas de la Gran Minería Privada. Se designó como presidente al senador Lavandero.

El 16 de junio de 2004, Lavandero presentaba el informe de la Comisión ante el pleno del Senado y en presencia del entonces ministro de Minería, Alfonso Dulanto. La principal conclusión: 45 de las 47 grandes empresas mineras que operan en Chile nunca han pagado ni un dólar de impuestos. Sólo dos empresas: Mantos Blancos y La Escondida, tributaban. Pero muy poco. Las demás usaban (y usan) las mismas triquiñuelas que Exxon con el fin de no pagar tributos.

Recomendación urgente de la Comisión fue instaurar un royalty a la minería. También se planteó la necesidad de construir una Política Nacional para el Cobre y la Minería; la necesidad de dar valor agregado a la producción de cobre; así como acabar con el DL 600, que data de 1974, y que da grandes e injustificados beneficios tributarios a la inversión extranjera.

Fue de esta manera que el royalty se convirtió en una demanda nacional. Es por eso que, tanto Lagos como Piñera, han llamado “royalty” a proyectos que suponen más rebajas que alzas de tributos: Para ganar –por añadidura- apoyo a sus medidas.

LA TRAICIÓN DE LAGOS

En mayo de 2005, en circunstancias que Lavandero –principal impulsor del royalty- había sido anulado políticamente, fruto de una confabulación en su contra, el presidente Lagos consiguió aprobar la Ley 20.026 conocida como “Royalty 2”. Claro que no fue lo que se esperaba. Ni mucho menos.

Julián Alcayaga aseveró que esta ley fue un “doble engaño” a la opinión pública. “El primer engaño deriva del hecho que no se aprobó un royalty -o regalía minera- sino un simple impuesto específico a la minería. El segundo engaño es más desconocido, puesto que esta ley en vez de aumentar los impuestos les rebajó la tributación a las mineras”.

Fue el propio Jorge Lavandero quien explicó lo ocurrido con el Royalty 2: “Lagos engañó a todo el país al decir que lo había aprobado, y eso es una falsedad: Lo que hizo fue bajarle los impuestos a las multinacionales extranjeras (…) Éstas tenían que pagar un 42% de impuestos, y de acuerdo al Decreto Ley 600… no lo pagaban… pero cualquier gobierno se lo podía exigir. Y qué hizo el entonces presidente Lagos: Lo bajó al 35% y le puso un impuesto de 4%, disfrazado de royalty, con lo que les dejó pagando un 3% menos que antes. Y lo que es más grave, les dio a estas empresas invariabilidad tributaria hasta el año 2017, lo que implica que hasta entonces, Chile no podrá subirles los impuestos”.

El proyecto original enviado por el gobierno de Lagos al Congreso no contenía esa invariabilidad. Sin embargo, en el último trámite legislativo en el Senado, se le introdujo.

Alcayaga, quien fue asesor de Lavandero y como tal pudo conocer el desarrollo de esta Ley de Royalty 2, relató cómo fue la operación realizada por el presidente Lagos y su ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, para introducir este aspecto -que claramente daña el interés nacional- al proyecto de Royalty: “Cuando pasó al Senado, los democratacristianos, liderados por Adolfo Zaldivar, se negaron a apoyar el proyecto si no se excluía del impuesto específico a la mediana minería nacional”.

Continúa Alcayaga: “A comienzos de mayo de 2005, el Gobierno aceptó la petición de la Democracia Cristiana y reingresó el proyecto al Senado con esas modificaciones. Como faltaban pocos días para el 21 de mayo, y con el pretexto de que era necesario que el Presidente Lagos incluyera este ‘gran proyecto’ en su cuenta anual, se le dio extrema urgencia para aprobar los cambios en ambas Cámaras. La premura implicaba que sólo se procedería a votar las modificaciones sin ningún tipo de discusión. Así, pasó inadvertido que el Ejecutivo (y el lobby del cobre) incluyó una nueva invariabilidad tributaria por 15 años para la gran minería (hasta el 2020). Contribuyó también el hecho que esta modificación se redactó en forma muy anodina e imperceptible”.

HACE FALTA VOLUNTAD POLÍTICA PARA REMEDIAR TODO

A pesar de lo anterior, según Alcayaga, existen maneras de aumentar el aporte de las mineras al país. Una forma es aumentar el impuesto a la renta de 35% a 40%, como era hasta 1987: “Nada impide que vuelva a ese porcentaje, dice el economista. Y agrega: “como este es un impuesto general, si se aumenta, todos los extranjeros que tienen inversiones en Chile deberían pagarlo, ya sean mineras, AFP, bancos, comunicaciones, seguros, etc”.

El economista considera que, en esta época de reconstrucción, “no existe ninguna razón para que los empresarios extranjeros se nieguen a pagar un 40% de impuesto a la renta, puesto que esa es la tasa marginal que deben pagar todos los empresarios chilenos”.

Por otra parte, la Constitución chilena permite, según se establece en el artículo 19, Nº 20, Inciso Nº 4, que a las mineras se les asigne un tributo regional, que en el caso del cobre, podría ir en beneficio de la zona norte. Este artículo dice: “La ley podrá autorizar que determinados tributos (…) que gravan actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local puedan ser aplicados (por las autoridades regionales o comunales) para el financiamiento de obras de desarrollo”.

Alcayaga estima que “las mineras no pueden oponerse a ninguno de estos dos tributos, porque ellos nunca han sido parte de alguna invariabilidad tributaria”.

Pero, según este economista, para la recuperación de nuestra principal riqueza existe otra alternativa: La renacionalización. Explica que la Constitución de 1980, en su disposición tercera transitoria, dejó vigente la disposición 17ª transitoria de la Constitución de 1925, que es la reforma constitucional para la nacionalización del cobre. “En consecuencia, las empresas de la gran minería pueden ser nacionalizadas por un simple decreto presidencial”, sostiene. Es decir que sólo se requiere de voluntad política.

Según el economista Manuel Riesco, la gran minería del cobre se ha llevado del país, en los últimos tres años, 60 mil millones de dólares. Esto representa casi 100 veces más que lo que pretende recaudar Piñera con su proyecto de royalty.

*Una regalía o royalty es el pago que se efectúa al titular de derechos de autor, patentes, marcas o know-how a cambio del derecho a usarlos o explotarlos, o que debe realizarse al Estado por el uso o extracción de ciertos recursos naturales, habitualmente no renovables.

ROYALTY

Con el proyecto del Gobierno de Piñera se recibirían 700 millones de dólares de beneficio en los años 2011 y 2012, por un lado. Y se dejarían de percibir alrededor de 2 mil 500 millones de dólares anuales, hasta el año 2025, por concepto de impuestos que dejarían de pagar las grandes mineras, a partir del año 2018. Es decir, más de 17 mil 500 millones de dólares.

Por Francisco Marín

El Ciudadano N°83, primera quincena julio 2010